Consumo multa a las aerolíneas 'low cost' con 179 millones por cobrar el equipaje de mano

Se concreta la sanción administrativa a las aerolíneas low cost. El Ministerio de Consumo les ha impuesto una multa de 179 millones de euros por cobrar el equipaje de mano, la impresión de billetes en los aeropuertos y la reserva de asientos, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado El Confidencial. Entre las compañías afectadas se encuentran Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian.

El Ministerio de Consumo considera que esas prácticas suponen una falta "muy grave", lo que le habilita para imponer sanciones de entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido. Como cada una de las compañías obtiene unas ganancias diferentes, el castigo económico es desigual, afectando en mayor medida a las que gozan de mejor salud financiera. Por este motivo, Ryanair tendrá que asumir alrededor del 60% de esa sanción, es decir, unos 107 millones.

Desde la Asociación de Líneas Áreas (ALA) consideran que esta decisión "es un sinsentido". Adelanta que las compañías acudirán a los tribunales de manera individual para presentar un recurso contencioso-administrativo y pedir medidas cautelares. Por lo tanto, recuerda que la multa no es firme hasta que exista una resolución judicial firme y que seguirán cobrando tanto por la maleta de mano como por imprimir billetes y reservar asientos.

Las compañías entienden que están amparadas por el Reglamento Europeo 1008/2008 [que establece la libertad de fijación tarifaria], además de varias sentencias emitidas en distintos juzgados. También apuntan que, en marzo de 2013, la Comisión Europea señaló en una respuesta parlamentaria que "el cobro por equipaje de mano de cualquier tamaño está permitido".

Sin embargo, en octubre del año pasado, el Europarlamento instó a la Comisión Europea a iniciar los trámites para prohibir que las aerolíneas cobren a los pasajeros por su maleta de mano, pero es una medida que todavía no han empezado a legislar. Incluso, cabe la posibilidad de que pasen varios años hasta que se promulgue o que no llegue a aprobarse nunca. Es decir, todavía no existe una ley a la que puedan acogerse los viajeros cuando les quieran hacer pagar este suplemento.

En caso de que la vía judicial no fuese favorable, desde ALA sostiene que España quedará en desventaja porque esas prácticas no están vetadas en otros países de nuestro entorno. "Nos sitúa como el único país de la Unión Europea donde se quiere prohibir las prácticas de cobro por equipaje en cabina, lo que, además de ser una injerencia ilegal y atentar contra la libertad de mercado, supone un agravio comparativo", remarca en el comunicado difundido este viernes.

Desde ALA sostiene que España quedará en desventaja porque esas prácticas no están vetadas en otros países de nuestro entorno

También advierten que si se les prohíbe cobrar estos suplementos, subirá el precio de todos los billetes. Según las cifras de la asociación de aerolíneas, se verían afectados "50 millones de pasajeros que se están beneficiando de tarifas más baratas porque no suben a las cabinas con un tróley", como ha señalado el presidente de ALA, Javier Gándara, en rueda de prensa.

"Estas multas ilegales e infundadas, inventadas por el Ministerio de Consumo de España por razones políticas, violan claramente la legislación de la UE", ha señalado el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, en un comunicado en el que confirma que apelará inmediatamente. "Destruirían la capacidad de las aerolíneas de bajo coste de generar ahorro para los consumidores mediante tarifas más económicas", ha remarcado.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también ha lamentado la sanción. "Socava la libertad de fijación de precios, que es fundamental para la elección del consumidor y la competencia, un principio que ha sido defendido durante mucho tiempo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", destacan en un comunicado. Llegan, incluso, a calificarlo de "una decisión atroz".

Con la sanción de 179 millones, el Ministerio de Consumo atiende las denuncias que recibió por parte de distintas asociaciones de consumidores, como Facua y la OCU. La investigación comenzó en el verano de 2023, cuando la cartera que por aquel entonces estaba en manos de Alberto Garzón abrió expedientes a las aerolíneas de bajo coste por posibles prácticas consideradas abusivas.