Las empresas públicas no dan con las grandes auditoras: "Si buscan una Big Four, que la paguen"

Desde hace varios años, las empresas públicas están teniendo problemas para encontrar grandes firmas que auditen sus cuentas. Por ejemplo, este año Navantia ha tenido que hacer hasta tres concursos públicos para dar con una firma y más recientemente ISDEFE, al límite de terminar el año, al segundo intento pudo dar con una empresa que audite sus cuentas de este año 2024 y los tres próximos, pero rebajando los criterios que pedía.

Este problema llega hasta el extremo de que existen empresas públicas que tienen sociedades dependientes sin auditar, como es el caso de Renfe en Arabia Saudí, que lleva dos años sin auditor. Las grandes auditoras contactadas, entre ellas las Big Four, explican que entre el riesgo reputacional y los bajos honorarios cada vez encuentran menos alicientes para auditar a este tipo de clientes.

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Fuentes de la Big Four indican que la actividad de auditoría ha evolucionado mucho durante los últimos años, y apuntan que sería conveniente que las empresas públicas adaptasen los presupuestos de sus licitaciones, ya que muchos de ellos siguen siendo los mismos que hace años. "La calidad es muy importante, y un auditor prefiere no licitar a un concurso si no va a poder dedicar las horas necesarias o los especialistas pertinentes para hacer un buen trabajo", matizan.

Navantia tuvo que sacar Arabia, Australia y UK

Las empresas públicas son conscientes de este problema, así lo aseguran desde otra Big Four, pero apunta que no tienen mucho margen para aumentar los honorarios, ya que utilizan de referencia las licitaciones pasadas. Esto se puede ver claramente en el caso de Navantia, que con un presupuesto de 975.000 euros buscaba auditar sus cuentas consolidadas y sus siete sociedades dependientes durante tres años. La licitación no prosperó y tuvieron que sacar una nueva, elevando el presupuesto a 1,4 millones de euros.

No obstante, esta licitación tampoco prosperó. Y en un tercer intento volvió a licitar el contrato, pero omitiendo la auditoría de las filiales en Australia, Reino Unido y Arabia Saudí y rebajando el precio, finalmente el encargo recayó en PKF Attest. Fuentes del sector aclaran que auditar estas filiales implica involucrar a equipos locales y labores de coordinación; que hay que "trasladar al presupuesto del concurso". Desde Navantia explican a este medio que las tres filiales restantes están siendo auditadas por otras empresas, pero no facilitan más detalle.

La cuestión es si las grandes auditoras han perdido el interés en este tipo de contratos. "A las Big Four, y las otras del siguiente escalón, sí nos interesa auditar este tipo de empresas que suelen tener un bajo riesgo por su condición de empresas públicas. Pero para hacer el trabajo de auditoría con los estándares de calidad que exige la normativa y nos exigimos las propias firmas, si concluimos que no hay forma de obtener rentabilidad, pues no tiene sentido presentarse", responden desde una firma grande de auditoría.

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El problema está en el precio. De hecho, existe un gap entre los honorarios del mercado público frente al privado. Si cogemos de referencia los fees más altos que se pagan en el sector privado, muchos de estos ejemplos están en el Ibex, donde en un año una auditora se puede embolsar desde 132 millones con Banco Santander a 7,9 millones de euros por auditar al Grupo Inditex.

En el sector público, actualmente es Aena la empresa pública que más paga en honorarios, unos 596.000 euros al año. No obstante, al hacer esta comparación es importante matizar que no todas las empresas públicas se igualan al tamaño de facturación y número de empleados de las firmas privadas.

"Importa más el coste que el propio servicio"

Desde otra Big Four explican que los concursos suelen abarcar un período de 5 años, que es la duración máxima de los contratos públicos; ya que licitar un concurso genera mucho trabajo a la organización. "Sin embargo, en estos concursos el presupuesto es cerrado para todo el período, y casi inamovible: resulta muy difícil cambiar dicho presupuesto para absorber aspectos como los incrementos de costes, promoción de los equipos que trabajan en esas auditorías o reflejar situaciones extraordinarias que requieren la atención del auditor".

Apuntan que hay mecanismos que permiten introducir modificaciones en el contrato, pero las empresas públicas son muy reacias y, además, tienen una limitación general del 20% del presupuesto del contrato.

"Dada la alta competencia, si se queda desierto un concurso, es evidente que hay un gap"

Por último, critican que "el peso que se le da al precio en los baremos de evaluación es excesivo, mostrando que a la organización pública le importa más el coste que el propio servicio, lo cual no es muy motivador". Zanjan que en definitiva, y esencialmente, se trata de una cuestión de prioridad presupuestaria.

"El precio debería depender de varios factores, pero sobre todo del tamaño, actividad, estructura de la sociedad, complejidad… No vemos que haya una pauta dentro del sector público o al menos nosotros no lo observamos", explica una fuente de auditoría de Big Four. "Lo que está claro es que si se queda desierto un concurso y dada la alta competencia que existe en el sector, es evidente que hay un gap entre lo que licita la empresa y lo que una firma espera", concluye.

ISDEFE da con auditor in extremis

Otro caso reciente es el de la empresa pública ISDEFE, que depende del Ministerio de Defensa de España. Como ya contó este medio, estaba teniendo dificultades para encontrar una gran firma de auditoría que se encargara de auditar sus cuentas anuales de este año y hasta 2028. Inicialmente, ofrecieron un contrato con un presupuesto de 105.000 euros, unos 35.000 euros anuales, que quedó desierto.

El contrato, que quedó sin adjudicar, exigía que la empresa seleccionada tuviera al menos cinco años de experiencia en la auditoría de compañías con ingresos superiores a 200 millones de euros y más de 1.800 empleados. Además, el equipo debía incluir un socio con una trayectoria de diez años, un gerente con cinco años de experiencia y de dos a cuatro asistentes con un mínimo de tres años de práctica.

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Como ninguna firma presentó oferta, la empresa pública volvió a sacar a concurso el contrato, pero reduciendo los requisitos de experiencia del auditor y el presupuesto. En este segundo intento recibieron una única oferta, de Forvis Mazars que resultó adjudicataria a finales del mes pasado.

En definitiva, las empresas públicas en España lo tienen cada vez más difícil para encontrar grandes auditoras que quieran trabajar con ellas. Los presupuestos ajustados y la preferencia por el precio sobre la calidad hacen que las grandes firmas cada vez lo vean menos rentable. Esto poco a poco está abriendo una brecha con el sector privado, donde los honorarios son un poco más atractivos. Si no se revisan estas políticas, las empresas públicas seguirán buscando auditores sin éxito y enfrentando cada vez más complicaciones para mantener sus cuentas al día.