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El Gobierno rechaza que las aseguradoras adelanten las indemnizaciones en la DANA
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COSTE ESTIMADO DE 3.500 MILLONES

El Gobierno rechaza que las aseguradoras adelanten las indemnizaciones en la DANA

El seguro ha propuesto a Economía acelerar los pagos, pero solo podrá indemnizar el Consorcio. Hay problemas con dobles tramitaciones que están retrasando el proceso

Foto: Destrozo por la DANA en el Barranco del Poyo. (EFE/Manuel Bruque)
Destrozo por la DANA en el Barranco del Poyo. (EFE/Manuel Bruque)
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La colaboración de la industria privada de seguros con el Gobierno, a través del Consorcio, tiene un límite: el pago de las indemnizaciones. Las aseguradoras han propuesto anticipar los pagos a los usuarios afectados por la DANA una vez formalizado el expediente, pero Economía ha negado esta posibilidad, según fuentes conocedoras.

El sector asegurador ha trasladado la posibilidad de adelantar los pagos de las indemnizaciones para que el dinero llegue lo más rápido posible a las personas que han sufrido daños materiales por la DANA en el Este de España, especialmente en Valencia. El Consorcio tiene una estimación de un coste de 3.500 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno ha rechazado esta opción.

Fuentes del Ministerio de Economía admiten que se ha planteado el adelanto de pagos desde las aseguradoras, pero consideran que no habría ninguna ventaja en ello porque el Consorcio ya lo está haciendo. Señalan que lo importante es que las aseguradoras sigan ayudando a agilizar el proceso. De hecho, ya está habiendo pagos. Por su parte, en el sector asegurador creen que los pagos se realizarían de forma más rápida si pudieran adelantarlos.

El Consorcio ya está adelantando dinero en función de la pérdida mínima conocida. Por ejemplo, cuando llega un perito a una vivienda destrozada, se calcula una cifra mínima que ya se puede abonar. Después, se realiza un peritaje completo para determinar la indemnización total y pagar la diferencia.

Foto: Imagen de la zona de la desembocadura del río Magro. (EFE/J. J. Guillén)

Hasta ahora, el Ministerio de Economía, del que depende el Consorcio, ha cerrado la puerta a que las aseguradoras privadas abonen cantidades que corresponden al Consorcio como adelanto, tanto antes como después de firmar un memorando de colaboración público-privada. Varias aseguradoras y su patronal, Unespa, han mantenido conversaciones con el ministerio que dirige Carlos Cuerpo, pero por ahora solo el Consorcio podrá abonar las indemnizaciones.

Economía argumenta que no habría ventaja alguna en que las aseguradoras adelantaran los pagos. Además, cada euro del Consorcio está fiscalizado y los pagos serán analizados posteriormente por el Tribunal de Cuentas. Un adelanto de las indemnizaciones dificultaría este análisis. Por otro lado, muchos usuarios han realizado una doble alta en el trámite de las indemnizaciones, lo que ha llevado a cruzar datos entre las aseguradoras y el Consorcio, dilatando el proceso.

Foto: Varias personas junto a coches destrozados tras el paso de la DANA. (Europa Press/Rober Solsona)

Cuando hay una catástrofe cubierta por el Consorcio, los usuarios afectados con seguro están protegidos por este ente público. Para ello, deben tramitar el siniestro, y lo pueden hacer con su aseguradora, con su mediador si trabajan con uno (corredor o agente) o directamente con el Consorcio. Muchas personas afectadas por la DANA han abierto dos expedientes simultáneamente, lo que requiere comparar los datos para evitar dobles pagos.

Ni el Consorcio ni el sector asegurador se habían enfrentado nunca a una catástrofe de la magnitud de esta DANA, que ha asolado áreas del Este de España, causando más de 200 muertos y un daño económico estimado en más de 3.500 millones de euros, que cubrirá el Consorcio. DRBS calcula que el daño total ascenderá a 4.000 millones, ya que las aseguradoras también deben cubrir algunos daños, como granizadas posteriores en Málaga.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el Consorcio de Compensación de Seguros y Unespa firmaron el 13 de noviembre un acuerdo de colaboración público-privado. Este memorando incluye la cesión de peritos –se han cedido cerca de 1.000, que se suman a otros 1.000 del Consorcio–, y la posibilidad de que las aseguradoras puedan dar de alta las solicitudes de siniestro, tramitarlas y evaluarlas, haciendo una propuesta de indemnización para siniestros relacionados con inmuebles, almacenes y comercios. Con los vehículos, el proceso es más rápido y no es tan necesaria esta colaboración, ya que en torno al 85% de los coches son siniestro total.

Foto: Varias personas junto a coches destrozados tras el paso de la DANA. (Europa Press/Rober Solsona)

El objetivo es acelerar los trámites para los siniestros en las viviendas. Las aseguradoras han planteado el anticipo de las indemnizaciones porque les interesa que la reconstrucción comience cuanto antes y porque tienen capacidad logística y financiera para adelantar los pagos. Pero Economía prefiere que los pagos sean exclusivamente del Consorcio cuando este asuma los siniestros, argumentando que no cambiaría los tiempos para los afectados.

El Consorcio es un ente público para cubrir riesgos catastróficos como la DANA o el volcán de La Palma, y se nutre de recargos sobre primas de las aseguradoras privadas. Sin embargo, sus capacidades logísticas para gestionar trámites masivos son limitadas cuando ocurre un fenómeno de gran magnitud, de ahí la colaboración público-privada para agilizar el proceso.

Los últimos datos publicados por el Consorcio llegan hasta el 21 de noviembre, con 200.672 solicitudes de indemnización, que se dividen en 120.394 por vehículos, 64.097 por viviendas y comunidades de propietarios, 11.757 por comercios y almacenes, 3.474 por riesgos industriales, 908 por oficinas y 42 por obras civiles. Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia, Alfafar y Valencia son los municipios donde se concentran más siniestros.

La colaboración de la industria privada de seguros con el Gobierno, a través del Consorcio, tiene un límite: el pago de las indemnizaciones. Las aseguradoras han propuesto anticipar los pagos a los usuarios afectados por la DANA una vez formalizado el expediente, pero Economía ha negado esta posibilidad, según fuentes conocedoras.

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