Bruselas estudia las quejas de las aerolíneas tras la multa por cobrar por el equipaje de mano

El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, el griego Apostolos Tzitzikostas, abordó este miércoles en una reunión con el ministro de Transporte Óscar Puente la multa que el Gobierno anunció en mayo contra varias compañías por la política de cobro por ingresar las maletas de mano en la cabina, una decisión que ha sido confirmada recientemente y que ha tenido mucho eco en la capital comunitaria. Ese encuentro, en el que también se hablaron de otros asuntos, como ha explicado una fuente del ministerio de Transporte, ha estado seguido de una reunión técnica este jueves y centrada en la multa impuesta a cinco aerolíneas low cost (Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian). Técnicos españoles se han visto con colegas comunitarios para explicar y ofrecer clarificaciones sobre la sanción de 179 millones de euros del Ministerio de Consumo, que considera que las empresas estaban cometiendo una falta "muy grave". Además, Tzitzikostas expresó a Puente su voluntad de abrir un proceso de diálogo amplio con todos los actores para abordar la polémica.

Las compañías ya anunciaron que acudirían a los tribunales para tratar de tumbar esa decisión, pero al mismo tiempo están planteando una ofensiva total en Bruselas. El Gobierno, aseguran fuentes ministeriales, ya asumía que las aerolíneas podían presentar quejas ante la Comisión. A través de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y de Airlines for Europe (A4E), están trasladando al entorno comunitario que la norma a la que se acogió el Gobierno para sancionarles puede contravenir una directiva europea.

Confían así que la Comisión pueda llegar a abrir en el futuro un procedimiento de infracción contra España, aunque la realidad es que el Ejecutivo comunitario no está todavía en ese punto y desde la institución se señala que ni hay un expediente abierto ni tampoco está iniciada la fase previa de consultas que abre la puerta a dicho procedimiento. En otras palabras: ahora lo que está haciendo Bruselas es entender qué está pasando, hablar con todas las partes y estudiar las quejas que han presentado las aerolíneas por medio de sus dos asociaciones de referencia. La reunión de este jueves por la mañana entre técnicos españoles y miembros de la dirección general de Movilidad y Transporte se ha centrado en esta multa, que ya se anunció en mayo.

Desde el Gobierno se considera que se están produciendo los intercambios habituales a nivel técnico entre la Comisión y el Ejecutivo central, y se muestran confiados en la robustez de la decisión. El punto de discordia está en el artículo 97 de la ley española de Navegación Aérea, donde se estipula la obligación "a transportar de forma gratuita en cabina" el equipaje de mano y los objetos que el viajero lleve consigo. Esta es la normativa en la que se apoyó el Ministerio de Consumo para sancionar a las aerolíneas. Sin embargo, las compañías han trasladado a Bruselas que ese punto podría contravenir el Reglamento 1008/2008, que establece "la libertad de fijación de precios", y que como es una ley europea, prevalece sobre la española.

Están trasladando al entorno comunitario que la norma a la que se acogió el Gobierno puede contravenir una directiva europea

Esa normativa también genera desavenencias en los tribunales españoles. Hay sentencias favorables a las aerolíneas que señalan que, aunque la ley española marca la gratuidad del equipaje, se puede negar por "razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto". Es decir, se entiende que pueden cobrar por los tróleis porque ya dejan introducir un bulto (bolso o mochila de menores dimensiones). En cambio, otras resoluciones dan la razón a los pasajeros, como la que dictó Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Palma de Mallorca en 2021 para obligar a Ryanair a devolver a una pareja los 50,74 euros.

