Muface y el fichaje de altos funcionarios: los incendios que amenazan con abrasar a Óscar López

Todo indica que Óscar López, ministro desde mayo en Función Pública, aspirará a competir con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Por ahora, eso sí, es titular de un ministerio que tiene varios fuegos que atender. El más urgente es Muface, un concierto de sanidad privada para más de un millón de funcionarios, cuyos sindicatos han anunciado movilizaciones.

De hecho, muchos de estos funcionarios están en Madrid, lo que lo convierte en un mal precedente. En torno al 17% de los usuarios de Muface están en Madrid, según datos del concierto público, que depende del Ministerio de Función Pública y de Transformación Digital.

El anterior ministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dejó el ministerio sin resolver este conflicto. Ni Muface ni el nuevo sistema de acceso al alto funcionariado, con proyecto de Ley pendiente de tramitación parlamentaria, están resueltos. Mientras tanto, hay funcionarios de distinto perfil en pie de guerra.

De hecho, los sindicatos han convocado movilizaciones para el 11 de diciembre. En paralelo, varias organizaciones están presionando a Función Pública. Además, siguen las quejas de colectivos de altos funcionarios como los inspectores de Hacienda por la modificación del sistema de acceso a estas plazas. El Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de Función Pública en julio, con cambios en la estructura y acceso al empleo público estatal y mayor facilidad de promoción interna.

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Todo ello está en la mesa de Óscar López, que ha empezado una campaña para liderar el PSOE de Madrid y acabar compitiendo con Ayuso. López, una de las personas de confianza de Pedro Sánchez, indignó a las aseguradoras cuando, justo antes del pliego, les comunicó que en el ministerio valoraban una subida del 14% en la compensación a las aseguradoras, frente al 24% que se había deslizado antes del verano.

Muface es un concierto público mediante el cual el Estado paga una cuantía fija a las aseguradoras que acuden a la licitación para que faciliten asistencia sanitaria privada a los funcionarios que así lo deseen. En el último concierto, de tres años, Adeslas, Asisa y DKV perdieron 200 millones anuales, según denuncian, por eso exigen una subida mayor. El 5 de noviembre dejaron el concierto vacío.

A partir de ahí, Función Pública ha analizado el sistema y, en el Gobierno, se ha abierto la enésima discrepancia entre PSOE y Sumar. Sanidad, dirigida por Mónica García, criticó el sistema en un informe y propuso trasladar a los funcionarios en nueve meses –plazo que puede prolongar el Gobierno unilateralmente– al Sistema Público de Salud. Entre medias, el PSOE y Sumar pactaron una subida de impuestos a los seguros de salud que no prosperó. La tensión a tres bandas, entre PSOE, Sumar y las aseguradoras, se disparó en las últimas semanas. Las aseguradoras, por su parte, presentarán este miércoles 4 de diciembre un informe sobre los costes que asumen en Muface y sus proyecciones. El ministerio pidió este documento para elaborar un pliego y conocer los números que manejan las aseguradoras, que llevan meses advirtiendo del riesgo de que colapse Muface.

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A partir de ahora, el ministerio prevé elaborar un pliego al que acudan las aseguradoras, al menos dos de las tres que están en el sistema, para mantener el concierto durante los dos próximos años y apagar un fuego que tienen con los funcionarios. En caso contrario, como ya ha avisado Adeslas a sus asegurados de Muface, los servicios se mantendrán hasta el 31 de enero, y posteriormente algunos tratamientos hasta que se produzca el traspaso total. El Gobierno podría prorrogar nueve meses, en las mismas condiciones, el contrato, pero eso sí que sería el final definitivo de Muface.

El 72% de los funcionarios escoge Muface (34% elige Adeslas –propiedad de CaixaBank y Mutua Madrileña–, el 25%, Asisa –de Lavinia– y el 13%, DKV –de Munich RE–). Hay que tener en cuenta que la mayor parte del servicio se realiza con terceros: hospitales y clínicas privados que reciben pacientes de las aseguradoras con las que tienen convenio. Por ello, la desaparición de Muface supondría un recorte en la sanidad privada de sus capacidades y un deterioro del servicio público de la sanidad, al incrementar el público sin aumentar capacidades.

La desaparición de Muface supondría un recorte en la sanidad privada de sus capacidades y un deterioro del servicio público de la sanidad

Adeslas, la principal aseguradora de Muface, obtuvo ingresos por primas de 8.057 millones en 2023. Muface representa entre un 5% y un 10% de estos ingresos. Aunque su desaparición se notaría a corto plazo, afectaría principalmente a los proveedores: hospitales, centros de pruebas o clínicas que atienden a los clientes de las aseguradoras. Adeslas tendría que ajustarse, pero el impacto principal recaería en terceros, porque trabaja sin capacidades propias.

En el último pliego, que quedó desierto, Función Pública ofreció un aumento del 17,2% en la prima para las aseguradoras para el próximo bienio, con 1.337 millones en 2025 y 1.344,5 millones en 2026. Las tres aseguradoras del sistema, Adeslas, Asisa y DKV, rechazaron participar tras denunciar pérdidas de 200 millones anuales en el anterior concierto de tres años. DKV, la más reticente a seguir en Muface, señaló que con las nuevas condiciones perdería 74 millones en dos años.

En el sector recuerdan que el coste sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros en la sanidad pública. Estos datos provienen de un estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que respalda la postura del sector privado. También argumentan un ahorro de 1.000 millones para la sanidad pública.

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Las aseguradoras denuncian que ha habido un incremento de costes y que tienen un colectivo envejecido. Gran parte son funcionarios de la enseñanza pública, y es habitual que obtengan la plaza a edades avanzadas por haber estado mucho tiempo como interinos. Una edad mayor supone más siniestralidad. Además, han aumentado los costes salariales y de infraestructura desde la pandemia.

DKV ha explicitado que quiere una subida del 40% para acudir, y que es difícil que continúe en el sistema. Asisa es menos explícita, mientras que Adeslas no ha comunicado cifras, pero un estudio que encargó a los economistas Alberto Montero (Universidad de Málaga) y Román Salmerón (Universidad de Granada), al que ha tenido acceso este medio, concluye que se necesitaría un alza del 27% respecto a la cuantía de 2023 para cubrir costes en 2025, y un incremento adicional del 9% en 2026.

Hasta ahora no ha habido estudios específicos sobre el impacto de la desaparición de Muface o de establecer un impuesto a los seguros de salud privados. Pero la AIReF estudió qué pasaría si se impone un IVA del 21% a la sanidad privada, y concluyó que habría un incremento de la demanda de sanidad pública, ampliando las listas de espera u obligando a las comunidades autónomas a elevar el gasto público.