Sidenor contrata a Deloitte, auditor de Talgo, para comprar el fabricante de trenes
La compañía vasca confía la 'due diligence' a la también firma de consultoría al considerar que es la que mejor información tiene sobre las cuentas internas del grupo ferroviario
Las prisas del Gobierno por cerrar cuanto antes la crisis corporativa de Talgo ha derivado en una situación particular. Según aseguran varias fuentes próximas a la operación, Sidenor, la empresa vasca elegida por el ejecutivo de Pedro Sánchez para hacerse con el fabricante de ferrocarriles, ha seleccionado a Deloitte para hacer la ‘due diligence’ o estudio interno de las cuentas de la compañía propiedad en un 41% de Trilantic, Abelló y la familia Oriol. Se da la circunstancia de que la consultora contratada es a su vez auditora del grupo industrial.
Según estas fuentes, Sidenor, que ya cuenta con el asesoramiento de Alantra, se ha puesto en manos de Deloitte para acelerar el proceso de análisis de la información sensible de Talgo, clave para posteriormente fijar un precio determinado por la compañía fundada en 1942. La contratación de esta consultora responde a las urgencias por presentar la oferta por al menos el 29,9% del capital en el menor tiempo posible, dado el interés de otros fabricantes de trenes de Europa, que también han movido ficha para hacerse con la española.
Dada la coincidencia de ser asesor del comprador y auditor al mismo tiempo de la posible empresa adquirida, Deloitte ha hecho su propio examen para saber si habría algún tipo de conflicto de interés por ese doble rol. La conclusión del departamento de Cumplimiento no ha advertido ninguna potencial vulneración de la normativa que se aplica a las auditoras.
Deloitte es la sociedad que mejor conoce las cuentas de Talgo, ya que las ha fiscalizado desde 2016. Durante este periodo, no ha reseñado salvedades en los informes consolidados del grupo fundado por Alejandro Goicoechea y financiado por José Luis Oriol, cuyas cuentas se han considerado limpias al no contener tampoco ningún párrafo de énfasis. El auditor utiliza estos párrafos cuando considera necesario llamar la atención sobre una cuestión, pero sin modificar su opinión sobre los estados financieros.
La multa de Renfe
Pero uno de los factores sobre los que tendrá que pronunciarse la firma es el impacto de la penalización de 116 millones de euros comunicada por Renfe contra Talgo por los retrasos y las incidencias en la fabricación de 30 trenes denominados Avril. La empresa dirigida por Urquijo ha alegado causas de fuerza mayor por la demora en las entregas, por las interferencias en la cadena de suministro provocadas por el covid-19 y por la guerra de Ucrania.
Esta reclamación del operador, controlado por el Ministerio de Transportes, no había sido provisionada. En ese momento se consideró un riesgo “remoto", ya que Renfe, que llevaba desde julio de 2022 en discusiones con Talgo sobre esta posibilidad, no había interpuesto una reclamación formal a cierre del ejercicio de 2023.
Esto ha cambiado a lo largo de 2024, año en que los accionistas principales de Talgo se mostraron dispuestos a aceptar una opa sobre la compañía por parte de un consorcio público-privado húngaro. El Gobierno se opuso frontalmente a la operación, liderado por el fabricante de trenes Magyar Vagon, desde que esta salió a la luz en febrero, al ser adelantada por El Confidencial. La decisión de Renfe de activar la multa se adoptó semanas después de conocerse el interés húngaro, en el consejo de administración que se celebró el 18 de marzo, si bien no ha sido comunicada a la compañía ferroviaria hasta este mes de diciembre.
Para Talgo, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la operadora, la sanción supondría diez veces el beneficio –12,2 millones– obtenido el pasado año. Se trata de un asunto clave, ya que la empresa pública anunció la semana pasada que va a retener los pagos que debía hacer al fabricante. Además, Renfe le ha comunicado otra posible reclamación de 50 millones, lo que impactaría significativamente en los ingresos de la matriz.
Ambos avisos se produjeron el 4 de diciembre, el mismo día que Óscar Puente visitó las instalaciones de Sidenor en Basauri (Bilbao) para poner de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez avala desde el punto de vista político la opción de la empresa siderúrgica vasca frente a las pretensiones de otros competidores europeos, como la francesa Alstom, la checa Skoda, la suiza Stadler o la polaca PESA.
“La empresa es un ejemplo de innovación y apuesta por las nuevas tecnologías en una industria tan importante para la economía española como la siderúrgica”, dijo Puente tras realizar un recorrido por las instalaciones vizcaínas. Esta visita fue considerada fuera de la agenda del ministro, que suele estar ocupada con la supervisión de carreteras, estaciones de tren o foros sectoriales relacionados con el transporte y las infraestructuras.
Dado que el Gobierno tiene capacidad de veto, que aplicó a la húngara Magyar Wagon por seguridad nacional, la opción de Sidenor, apoyada también por el Ejecutivo local vasco, es la que más opciones presenta para tomar una participación de control sobre Talgo. Aunque la empresa dirigida por José Antonio Jainaga no tiene previsto lanzar una OPA por la totalidad del capital, con la adquisición del 29,9% en manos de Trilantic le bastaría para hacerse con la gestión. El restante 11% propiedad de Abelló y de Oriol lo compraría la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las prisas del Gobierno por cerrar cuanto antes la crisis corporativa de Talgo ha derivado en una situación particular. Según aseguran varias fuentes próximas a la operación, Sidenor, la empresa vasca elegida por el ejecutivo de Pedro Sánchez para hacerse con el fabricante de ferrocarriles, ha seleccionado a Deloitte para hacer la ‘due diligence’ o estudio interno de las cuentas de la compañía propiedad en un 41% de Trilantic, Abelló y la familia Oriol. Se da la circunstancia de que la consultora contratada es a su vez auditora del grupo industrial.