Cuando se observan conflictos de este tipo, el Ejecutivo comunitario tiene en su mano comenzar lo que se conoce como un "EU Pilot", que en Bruselas se define como un "mecanismo de diálogo informal entre la Comisión y el Estado miembro interesado sobre cuestiones relacionadas con el posible incumplimiento de la legislación de la UE". Es el paso previo a que la Comisión Europea pueda iniciar un procedimiento de infracción, un proceso que se inicia cuando se identifica un incumplimiento, ya sea porque una ley nacional entra en conflicto con una normativa comunitaria, o porque el Estado miembro en cuestión no ha traspuesto una directiva europea. En última instancia, y en caso de que el Gobierno nacional no cumpla con las peticiones del Ejecutivo comunitario, el asunto puede acabar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare quién está interpretando correctamente la legislación europea. Si el TJUE da la razón a Bruselas y el incumplimiento persiste, pueden establecerse multas diarias.

La discordia está en el artículo 97 de la ley de Navegación Aérea, que estipula la obligación "a transportar de forma gratuita en cabina"

Pero nada de eso está ahora mismo encima de la mesa, como explica desde el Ejecutivo comunitario. Ese es el manual, lo que ocurre habitualmente y en numerosas ocasiones cada año. Pero una portavoz de la Comisión Europea señala que en estos momentos no hay ni un "EU pilot" ni, por lo tanto, un procedimiento de infracción por esta medida. Por ahora las conversaciones son previas y se enmarcan en el estudio por parte de la Comisión de las denuncias de las aerolíneas, lo que requiere también de clarificaciones por parte del Gobierno y de consultas con los actores que presentan quejas. Todo enmarcado en una cierta normalidad, porque el Ejecutivo comunitario hace esto cientos de veces al año con distintas decisiones, sin que eso signifique necesariamente que acabe habiendo un procedimiento de infracción, ya que Bruselas puede concluir que no hay conflicto entre una determinada medida y las normas europeas.

Además, la Comisión Europea no es ajena al debate del cobro por las maletas de mano. El Parlamento Europeo ha solicitado en una reciente resolución, no vinculante, que el Ejecutivo comunitario tome cartas en el asunto, aunque por ahora no hay respuesta por parte de la Comisión. En noviembre de 2023 el Ejecutivo comunitario adoptó el Paquete de Movilidad para mejorar las condiciones y los derechos de los viajeros en la que no se hicieron avances en este sentido, aunque inmediatamente después la comisaria de Transportes en aquel momento, la rumana Adina Valean, envió una carta a las aerolíneas abordando un asunto que quedaba pendiente: la armonización de las normas respecto a los equipajes de mano.

En la carta Valean se refería fundamentalmente a los tamaños y al peso, pero la comisaria iba más allá. "Pido al sector que ponga especial cuidado en informar claramente a los pasajeros sobre la franquicia de equipaje incluida como estándar en todas las clases de tarifas, y que sea transparente sobre las tasas adicionales aplicables a cualquier equipaje que vaya más allá de la franquicia incluida en cada una de las clases de tarifas respectivas", señalaba Valean. La posición tradicional de la Comisión Europea ha sido no poner demasiadas trabas a que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano, y se ha escudado únicamente en pedir claridad y transparencia. Lo que preocupa a Bruselas no es tanto que los pasajeros tengan que pagar por ingresar una maleta de mano en la cabina, sino que el pasajero no sepa que tiene que pagarlo y aparezca en la puerta de embarque con su equipaje.

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Javier Melguizo

La entonces comisaria de Transportes, que ha sido sucedida recientemente por el griego Tzitzikostas, en su carta hacía hincapié en el derecho de las aerolíneas a establecer sus precios. A ese principio se aferran las compañías. En todo caso, Valean también subraya la necesidad de transparencia. "Aunque defiendo plenamente la libertad de las compañías aéreas para fijar las tarifas aéreas y reconozco las ventajas que permite la desagregación de determinados servicios -entre otras cosas, permite a las compañías aéreas ofrecer precios realmente más bajos a los clientes que no desean utilizar esos servicios suplementarios-, la revisión en curso del Reglamento sobre servicios aéreos evaluará, no obstante, las medidas de transparencia existentes para ver si pueden introducirse nuevas mejoras", señalaba.