Santander carga contra la reforma fiscal: "Quiebra la seguridad jurídica y el crecimiento"

Los bancos han lanzado una ofensiva final contra la propuesta de establecer un impuesto específico en medio de una reforma fiscal que está en el aire tras el caos vivido este lunes en el Congreso. Santander ha sido la entidad más explícita en su crítica al asegurar que se está atentando contra la seguridad jurídica.

Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y persona clave en grupo cántabro, ha dado la voz de alarma este martes al vincular las críticas que recibe América Latina con el riesgo de que se quiebre la seguridad jurídica en España con medidas como la reforma fiscal que está en el Congreso.

"Las críticas de América Latina nos tienen que hacer pensar que tenemos que ser muy cuidadosos con las instituciones, con el Estado de derecho, con la transparencia y con instituciones como los mercados y la seguridad jurídica", ha advertido el ejecutivo, que es responsable global de Comunicación, Márketing y Estudios.

En el Foro Latibex, que organiza BME, ha añadido que, "en este contexto, la reforma fiscal que estamos viendo en los últimos días no es el mejor ejemplo de potenciar la atracción de inversión extranjera, creemos que esa oscuridad quiebra la seguridad jurídica y en el fondo se trata de un ataque al crecimiento económico y al progreso social".

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En medio de la ofensiva de Repsol y del resto de las energéticas contra el impuesto, que llevó a recabar el apoyo de Junts y a tumbar la renovación del gravamen, la banca tardó en reaccionar. En las últimas semanas, ha vuelto a haber una ofensiva del sector para criticar el impuesto y tratar de contribuir a que se elimine, ante la propuesta del PSOE, pactada con Junts y con Sumar, de establecer un gravamen durante tres años con tipos progresivos para la suma del margen de intereses y de las comisiones netas.

Las patronales AEB y CECA han vuelto a pronunciarse este martes, tras una jornada caótica en el Congreso que dejó la reforma fiscal en el aire y antes de la votación prevista para el jueves. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha reclamado que desde el legislador se lleven a cabo "procesos normativos ordenados y transparentes que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado".

Los cálculos de la AEB apuntan a que el impuesto detraerá de la economía 50.000 millones de financiación a empresas y familias. También ha asegurado que "tendrá consecuencias negativas porque implica la fragmentación del mercado español, con la diferente aplicación por comunidades autónomas, y supone el señalamiento al sector bancario, esencial para el progreso económico y social".

Por su parte, Juan de Villota, director de asesoría fiscal de CECA, ha criticado la "situación de incertidumbre" que se ha generado y que "no es deseable para los mercados, ni para los inversores, ni para los propios agentes económicos".

También Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha criticado el impuesto: "No nos parece justificado ni que vaya a facilitar el crecimiento", ha señalado en la presentación del plan estratégico para 2025 a 2027. Esta vez, ha sido menos explícito en su crítica que el 31 de octubre, cuando en la presentación de resultados aseguró que "Hay doble imposición. Nuestros abogados lo mirarán. Como necesitamos seguir reduciendo el déficit, se piensa en la banca. Y creo que hay que pensar que la justificación solo es que la banca ha de pagar más que otros sectores. Se habla de rentabilidad, y no es una premisa cierta, el Ibex tiene una rentabilidad del 18%, más que la banca, que es del 13%. Lo que hay que hacer es tener un debate sereno sobre este asunto".

"Más grave que [la propuesta de impuesto] consagra y exagera la discriminación entre entidades. El anterior solo se imponía a un determinado grupo de entidades. Ahora se hace el impuesto progresivo, algo que estoy a favor en las personas físicas, pero en las personas jurídicas se me escapa, porque las empresas más grandes pagan más por serlo. Porque una empresa grande puede tener un millón de personas y una pequeña una persona. Se grava desde el 1% al 6%, nosotros somos la entidad más grande, podría llamarse la tasa CaixaBank. No tiene sentido. Somos más grandes, más competitivos, hacemos más cosas. Tenemos labores de inclusión con Criteria que no se tienen en cuenta. Y tampoco hay deducciones por labores como estar en localidades sin servicios", añadió Gortázar en su crítica.