La acusación de PwC en el caso Popular despierta en los auditores los fantasmas de Pescanova

Ni el radiante sol de Las Palmas logró disipar la sombra que se cernió el pasado viernes sobre la clausura del Congreso Nacional de Auditoría, cuando una noticia estremeció al sector: el juez instructor del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió abrir juicio oral no solo contra el expresidente de la entidad, Ángel Ron, y otros diez directivos, sino también contra PricewaterhouseCoopers (PwC) y dos auditores de la firma.

Ya de regreso, en el aeropuerto, los semblantes preocupados de algunos altos directivos recordaban inevitablemente al clima de 2018, cuando el auditor de Pescanova estuvo al borde de enfrentarse a tres años de cárcel y BDO al pago de 34 millones de euros. No fue hasta el año pasado que el Tribunal Supremo absolvió a la firma y a su socio, dando un respiro a los auditores.

Ahora el sector vuelve a contener el aliento, porque aunque esta causa judicial afecte a una empresa competidora, todos son conscientes, de que su resolución puede asentar un importante precedente que afecte a todas las firmas de auditoría. En torno a esto, una idea muy repetida entre los altos directivos de las grandes firmas de auditoría es que existe un gap significativo entre lo que el auditor hace y lo que la sociedad, e incluso los jueces, creen que hace.

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Este debate no es nuevo, pero se volvió a intensificar a principios de este año cuando la Audiencia Nacional dio por concluida la fase de instrucción del caso Popular, iniciada en 2017. Fue entonces cuando el juez Calama propuso juzgar a PwC y sus dos socios de auditoría por presuntos delitos de falsedad en las cuentas anuales y de estafa de inversores por la ampliación de capital del banco en 2016. PwC era la firma auditora de la entidad bancaria en 2015 y 2016.

En torno a esta causa, la defensa judicial de la Big Four se sustentaba en su modelo de cumplimiento normativo (compliance). Ya que la ley permite eximir de responsabilidad penal a las compañías que demuestran que contaban con una política de compliance sólida.

De Bankia (Deloitte) a Pescanova (BDO)

Precisamente, casos previos como el de Bankia con su auditora Deloitte o Pescanova con BDO auditores destacan la importancia que tienen los sistemas de compliance a la hora de definir hasta donde llega la responsabilidad del auditor y la firma a la que representa.

En el caso Bankia, en un primer momento la Audiencia Nacional decidió procesar al auditor, pero a la vez acordó archivar la causa contra Deloitte como persona jurídica tras concluir que contaba con un sistema de control de calidad. Aunque finalmente la Audiencia acordó absolver tanto al auditor como a Deloitte. Una decisión que el Tribunal Supremo ratificó en 2022.

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Otro precedente, más reciente, es el caso Pescanova, donde el Tribunal Supremo absolvió en 2023 a BDO Auditores y a su socio tras haber sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de prisión, además del abono de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

El alto tribunal estimó el recurso del socio tras demostrarse que no quedó acreditado que conociese la falsedad de las cuentas y buscase deliberadamente distorsionar la imagen fiel de la compañía. La sentencia ratificó la idoneidad de los sistemas de compliance de BDO.

El 'compliance' no salva a PwC

No obstante, en el caso Popular, la situación es distinta, ya que el compliance no ha salvado a PwC de ir a juicio. Puesto que este verano, la Audiencia Nacional desestimó un recurso en el que la firma alegaba que la existencia de su programa de compliance sumado a "la ausencia de concreción acerca de los deberes de vigilancia y control" eran motivos suficientes para quedar fuera del caso.

La resolución del recurso cuestionaba la eficacia y fechas de implementación de los protocolos de prevención de delitos en PwC, indicando que estos no garantizan la exoneración automática de responsabilidad.

También ponía en duda si PwC supervisó correctamente las auditorías de 2015 y 2016, señalando, como indicio en contra, los presuntos delitos de personas vinculadas a la firma, pese a su programa de prevención de riesgos.

Ni la Fiscalía ni la OCU acusó a la Big Four

Tras los recursos, el juez Calama decidió este viernes abrir juicio oral contra las partes acusadas. En el caso de PwC, la Fiscalía finalmente no le acusó, pero sí que lo hizo el resto de las acusaciones, excepto la OCU. El juez resolvió que, sin perjuicio de su responsabilidad directa como acusado, la Big Four debía de responder de forma subsidiaria en relación con los hechos por los que vienen acusados los dos auditores de la mercantil.

La resolución, al que tuvo acceso El Confidencial, también rechaza las objeciones planteadas por PwC respecto a la legitimidad de algunos perjudicados en la causa, calificándolas de improcedentes y fuera de lugar en un proceso penal.

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Además, critica que la firma no cuestionara esta legitimación durante la instrucción, calificando su acción como "extravagante e intempestiva" y atribuyendo la falta de reacción al desempeño de sus abogados. Ahora, la Big Four cuenta con menos de 20 días para presentar sus escritos de defensa.

Mientras tanto, el sector de la auditoría sigue de cerca el caso contra PwC, pues es consciente de que su resultado podría cambiar las reglas del juego para todas las firmas. En un contexto donde el cumplimiento normativo no ha sido suficiente para evitar acusaciones, el caso deja al descubierto las tensiones entre el alcance de las auditorías y las expectativas sociales y judiciales, avivando los ecos de una incertidumbre sobre el futuro de la profesión que son ya familiares en el gremio.