El impuesto a los seguros de salud elevaría la tensión con la sanidad pública

El Ejecutivo de PSOE y Sumar ha acordado gravar a los seguros sanitarios, lo cual afectará a cerca de 13 millones de personas. Aunque el PNV ya ha advertido que está en contra de la propuesta, lo que deja, de facto, en vía muerta el plan fiscal del Gobierno, el sector asegurador está en guardia. Si la medida sale adelante, temen una pérdida de clientes que acabaría presionando el servicio de la Seguridad Social. El impuesto lo recauda el Estado, pero el impacto podría verse en las comunidades autónomas.

El impuesto sobre primas de seguros (IPS), específico para un sector en el que no hay IVA, y que el Gobierno subió del 6% al 8%, está exento para las pólizas de salud y para los seguros de vida. Pero PSOE y Sumar han acordado eliminar esta exención en los seguros sanitarios.

Esta decisión llega en plena espiral inflacionista para un ramo que ha crecido mucho en los últimos años. Los comparadores calculan que ya ha habido un encarecimiento del 50% en la última década, y que superará el 10% el año que viene. En el sector asegurador se ha disparado la preocupación en las últimas horas, y los ejecutivos advierten que podría haber una caída de contrataciones de seguros, presionando a la sanidad pública.

La AIReF incluyó en 2020 un análisis del beneficio fiscal de la sanidad privada en la evaluación del gasto público que realizó sobre datos del año anterior. En aquel momento se centró en la exención de IVA de los servicios sanitarios. El Gobierno ha optado por gravar los seguros de salud y elevar la presión fiscal por otra vía.

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El supuesto de la AIReF no es extrapolable por las diferencias impositivas, ya que estimó un IVA del 21%, en vez de un IPS del 8%, y por aplicarse sobre distintos hechos imponibles. Aunque en ambos casos encarece el producto, es la única aproximación reciente que se ha realizado. La conclusión es que el incremento de la recaudación se anulaba con el aumento necesario del gasto público para atender a un incremento de la demanda de sanidad pública.

La AIReF estimó que la elasticidad sobre el precio de la demanda de seguro sanitario en España está entre -0,43 y -0,5. La autoridad fiscal, entonces presidida por José Luis Escrivá, señaló en su análisis que si se encarece la sanidad privada se reducirán los usuarios, lo cual aumentará la demanda de servicios sanitarios públicos. Las comunidades autónomas deberán asumir un deterioro del servicio con más listas de espera o incrementar el gasto.

El aumento de gasto estimado por la AIReF para una elasticidad de 0,5 era de 975 millones, que deberían acometer las comunidades autónomas. La relación estimada por la AIReF es que el encarecimiento de la sanidad privada expulsaría a muchas personas que recurrían a utilizar más la sanidad pública, obligando a las regiones a elevar el gasto para aumentar las capacidades.

El encarecimiento de la sanidad privada expulsaría a muchas personas que recurrían a utilizar más la sanidad pública

No obstante, era un cálculo para un 21% de IVA. En este caso es del 8% y en el IPS. Además, los expertos consideran que la elasticidad podría haber variado desde el coronavirus, porque hay más gente en la sanidad privada y, sobre todo, más usuarios haciendo uso de los seguros. Antes, las aseguradoras consideraban que muchas personas usaban el seguro como plan B, y ahora es la primera opción ante la percepción de un deterioro en la calidad del Servicio Público de Salud. Pero sirve de aproximación para entender la dinámica que podría producirse.

El IPS es un impuesto indirecto que recauda el Estado y que no está cedido parcialmente a las comunidades autónomas, como ocurre con el IVA. En este caso, el IPS aumentaría la recaudación central, y si se cumple el pronóstico negativo de las aseguradoras de que reducirá la demanda de seguros privados y aumentará la del uso de la sanidad pública, presionará al alza el gasto de las comunidades autónomas.

Hay que recordar que los contratantes de seguros sanitarios están exentos de IPS o de IVA pero, en su mayoría, cotizan a la sanidad pública aunque no la utilicen. Desde el sector asegurador avisan de que esto reduce listas de espera y se evita sobrecargar más la sanidad pública.

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Los seguros sanitarios tienen una prima media de entre 38,3 euros y 89,7 euros, según las coberturas y las características del asegurado. Un IPS del 8%, sumado a la espiral inflacionista de los últimos años por el incremento de costes (por presión salarial de los médicos, encarecimiento de las infraestructuras o aumento de los precios de la energía), afectaría a la demanda.

Desde la patronal, Unespa, recuerdan que con los últimos datos de la Agencia Tributaria, de 2022, había 1,2 millones de contribuyentes de IRPF con rentas superiores a los 60.000 euros de las 23 millones de liquidaciones. Hay casi 13 millones de personas con seguro de salud: “Si se ponen en relación ambas cifras, se desprende claramente que más de 10 millones de ciudadanos que contratan un seguro privado de salud no se pueden considerar personas de rentas altas”.

“Gravar el seguro privado de salud con un IPS del 8% provocaría una caída en el número de personas que contratan este tipo de seguros y, por tanto, un incremento de la demanda asistencial del Servicio Público de Salud en todo el territorio nacional. La aprobación de dicha medida tendría, por tanto, efectos muy negativos para todos los ciudadanos españoles”, insiste Unespa.

La Comunidad de Madrid es la región con mayor porcentaje de asegurados de salud respecto a su población, con un 40,5%, según datos de Unespa a 2023. Seguidamente, están Ceuta (36,7%), Cataluña (34,2%) y Baleares (32,5%).