Tensión a tres bandas por Muface: grietas entre Función Pública, Sanidad y aseguradoras

El Gobierno vuelve a mostrar falta de consenso en un tema clave como el futuro de Muface, que mantiene en vilo a 1,5 millones de funcionarios atendidos por la sanidad privada a través de este concierto. En las aseguradoras se ha disparado el malestar con el Ejecutivo por la iniciativa de imponer un impuesto a los seguros de salud.

Sanidad, ministerio que dirige Mónica García, de Sumar, publicó este lunes un informe contrario a Muface que aboga por su desaparición. Defiende que se prorroguen los contratos con las aseguradoras nueve meses y se prepare el paso de los 1,5 millones de funcionarios a la sanidad pública.

“El modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso”, aseguró el informe de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad ha actuado de forma unilateral, sin consenso ni acuerdo con el resto del Ejecutivo. De hecho, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por el socialista Óscar López, cercano a Pedro Sánchez, trabaja a contrarreloj para lanzar un nuevo pliego que permita salvar Muface, según confirman fuentes del ministerio. Sumar ha apoyado la propuesta de Sanidad. El socio del PSOE se posiciona en contra, mientras que los socialistas tratan de evitar una revuelta de los funcionarios. La federación de asociaciones de funcionarios Fedeca ha calificado la propuesta de Sanidad como “una ocurrencia que añade incertidumbre y desconcierto”.

TE PUEDE INTERESAR

Sanidad plantea suprimir Muface e integrar a los usuarios en la sanidad pública en 9 meses

A. M. P. EFE

Así, vuelve a aumentar la tensión en torno a Muface a menos de un año y medio de que expire el actual concierto el 31 de diciembre, aunque el Gobierno puede prorrogarlo unilateralmente durante nueve meses en las condiciones actuales. Sin embargo, desde las aseguradoras advierten que esta prórroga sería la puntilla para el sistema.

En el último pliego, que quedó desierto, Función Pública ofreció un aumento del 17,2% en la prima para las aseguradoras para el próximo bienio, con 1.337 millones en 2025 y 1.344,5 millones en 2026. Las tres aseguradoras del sistema, Adeslas, Asisa y DKV, rechazaron participar tras denunciar pérdidas de 200 millones anuales en el anterior concierto de tres años. DKV, la más reticente a seguir en Muface, señaló que con las nuevas condiciones perdería 74 millones en dos años.

TE PUEDE INTERESAR

El fin de Muface tensionaría más la sanidad en la España Vacía y apenas se notaría en Euskadi

Marcos Lema

Pese a la urgencia, no hay contactos al más alto nivel entre las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública, que confía en presentar condiciones suficientes para que al menos dos de las tres aseguradoras participen, evitando el colapso de Muface. Existe temor a la reacción de los funcionarios, cuyos sindicatos han amenazado con movilizaciones, y al riesgo de caos en la sanidad pública al incorporar repentinamente a 1,5 millones de pacientes. También hay riesgo de despidos y recortes en la sanidad privada.

Antes del verano, el Gobierno ofreció a las aseguradoras un aumento del 24%, que se consideró insuficiente pero aceptable como punto de partida. Días antes de publicar el pliego, el ministro Óscar López propuso un alza del 14%, lo que generó malestar entre los directores generales de las aseguradoras. Finalmente, se propuso un 17%, que también ha resultado insuficiente.

Además, las aseguradoras están en desacuerdo con el Gobierno por la propuesta pactada entre PSOE y Sumar, en este caso con consenso, de eliminar la exención del impuesto de primas de seguros (IPS) para los seguros de salud. Este tributo, del 8%, aceleraría la inflación ya existente en estas pólizas.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno no aclara el futuro de Muface y los sindicatos amenazan con movilizaciones

Cotizalia / Agencias

En los últimos años, los costes se han disparado en la sanidad privada debido a la presión salarial de médicos, enfermeros y otros profesionales, al encarecimiento de máquinas y materiales, y al aumento del coste energético. Además, hay un mayor uso de la sanidad privada por dos razones principales, según las aseguradoras: mayor preocupación por la salud desde la pandemia del covid y la percepción de un deterioro del servicio del Sistema Público de Salud. Esto ha llevado a que muchos pacientes que usaban el seguro privado como plan B lo utilicen ahora como su opción principal, incrementando la siniestralidad.

Muface es un concierto público mediante el cual el Estado paga una cuantía fija a las aseguradoras que acuden a la licitación para que faciliten asistencia sanitaria privada a los funcionarios que así lo deseen. Los funcionarios pueden elegir. Si escogen la sanidad privada, dejan de tener acceso a la pública. El 72% de los funcionarios escoge Muface (34% elige Adeslas –propiedad de CaixaBank y Mutua Madrileña–, el 25%, Asisa –de Lavinia– y el 13%, DKV –de Munich RE–).

Costes

Adeslas, la principal aseguradora de Muface, obtuvo ingresos por primas de 8.057 millones en 2023. Muface representa entre un 5% y un 10% de estos ingresos. Aunque su desaparición se notaría a corto plazo, afectaría principalmente a los proveedores: hospitales, centros de pruebas o clínicas que atienden a los clientes de las aseguradoras. Adeslas tendría que ajustarse, pero el impacto principal recaería en terceros.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno ultima otro intento de salvar Muface y evitar el riesgo de caos para la sanidad

Óscar Giménez

En el sector recuerdan que el coste sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros en la sanidad pública. Estos datos provienen de un estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que respalda la postura del sector privado. También argumentan un ahorro de 1.000 millones para la sanidad pública.

Además, Adeslas encargó un estudio a los economistas Alberto Montero (Universidad de Málaga) y Román Salmerón (Universidad de Granada), al que ha tenido acceso este medio, en el que se concluye que se necesitaría un alza del 27% respecto a la cuantía de 2023 para cubrir costes en 2025, y un incremento adicional del 9% en 2026.

Los economistas Montero y Salmerón advierten que existe una correlación entre los aumentos de ingresos y los de costes, ya que un aumento de ingresos al inicio de un convenio también incrementa la presión sobre los costes debido a los proveedores y el personal. Los técnicos estiman que Adeslas enfrentará en 2025 un gasto de 882 millones, una cifra que solo se incrementaría un 1,86% respecto a 2024. El problema es el déficit acumulado en el último concierto. Los principales costes provienen, en este orden, de las remuneraciones de los médicos y otros profesionales, del gasto en hospitalizaciones y de las pruebas diagnósticas.

Hasta ahora no ha habido estudios específicos sobre el impacto de la desaparición de Muface o de establecer un impuesto a los seguros de salud privados. Pero la AIReF estudió qué pasaría si se impone un IVA del 21% a la sanidad privada, y concluyó que habría un incremento de la demanda de sanidad pública, ampliando las listas de espera u obligando a las comunidades autónomas a elevar el gasto público.