Pugna por María de Molina 50: Whiteni pide avisar de las cargas y Lar las cifra en 231 millones

La pugna por dejar rastro de la polémica adjudicación de María de Molina 50 a Barnaby Investments tiene un precio: 231 millones de euros. Así cuantifica la representación legal de la sociedad formada por la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock y Grupo Lar, liderada por abogados de Uría Menéndez, lo que supondría incluir una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad sobre las causas abiertas en la Audiencia Nacional de un edificio que Barnaby escrituró el pasado 22 de agosto.

Se trata de la respuesta de Barnaby a la solicitud de la medida cautelar planteada por Whiteni, socimi que quedó segunda en la adjudicación de un edificio comprado en subasta pública por Grupo Lar al Ministerio de Hacienda por 204,7 millones de euros. El pasado 28 de julio, Next Abogados, despacho que defiende a Whiteni en el proceso, solicitó que a la hora de efectuar una posible venta de inmuebles en María de Molina, apareciera que había una serie de causas legales abiertas en la AN. Entre ellas, una solicitud de medida cautelar de suspensión de la adjudicación del edificio apuntando que "ha favorecido injustamente a un licitador que ha presentado una oferta que incumple el pliego de la subasta tanto formal como materialmente".

Por su parte, a finales de octubre, la sociedad formada por Grupo Lar y BlackRock, envió un escrito de oposición a la solicitud de medidas cautelares señalando el daño que podrían hacer estas para su proyecto de lujo. Así, en un documento al que ha tenido acceso El Confidencial, Barnaby especifica que la medida cautelar presentada por Whiteny "ocasionaría perjuicios irreparables" señalando que "podría provocar la frustración del proyecto lo que tendría un impacto de más de 231 millones de euros".

De esta manera, la inmobiliaria de la familia Pereda, inmersa junto a Hines en un proceso de OPA sobre la mayor socimi de centros comerciales del país, Lar España, valora el perjuicio ocasionado por la inscripción en el Registro de estas cautelares entre los 204,7 millones que les costó el inmueble en el proceso de adjuciación y los 400 millones de remodelación para convertir este edificio de oficina a residencia, un encargo ya adjudicado a Martín de Lucio Arquitectos.

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No obstante, fuentes de Grupo Lar aclaran que si el juzgado considerara la posibilidad de levantación del procedimiento, "el reclamante debería introducir una garantía por valor de los 231 millones de euros, que podría ser el depósito de este montante en una cuenta o aval bancario". En este lío judicial, hay que tener en cuenta que el Abogado del Estado aún no ha contestado a ninguna de las solicitudes de medidas cuatelares presentadas por Whiteni, es decir, ni la de solicitud de suspensión de la adjudicación a favor de Barnaby ni la inscripción en el registro de la propiedad de esta.

Origen de la polémica

Whiteni lleva peleando por la adjudicación del edificio de María de Molina casi desde que tras presentar una oferta de 197,5 millones le valiera la segunda posición en la subasta. Un premio de consolación que nunca aceptó y, desde el primer momento, pidió analizar el expediente. Ahí comprobó que la inmobiliaria de la familia Pereda había construido su oferta sobre un esquema financiero de once pagos, cuando las reglas del concurso, a su entender, exigían ceñirse a diez, y en octubre, asesorada por Next Abogados, presentó alegaciones contra la adjudicación provisional, solicitando excluir la oferta de Lar.

Lejos de darle la razón, un mes después, el 21 de noviembre de 2023, el Estado adjudicó definitivamente el inmueble a Lar, detrás de cuya millonaria oferta está BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo. Esta Orden Ministerial fue comunicada tres días después a todos los licitantes, excepto a Whiteni, según afirma la propia socimi en la demanda que ha presentado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

En el escrito, Whiteni enumera lo que, a su entender, son una suma de irregularidades. La primera, durante el acto público de la subasta, donde ella y otros licitadores preguntaron abiertamente sobre cómo debía ser la forma de pago y la secretaria de la mesa "realizó verbalmente una interpretación del texto de la proposición económica para avalar la adjudicación provisional" a Lar. Sin embargo, en el acta de la subasta, no aparecen ni las cuestiones verbales presentadas ni la respuesta.

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La segunda irregularidad tiene que ver con la adjudicación definitiva que, según denuncia Whiteni, el 24 de noviembre se comunicó todos los licitadores salvo a ella. "Ante el evidente agravio que implicaba no haber recibido respuesta a las alegaciones presentadas y no haber recibido notificación al mismo tiempo que el resto de interesados, esta representación optó por remitir un nuevo escrito a la Administración competente, solicitando que se notificase la resolución dictada por la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública por delegación de la ministra y se aclarasen los motivos del trato desigual", puede leerse en la demanda.

Apenas cincuenta minutos después de recibir el escrito, el director general de Patrimonio dictó un acto resolviendo el recurso en contra de los intereses de Whiteni y defendiendo la validez de once abonos. La socimi respondió acudiendo a la AN, donde presentó un escrito de interposición que la sala de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite.

El primer paso que Whiteni dio fue pedir que la Administración mandase el expediente administrativo completo. Pero solo remitió uno parcial, en el que no aparecían ni estas irregularidades, ni un correo electrónico que la secretaría de la Mesa de Contratación remitió al asesor de unos licitadores asegurando: "hay 11 pagos y no pueden ser más de 10, por lo tanto, hay que quitar un pago y redistribuir las cantidades".

El Abogado del Estado aún no ha contestado a ninguna de las solicitudes de medidas cuatelares presentadas por Whiteni

El segundo clasificado insistió en que se enviara el expediente completo a la Audiencia y fue entonces cuando llegó al tribunal un mail, que la socimi considera una prueba irrefutable. Sobre esta base, redactó la demanda definitiva. En ella, se puede leer que "verbalmente se había comunicado por la Secretaria de la Mesa de la subasta que el número total de pagos no podía exceder de diez. Además de esta respuesta verbal, el mismo día en que finalizaba el plazo de presentación de ofertas se planteó la consulta por escrito por parte de representantes de los interesados y la respuesta de la Secretaria de la Mesa de la subasta no pudo ser más clara y rotunda".

El correo electrónico en el que asegura que deben ser 10 pagos y no 11 hace referencia a un plan de pagos en el que hay un primer pago por el 25% y luego uno anual durante diez años por el 7,5% cada uno. Este esquema encaja con la oferta de Lar, que ofreció un pago inicial del 25% y "pagos aplazados correspondientes al 75% restante del importe de adjudicación a efectuar con periodicidad anual y con el mismo importe durante el plazo de 10 años", recoge la demanda.

La importancia de los plazos radica en que concede al comprador más músculo financiero y, por tanto, la posibilidad de hacer una oferta más generosa.

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Falta de resoluciones

Desde que aflorara ese mail, los acontecimientos han ido sucediéndose. A la espera de que la AN resuelva sobre si el proceso se ajusta a derecho, el pasado verano la Abogacía del Estado restó importancia al correo electrónico que amenaza con tumbar la subasta del codiciado inmueble al señalar que su autora, la jefa de servicio del Patrimonio del Estado (que además actuaba como secretaria de la mesa en la adjudicación), carece de competencias "respecto a la interpretación y calificación de las ofertas".

Tras esto, Whiteni solicitó ante la AN la admisión de medidas cautelares para las que el organismo defensor en el proceso de Hacienda aún no ha dado respuesta. Asimismo, este otoño, la socimi que quedó segunda en la subasta presentó un nuevo escrito de conclusiones ante la Audiencia Nacional en el que vuelve a arremeter contra el Ministerio de Hacienda y solicita una vez más la anulación del proceso.