Hipotecas y seguros serán más caros en zonas de riesgo climático

La DANA marca un antes y un después en el análisis de riesgos climáticos en el sector financiero. La catástrofe natural ha cobrado la vida de más de 200 personas y ha causado daños por unos 4.000 millones de euros. De cara al futuro, bancos y aseguradoras están acelerando la actualización de sus modelos en las zonas donde se perciban riesgos climáticos como inundaciones o incendios.

De hecho, la DANA no ha sido el único aviso reciente. En el verano de 2022, se produjo el mayor incendio de la historia de España en la Sierra de la Culebra, en Zamora. Los daños materiales y humanos están lejos de la catástrofe provocada por la DANA en Valencia y en zonas de Castilla-La Mancha, aunque siguen existiendo miles de hectáreas calcinadas que antes eran bosque. Estos fenómenos corroboran la aceleración en el aumento de riesgos climáticos.

Los supervisores han tenido hasta ahora un enfoque climático centrado en la contaminación. Es decir, han puesto el acento en la prevención del cambio climático para mitigar los riesgos de financiar empresas o sectores que contribuyan al mismo y buscan fórmulas para evaluar el riesgo en los balances de los bancos. En 2022, el BCE realizó el primer test de estrés climático a los bancos europeos, ejercicio que repetirá en 2025 con nuevas pruebas.

Además, las autoridades europeas de supervisión, EBA, EIOPA, ESMA y el BCE, han publicado esta semana los resultados del análisis climático del paquete Objetivo 55. Concluyen que es poco probable que los riesgos climáticos afecten a la estabilidad financiera, pero sí pueden causar daños económicos sustanciales a las entidades financieras.

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"El reciente y dramático episodio de la DANA sufrida en Valencia pone en evidencia las graves consecuencias que tiene el cambio climático para la economía de una zona", afirmó recientemente Soledad Núñez, nueva subgobernadora del Banco de España, quien alertó de que estos eventos "van a ir en aumento".

Ya en el test de 2022, "un resultado preocupante fue 'que la mayoría de las entidades no cuenta con marcos sólidos de pruebas de resistencia sobre riesgo climático ni dispone de datos pertinentes a este respecto'", explica Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia y director adjunto del Ivie. "Con acontecimientos tan catastróficos como la reciente DANA de Valencia, este tema de los riesgos que asume la banca por el cambio climático adquiere aún más relevancia. Si el riesgo aumenta, acabará afectando a la estimación de las posibles pérdidas esperadas de los bancos y, por tanto, a las provisiones que se realizan. Un mayor coste del riesgo se tiene que trasladar a la prima de riesgo que cobran los bancos, necesaria para cubrirse del mayor riesgo, y eso se verá repercutido en el coste del crédito", agrega.

Los propios bancos, por la presión regulatoria, convencimiento o por el interés de captar inversores de bonos o acciones con etiqueta ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés), han acelerado sus objetivos de descarbonización del balance y el aumento de financiación verde.

Pero este enfoque se ha quedado corto porque los riesgos climáticos son cada vez más evidentes y palpables. La DANA de Valencia costará unos 4.000 millones, según cálculos de DRBS. El Consorcio asumirá el grueso del coste, con unos 3.500 millones, a lo que se suman 167 millones de costes agrarios y más de 300 millones en costes para las aseguradoras de siniestros no consorciables. La catástrofe restará entre 800 millones y 1.000 millones al PIB este año, según estimaciones del Banco de España.

De hecho, los bancos tienen una exposición de 20.000 millones en créditos en las zonas afectadas por la DANA, con 13.000 millones en hogares, principalmente hipotecas, y el resto en préstamos a empresas. No toda esta financiación va a caer en morosidad, pero sí habrá pérdidas cuantiosas para los bancos, que se han volcado en acordar con el Tesoro moratorias y líneas de crédito blando.

Hasta ahora, la regulación no ha exigido provisiones adicionales en función del riesgo climático porque no ha examinado este punto. La valoración se basa en la diferencia entre el préstamo y el valor de la vivienda, con provisiones según el riesgo estimado de la operación por impagos. Pero estos eventos climáticos se van incorporando a los modelos. Desde el área de Estabilidad Financiera del Banco de España explicaron recientemente que se está estudiando cómo se traduce el riesgo climático a los riesgos tradicionales para evaluar implicaciones posteriores, como las provisiones.

