El Gobierno autoriza que Arabia Saudí alcance el 9,9% del capital de Telefónica

El Gobierno ha aprobado este jueves la compra del 9,9% de Telefónica por parte de STC, la operadora estatal de Arabia Saudí. Este inversor ya disponía del 4,9% del capital y el Consejo de Ministros le ha autorizado para hacerse con otro 5% adicional a través de la conversión de derivados financieros que adquirió en septiembre de 2023. Tendrá así una participación suficiente para solicitar un asiento en el Consejo de Administración de la teleco española.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado el visto bueno. "Esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas, con arreglo no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino también a la elementalidad de la ley, tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa", ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las negociaciones entre los representantes de Riad y Moncloa se aceleraron a partir del pasado verano, como publicó El Confidencial el 26 de junio. Días más tarde, una delegación de la monarquía saudí visitó Madrid para abordar, precisamente con Cuerpo, oportunidades entre ambos países. Poco después, STC presentó formalmente la solicitud para elevar su participación, operación que debía ser aprobar el Gobierno en virtud del escudo antiopas que aprobó durante la pandemia.

Pese a que la operación ha salido adelante en el Consejo de Ministros, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado que todavía está "a la espera de conocer los detalles de la decisión". Preguntado en A Coruña, donde ha participado en el Congreso de CEDE, ha mantenido que STC no les "ha manifestado nada nuevo desde el año pasado, cuando comunicó su participación".

El visto bueno llega meses después de asegurar la españolidad de Telefónica

El visto bueno llega meses después de asegurar la españolidad de Telefónica. Tras conocerse el desembarco de la operadora saudí, el primer paso fue adquirir el 10% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ubicando al brazo inversor del Gobierno como el principal accionista. Además, cuenta ya con un asiento en el Consejo de Administración, el que ocupa Carlos Ocaña desde el pasado mayo.

CriteriaCaixa, el vehículo inversor del universo La Caixa, también alcanzó el 10% tras realizar una inversión superior a los 2.000 millones de euros, por lo que se encuentra en igualdad de condiciones con la SEPI y STC. Además, la entidad española BBVA cuenta con un 4,839% del capital, una participación que ya tenía antes de desatarse esta guerra accionarial.

"En nuestro plan estratégico hemos definido varios bloques de inversión. El primero, más conocido, es el de inversión en nuestras empresas estratégicas, aquellas que realmente son fundamentales para anclar el país, como pueden ser Telefónica, Naturgy o CaixaBank", ha señalado el consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, durante el XXIII Congreso de Directivos CEDE 2024. Demuestra así la intención de mantener su influencia en la teleco española.

Cambios en el consejo

En la autorización del Gobierno se incluye la posibilidad de que la operadora saudí solicite un asiento en el Consejo de Administración. Si realiza esa petición, alguno de los vocales actuales tendrá que ser sustituido. Según reconocieron fuentes próximas al grupo, la persona con más probabilidades de salir es Javier de Paz, que lleva más de diecisiete años en el cargo.

De Paz es el único consejero con una calificación especial, la de Otro, ya que no es dominical (en nombre de un accionista), independiente o ejecutivo. No obstante, dada la relación de proporcionalidad, José María Abril, en representación de BBVA, no tendría derecho a ocupar el asiento, puesto que el banco vasco solo dispone ya del 4,9% del capital y es necesario disponer, al menos, del 6,7%.

En cualquiera de los dos casos, STC debería nombrar a una mujer para que Telefónica cumpla la ley de paridad impulsada por el propio Gobierno, una posibilidad que se antoja complicada al tener en cuenta la cultura del país árabe. La normativa obliga a las empresas del Ibex a tener, al menos, un 40% de representación femenina en su órgano de decisión, un porcentaje que la compañía tampoco cumple ahora mismo, ya que solo alcanza el 33% al contar con 5 mujeres entre los 15 miembros.