El Supremo apremia a la CNMC por el lío judicial entre Iberdrola, Gobierno y CCAA

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre un prolongado conflicto que protagonizan Iberdrola, el Ministerio de Transición Ecológica, varias comunidades autónomas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El conflicto se remonta a 2013 y tiene que ver con una carga impositiva: los suplementos territoriales de los peajes de acceso a la energía eléctrica. Ese año se estableció que las actividades eléctricas pudiesen gravarse con tributos autonómicos, lo que hicieron varias comunidades autónomas. Estos peajes de acceso a la electricidad no consideraban eventuales tributos propios de las CCAA o recargos sobre tributos estatales.

Desde ese momento, la mayor parte de energéticas ha pleiteado contra estas decisiones. En una sentencia de diciembre de 2020, el Supremo ya reconocía parcialmente el derecho de Iberdrola a ser indemnizada por los costes asociados a la refacturación derivada de los suplementos territoriales. En el fallo, el Alto Tribunal establecía que "se declara el derecho de la demandante a que se le abone el coste de las refacturaciones que deban hacerse". Para ello, la Administración "deberá determinar el modo de fijar su importe y la forma de hacer efectivo su abono". Sin embargo, la ejecución del fallo ha estado plagada de obstáculos administrativos y retrasos, lo que ha impedido que la empresa perciba una compensación completa, tal y como ha ido recurriendo en los tribunales hasta llegar a la situación actual.

En un auto fechado el 21 de noviembre al que ha tenido acceso El Confidencial, el Supremo apremia a la CNMC para que identifique a los responsables de las autonomías que no han liquidado sus impuestos con la energética dirigida por Ignacio Sánchez-Galán para que identifique a "las personas responsables y el cargo que ocupan en las comunidades autónomas que no han remitido" la información sobre la devolución de estos tributos a riesgo de incurrir en responsabilidad la propia presidenta de la CNMC.

Ejecución judicial atascada

En mayo de 2023, el Ministerio reconoció una cantidad de 20,5 millones de euros a favor de Iberdrola, y ordenó el pago de dicha suma. Sin embargo, la ejecución efectiva del pago sigue siendo parcial. A día de hoy, según la propia CNMC, organismo encargado de liquidar los suplementos pendientes por cada comunidad autónoma, solo se han liquidado completamente los suplementos territoriales correspondientes a dos comunidades autónomas: La Rioja y Asturias. Además, se han emitido propuestas de liquidación para Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura, pero estas no han concluido. En cuanto a las nueve comunidades restantes, "no hay avances sustanciales ni plazos claros para resolver la situación", aclara el Supremo en el auto.

En otro auto previo, de julio de 2024, el Supremo ya requirió a la CNMC que continuase "con las liquidaciones en los términos acordados" y que "requiera de nuevo a las comunidades autónomas que no han remitido la información necesaria para que lo hagan en el plazo máximo de un mes". Además, ordenó que, en caso de incumplimiento, la CNMC identificara a "las personas responsables y el cargo que ocupan en las comunidades autónomas que no han remitido dicha información" para que el Tribunal pudiera adoptar "las medidas compulsorias necesarias".

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Sin embargo, un informe de la CNMC, fechado en septiembre de 2024, indicaba que todavía faltaba información crucial de varias comunidades autónomas, lo que imposibilitaba la conclusión de las liquidaciones. Asimismo, la defensa de Iberdrola, en octubre de este año, presentó un escrito destacando que algunas administraciones autonómicas no habían respondido a los requerimientos de información, mientras que otras, como Aragón, Galicia y Cantabria, no habían designado responsables claros para atender el caso.

En respuestas a este medio, fuentes cercanas al caso reiteran que "el problema, que atañe a la propia CNMC, al Ministerio y a muchas autonomías, es que no se ha recibido puntualmente la información de cada comunidad autónoma sobre qué impuestos tienen y sus sujetos pasivos. De hecho, todavía quedan comunidades que no han informado".

Situación de las CCAA

Según el auto, en La Rioja y Asturias, los procedimientos se han completado, pero en otras regiones como Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Castilla y León, las propuestas de liquidación están en trámite. En el caso de Castilla y León, la propuesta destaca por ser la única en la que se plantea liquidar el importe total debido, mientras que en el resto de las comunidades la suma prevista es inferior a la recaudada.

Además, ocho comunidades, incluidas Valencia, Andalucía y Murcia, ni siquiera han iniciado el procedimiento de liquidación. Esta inacción genera preocupación en Iberdrola, ya que señala en el auto que "la CNMC dispone de toda la información desde el 22 de julio de 2018, cuando Iberdrola remitió la documentación relevante a través de la plataforma SOTER".

Ya se han realizado "los requerimientos a las CCAA que faltan por dar la información completa y se informará inmediatamente al Supremo"

Esto ha llevado al Supremo a dictar el citado auto de finales de noviembre, en el que reitera su exigencia a la CNMC de avanzar en las liquidaciones, con una advertencia explícita: "La Presidencia de la CNMC podrá incurrir en responsabilidad en caso de no dar cumplimiento a lo requerido". Fuentes cercanas al organismo reiteran que los problemas para identificar a los responsables ya habían advertido al Supremo, tal y como aclara el auto, que ahora les obliga "a ser más incisivos y preguntar específicamente a cada comunidad quién es el responsable concreto de mandar la información para, en caso de que se mantenga el incumplimiento, ir contra ellos con multas coercitivas o similar".

Cuestionados por el nivel de afectación que tendría sobre la figura de Cani Fernández, presidente del organismo de Competencia, las mismas fuentes señalan que, aunque el auto no lo detalle, se trataría de multas coercitivas diarias o periódicas hasta el cumplimiento de la sentencia. "Pero esto es algo que debe determinar el tribunal, en su caso". Desde la perspectiva de la CNMC, fuentes conocedoras del litigio afirman que ya se han realizado "los requerimientos a las comunidades autónomas que faltan por dar la información completa y se informará inmediatamente al Supremo".

Intereses sin liquidar

Otro punto crítico señalado por Iberdrola es la ausencia de intereses en las liquidaciones. Según el auto, "las liquidaciones no incluyeron el pago de intereses, y las propuestas no lo prevén tampoco". Este hecho, en opinión de la empresa, vulnera su derecho a ser plenamente indemnizada. En este sentido, el Supremo ha reiterado que "las dilaciones de la Administración condenada no tienen justificación y quebrantan el derecho de Iberdrola a ser resarcido por las cantidades reconocidas por sentencia".