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La supervisión se ha limitado a exigir provisiones según la diferencia entre la tasación y el dinero prestado, y considera que las tasadoras son las que deberían incorporar el riesgo climático, aunque en su batalla contra el sector, el Banco de España no tiene claro que sea así.

Desde la tasadora Tinsa by Accumin explican que recogen información sobre riesgos medioambientales que afectan a los inmuebles a través de una herramienta de big data. "La recolección por los organismos oficiales de datos históricos de este tipo de eventos y la ponderación de su frecuencia y gravedad se ajustan a la Taxonomía aprobada por la Comisión Europea".

No obstante, recuerdan que está pendiente por el Ministerio de Economía la modificación de la norma ECO/805/2003 que determina los criterios técnicos para valorar un inmueble que se aporta como garantía de un préstamo hipotecario. Se pretende incorporar los riesgos medioambientales, que hasta ahora no se citan explícitamente, aunque "las tasaciones advierten de especiales situaciones de riesgo, especialmente cuando determinados inmuebles incumplen peligrosamente la legislación sectorial en materia de aguas y costas”.

La actualización del método de tasaciones y la probable mayor exigencia futura de más provisiones cuando se perciban riesgos climáticos, encarecerán los préstamos asociados. Pero el propio sector bancario irá incorporando estos riesgos en su análisis de operaciones y en los precios asociados. Según fuentes financieras, ya están en ello, y los bancos acelerarán la actualización de sus modelos. Si un inmueble de una persona física o jurídica está en una zona con riesgo de incendios o inundaciones, hay mayor probabilidad de pérdida crediticia por morosidad.

El banco con más presencia en Valencia es CaixaBank. En la presentación de su nuevo plan estratégico, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, explicó que hay que esperar tiempo antes de cambiar los modelos tras la DANA: "Ya llevamos tiempo con un mapa de calor sobre el impacto de riesgos climáticos. Cuando hay un acontecimiento de esta importancia, supervisores, reguladores y bancos volverán a mirar si todo cuadra". "Es pronto para dar una respuesta firme" sobre el impacto futuro de estos riesgos en el precio. "No partimos de cero porque ya los modelos incorporan hipótesis", añadió Gortázar.

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El consenso es claro. Habrá créditos más caros para empresas y para personas que estén en áreas en las que se percibe que hay un riesgo climático elevado. Si bien las amenazas sobre el clima no están del todo acotadas, hay un mapa de calor al que se refirió Gortázar que ilustra dónde se cree que hay más riesgos.

Por la parte de seguros, también se espera que haya un encarecimiento paulatino. La gran parte de los daños ocasionados por la DANA los cubre el Consorcio, un invento español que envidian en otros mercados y que consiste en que un ente público gestione un colchón de reservas creado a partir de recargos sobre las primas que cobran las aseguradoras privadas. Está enfocado en cubrir riesgos difícilmente cuantificables, como el volcán de La Palma o los daños de la DANA.

El problema es que los riesgos climáticos cada vez son mayores, y que no todos están cubiertos. Las aseguradoras van a soportar una pequeña parte del daño económico causado por la DANA, como también por las tormentas en Málaga días después. Y se comieron en 2021 todo el daño económico que causó Filomena en Madrid, que se cuantificó en 230 millones de euros.

El Consorcio ya ha dicho que no hay razón para reevaluar el perímetro de los riesgos climáticos que están cubiertos por el organismo, que depende de Economía. Las aseguradoras seguirán poniendo precio a los riesgos de daños ocasionados por eventos como nevadas o granizadas que, según se ha visto en los últimos años, cada vez son más frecuentes. Incluso los riesgos consorciables también ocasionan pérdidas indirectas a las aseguradoras, por futuros recargos en primas o por daños adicionales no cubiertos. Una tormenta contra los precios del crédito y los seguros que no ha hecho más que empezar.

"Los potenciales mayores requerimientos de provisiones y capital serían asumir un mayor coste por parte de las entidades bancarias, al tener que incorporarlos en su marco de gestión de riesgos, a los que hay que sumarles el reporting que tiene que hacer cualquier entidad de cualquier sector por la entrada en vigor de la CSRD este año. Por ello, la incorporación de estas métricas y seguimientos se van a realizar de manera gradual, incorporando todos los ámbitos de información y regulación, no sólo supervisora bancaria o de aseguradoras, y podrían tener impactos en aquellas zonas con mayor propensión a sufrir desastres naturales, si no se miden convenientemente", explica Fernando Rojas, profesor asociado de CUNEF.