Aragonès pagó de tapadillo 365,6 millones a un fondo buitre por el fiasco de ATLL

Pere Aragonès pagó en secreto al fondo Fortress, considerado un fondo buitre, la suma de 365,6 millones de euros de dinero público de la Generalitat en cumplimiento de una petición de ejecución provisional de sentencia por el litigio contra la administración catalana derivado de la fallida privatización en 2014 de la empresa pública de gestión de agua en alta Aigües del Ter Llobregat (ATLL), que fue vendida a Acciona, según han confirmado portavoces de la conselleria de Economía. El ejecutivo de Aragonès no solo ocultó el desembolso, sino que, además, realizó ese gasto el pasado 28 de mayo de 2024, cuando su gabinete ya estaba en funciones, porque en ese momento Salvador Illa ya había ganado las elecciones catalanas.

Para ocultar un desembolso tan cuantioso —equivalente al presupuesto de la conselleria de Cultura—, lo primero que se hizo fue omitir que el 28 de mayo el Consell Executiu había aprobado "Autorizar la transferencia de créditos del presupuesto para 2023 prorrogado para 2024, entre diferentes conceptos presupuestarios de los capítulos 2 y 5 del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural y la sección presupuestaria Fondo de contingencia, por un importe de 1.975 millones de euros", tal y como consta en el acuerdo de Govern.

Esta dotación al Fondo de Contingencia era "para financiar el pago de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por Aigües Ter-Llobregat, concesionaria de la Generalitat de Cataluña", según recoge ese mismo acuerdo.

El entonces mano derecha de Aragonès y viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, acostumbraba a omitir de la información pública a los medios tras el Consell Executiu aquellas resoluciones que podían resultar polémicas. Tres semanas después, la totalidad de lo acordado se publica en una web. Ese retraso ya le había servido para encubrir el pasado mes de febrero la renovación de las licencias para el proyecto del Hard Rock Café en Tarragona.

Del acuerdo del 28 de mayo salieron los 365,6 millones que se destinaron a "hacer frente a la sentencia de ATLL", según consta en el informe mensual de ejecución presupuestaria de la Generalitat correspondiente al mes de mayo y que se publicó en julio. Sin embargo, el departamento de Economía alegó que esa partida era una provisión, cuando en realidad el dinero ya había salido de la caja, y, como reconoce ahora el propio departamento, "la Generalitat pagó el importe de la sentencia". En el acuerdo omitido por la Generalitat se indica que el pago fue "la propuesta de la consellera de Economía", en ese momento Natalia Mas.

El mismo 28 de mayo en que se ocultaba el pago de 365,6 millones, la Generalitat informaba a los medios de comunicación de asuntos tan relevantes como 5,7 millones de euros en subvenciones de la Agencia de Residuos, un millón de euros para el acompañamiento judicial a las víctimas de violencia machista o 14 millones para la reforma integral de una residencia de la tercera edad.

Historia de un desastre

Este pago en secreto es el cierre de una de las historias más desastrosas de la economía catalana. En 2010, Artur Mas formó su nuevo gabinete, al que calificó como "el govern dels millors", cuyo miembro más relevante era el economista y candidato a premio Nobel, Andreu Mas-Colell como conseller de Economía. Pronto quedó claro que, en el contexto económico de recesión mundial, no bastaba con los recortes, sino que además había que encontrar nuevas vías de ingresos. Y la operación estrella para ello fue la venta de ATLL, que iba a aportar a la administración catalana 995 millones.

José Manuel Entrecanales vio una oportunidad para Acciona, que ganó el concurso por ATLL. Pero estaba esquiando en Baqueira Beret esas vacaciones de Navidad cuando se enteró de que la propia Generalitat, que ya había cobrado, iba a revisar la adjudicación a causa de un recurso interpuesto por Agbar, liderado por Ángel Simón, actual consejero delegado de Criteria.

A partir de ahí se abrió una larga y tortuosa guerra judicial, en la que primero la Generalitat recuperó la concesión y luego Acciona reclamó daños y perjuicios. En esta segunda etapa, Acciona ganó en primera y segunda instancia. Pero en 2019 los Entrecanales necesitaron liquidez y optaron por vender el pleito a Fortress por 170 millones.

El beneficio de Fortress ha sido significativo. En seis años ha duplicado su inversión. Fortress solicitó la "ejecución provisional de sentencia" por el fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y de ahí surgió el pago. De hecho, el pleito sigue en curso porque la Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo, y si la sala de lo Contencioso Administrativo le diese la razón, el fondo debería retornar el dinero. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, el Alto Tribunal suele mantener la jurisprudencia previa sobre el caso, según apuntan fuentes legales consultadas.

Causas de la maniobra

ERC ha ocultado el pago por razones políticas, ya que su gestión no es la responsable del descalabro; se limitaron a cumplir la ley. Pero, por un lado, Natalia Mas estaba centrada en conseguir la nueva "financiación singular para Cataluña", un cupo catalán difícil de justificar cuando estás pagando al mismo tiempo 365 millones derivados de la mala gestión de tu propia administración, en un episodio en el que Cataluña en lugar de parecer la Dinamarca del sur de Europa se asemeja más bien a la nueva Argentina.

Por otro lado, los republicanos siempre se han mostrado intelectualmente acomplejados ante el mundo de Convergència. Se prefirió callar antes que explicar a la opinión pública que el gobierno de los mejores de Artur Mas le había acabado costando a todos los catalanes 365,6 millones de euros. Ahora Mas coquetea con la idea de integrarse en Junts mientras da entrevistas impartiendo lecciones de política al independentismo. Y ERC se encuentra sumida en una crisis congresual en la que la mayor parte del antiguo Govern, empezando por Pere Aragonès y Natalia Mas, apoyan una candidatura contraria a Oriol Junqueras.