CNMV se moviliza para orientar a auditores y empresas ante el 'vacío legal' de sostenibilidad

Ante el retraso en la transposición de la Directiva Europea sobre Reporte Corporativo de Sostenibilidad (CSRD) al marco legal español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido que salir al paso, lanzando un comunicado conjunto con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). En él explican que "ante la eventualidad" de que la normativa no se haya adaptado a la legislación española antes del 31 de diciembre de 2024, ven oportuno emitir este documento que pueda orientar a las empresas y los auditores de cara al año que viene. Es importante tener en cuenta que las empresas que no aporten esta información en la medida que establece la directiva, pueden enfrentar sanciones económicas.

Como ya informó El Confidencial, la preocupación en el sector es palpable. Aunque España aprobó un proyecto de ley en octubre de 2024, la directiva europea, en vigor desde el 6 de julio de este año, debe incorporarse antes de Navidad para evitar que los balances de 2024, que se publicarán el año que viene, se vean afectados. Fuentes del sector explican que la falta de ley está generando una importante inseguridad jurídica.

El primer grupo afectado incluye a las grandes cotizadas, como las del Ibex, y las entidades de interés público con más de 500 empleados. Estas empresas están obligadas a presentar información conforme a los estándares europeos (ESRS) a partir del próximo año. La CNMV recomienda, de hecho, que los emisores españoles que estén en disposición de hacerlo con fiabilidad publiquen ya en 2025 información no financiera de conformidad con los ESRS, sin perjuicio de tener en cuenta la no transposición de la directiva europea.

TE PUEDE INTERESAR

Las entidades públicas pasan de los informes de sostenibilidad, obligatorios para las privadas

Alejandro Mata. Las Palmas de Gran Canaria

Precisamente, el supervisor español califica como "claramente conveniente" que los inversores y otros usuarios reciban, ya el año que viene, esta información y que sea homologable con la que suministrarán la mayoría del resto de emisores de la Unión Europea.

Como ya advirtió la patronal de auditores, ICJCE, el mes pasado, los auditores no quieren sorpresas con la nueva ley. De hecho, Ana María Prieto, presidenta de la Agrupación de Madrid del ICJCE, resaltó el mes pasado la importancia de cumplir con el texto consensuado para evitar inseguridad jurídica y sorpresas durante su tramitación, destacando que finalizar el proceso cuanto antes reduce el riesgo de cambios. Sus declaraciones se dieron en un evento de la patronal, al que asistió el presidente del ICAC, Santiago Durán.

Para garantizar la calidad de los informes, la CNMV sugiere que los auditores utilicen las directrices más recientes, como las de COESA, el estándar internacional ISSA 5000, y las normas técnicas en desarrollo del ICAC. Esto permitirá una verificación más sólida, acorde con los requisitos nacionales e internacionales.

Las Big four preparan al Ibex

Las principales empresas cotizadas serán las afectadas por la primera ola, llevan tiempo adaptándose a la nueva normativa prevista para entrar en vigor en 2024. Fuentes de las Big Four, encargadas de auditar al Ibex, afirman que también están planificando los trabajos de verificación en coordinación con sus clientes. Una de estas firmas señala que han comenzado a trabajar con las grandes cotizadas de su cartera, solicitando datos internos, aunque muchas de estas empresas todavía están en proceso de adaptación.

Como ya explicó este medio, una vez implementada esta fase inicial, será el turno de las grandes empresas no cotizadas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: superar los 250 empleados, registrar una cifra de negocio superior a 50 millones de euros o tener activos por más de 25 millones. Estas empresas deberán reflejar la nueva información en sus cuentas de 2025, que se publicarán en 2026.

TE PUEDE INTERESAR

La acusación de PwC en el caso Popular despierta en los auditores los fantasmas de Pescanova

Alejandro Mata

Por último, la tercera ola alcanzará a las pymes que cotizan en mercados regulados de la UE y que no sean consideradas microempresas. Estas tendrán la opción de aplazar la aplicación de los cambios hasta 2028, según lo estipula la directiva. Las demás compañías seguirán sujetas a las normas actuales del EINF.

No obstante, fuentes del sector señalan, que por mucho que ellos avancen con sus clientes, la falta de una ley en España adaptada a esta directiva, les supone un gran problema y esperan que se resuelva pronto, ya que tanto los auditores como las empresas pueden enfrentar sanciones por auditar o publicar mal esta información.