El Gobierno ultima otro intento de salvar Muface y evitar el riesgo de caos para la sanidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Función Pública, ha llevado al límite a Muface al especular sobre la posición de las aseguradoras. El ministro Óscar López ha perdido el pulso, y el concierto por el que 1,5 millones de funcionarios tienen seguro privado está al borde del abismo, con el riesgo de caos para la sanidad pública y privada. Las aseguradoras negocian con el Ejecutivo y estudiarán el nuevo pliego que prepara el Ministerio, aunque han evitado realizar comentarios al respecto.

Las tres aseguradoras que permanecen en el concierto, Adeslas, DKV y Asisa, confirmaron este martes que no han acudido al pliego al expirar el plazo. Ninguna otra aseguradora se lo ha planteado, por el déficit acumulado. Según las aseguradoras todavía presentes, han perdido 200 millones anuales en los últimos años con este servicio.

Muface es un concierto público mediante el cual el Estado paga una cuantía fija a las aseguradoras que acuden a la licitación para que faciliten asistencia sanitaria privada a los funcionarios que así lo deseen. Los funcionarios pueden elegir. Si escogen sanidad privada, dejan de tener acceso a la pública.

Por lo tanto, si cae Muface, hay riesgo de caos. De forma repentina, millón y medio de funcionarios pasarían a la sanidad pública, agravando las listas de espera y el deterioro del servicio. Además, se trata de un universo envejecido, lo que incrementa los costes de atención para las aseguradoras. La población que se convierte en funcionaria es cada vez mayor en edad, debido a que muchos empleados públicos son interinos que tras años pasan a ser funcionarios.

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Además, la sanidad privada también notará el impacto, con recortes masivos, especialmente en clínicas y hospitales privados que trabajan con aseguradoras, para quienes Muface es una parte importante de su clientela.

El Gobierno ha anunciado que ya trabaja en un nuevo pliego. Pero tiene muy poco margen. Las aseguradoras dudan de que se pueda llegar al 31 de diciembre con un nuevo concierto. Por lo pronto, el Ejecutivo no puede titubear con la subida propuesta, ni quedarse corto. Quizás termine pagando más que si hubiera escuchado las peticiones de las aseguradoras inicialmente. En cualquier caso, hay conversaciones de última hora para tratar de sacarlo adelante. Todas las partes están interesadas, pero no a cualquier precio.

La tensión es máxima entre los funcionarios y los empleados de la sanidad privada

“Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación”, ha señalado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El anterior ministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, dejó sin asegurar el nuevo concurso, y el nuevo ministro, Óscar López, ha dejado el sistema al borde del colapso.

“La atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales. Posteriormente, a la fecha de finalización del concierto, se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”, señaló el Ministerio.

En caso de que finalmente la licitación quede desierta, habrá un periodo transitorio que, según fuentes de las aseguradoras, será muy complejo. Los tratamientos seguirán en las aseguradoras hasta su finalización, y la nueva asistencia pasaría a la Seguridad Social. La tensión es máxima entre los funcionarios y los empleados de la sanidad privada. El sindicato de funcionarios CSIF acusa al Gobierno de poner en riesgo el sistema y ha anunciado movilizaciones.

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El pliego rechazado por las aseguradoras consistía en una prima de 1.337 millones en 2025 y de 1.344,5 millones en 2026, un aumento de 303 millones o del 17,2% respecto al concierto anterior. Sería el mayor incremento histórico, pero insuficiente para las aseguradoras debido al aumento de costes y el déficit acumulado.

Las conversaciones de última hora buscan un acuerdo entre la moderación de las subidas que quiere el Gobierno y la denuncia de las aseguradoras sobre el déficit acumulado en Muface. Por lo pronto, los conciertos de funcionarios Mugeju (dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) e Isfas (dependiente del Ministerio de Defensa) sí han logrado ser incluidos en este pliego, con la participación de Adeslas y Asisa, aunque no DKV. Sin embargo, son conciertos de menor tamaño, con 91.000 y 500.000 beneficiarios respectivamente.

Antes del verano, el Gobierno comunicó que podría haber un alza del 24%. Las aseguradoras lo consideraron insuficiente, aunque cercano a lo que buscan. DKV propuso un 40%, mientras que un estudio de Adeslas lo cuantifica en un 27%. Asisa no se ha pronunciado y ha sido la menos crítica. Algunas fuentes sugieren que el Ejecutivo confiaba en que Asisa participara en el concierto y evitara que quedara desierto.

Negociaciones a contrarreloj

Diez días antes de lanzar el pliego, hubo un encuentro entre el ministro Óscar López y los ejecutivos de las aseguradoras, en el que propuso un 14%. Los representantes de las aseguradoras se levantaron de la mesa con indignación y, aunque finalmente el Gobierno propuso un 17%, no ha sido suficiente.

Las posturas están más distantes que nunca, aunque hay negociaciones para reconducir la situación contrarreloj. No hay casi tiempo. Pero las aseguradoras ya han mostrado al Ministerio de Óscar López que no van de farol y que podría producirse un gran conflicto por el malestar de los funcionarios, los recortes en la sanidad privada y el deterioro de la sanidad pública.

El 72% de los funcionarios escoge Muface (34% elige Adeslas –propiedad de CaixaBank y Mutua Madrileña–, el 25%, Asisa –de Lavinia– y el 13%, DKV–). El último concierto, de tres años y que expira en 2025, ha sido de 3.571 millones, con pérdidas anuales de 200 millones para las tres aseguradoras. DKV ha señalado que ha perdido 70 millones anuales en el último concierto y que con el nuevo pliego los números rojos por Muface serían de 74 millones en dos años.

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Las aseguradoras trabajan con acuerdos con hospitales y clínicas privados. Es decir, si Muface desaparece, deberán hacer recortes, especialmente en centros que no negocian con el Ministerio ni participan en el pliego de Muface. Las aseguradoras actúan como intermediarios, cubriendo los riesgos de los asegurados y facilitando el servicio en terceros, donde se producirían recortes importantes.

Adeslas, la principal aseguradora de Muface, obtuvo ingresos por primas de 8.057 millones en 2023. Muface representa entre un 5% y un 10% de estos ingresos. Aunque su desaparición se notaría a corto plazo, afectaría principalmente a los proveedores: hospitales, centros de pruebas o clínicas que atienden a los clientes de las aseguradoras. Adeslas tendría que ajustarse, pero el impacto principal recaería en terceros.

En el sector recuerdan que el coste sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros en la sanidad pública. Estos argumentos provienen de un estudio del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que respalda la postura del sector privado. También argumentan un ahorro de 1.000 millones para la sanidad pública.

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Además, Adeslas encargó un estudio a los economistas Alberto Montero (Universidad de Málaga) y Román Salmerón (Universidad de Granada), al que ha tenido acceso este medio, en el que se concluye que se necesitaría un alza del 27% respecto a la cuantía de 2023 para cubrir costes en 2025, y un incremento adicional del 9% en 2026.

Los economistas Montero y Salmerón advierten que existe una correlación entre los aumentos de ingresos y los de costes, ya que un aumento de ingresos al inicio de un convenio también incrementa la presión sobre los costes debido a los proveedores y el personal. Los técnicos estiman que Adeslas enfrentará en 2025 un gasto de 882 millones, una cifra que solo se incrementaría un 1,86% respecto a 2024. El problema es el déficit acumulado en el último concierto. Los principales costes provienen, en este orden, de las remuneraciones de los médicos y otros profesionales, del gasto en hospitalizaciones y de las pruebas diagnósticas.