Para ser campeón de defensa, Indra tiene que tragarse este Dragón: "Cambia el 'statu quo"
La compañía tecnológica anunció que pagará 107 millones de euros para tomar el control de Tess Defense, el consorcio a cargo del desarrollo del polémico blindado Dragón 8x8
Ocho meses después de la presentación de su plan estratégico 2024-2030, Indra ha movido ficha en su ambición de convertirse en el campeón de la industria de defensa nacional. La compañía tecnológica anunció que pagará 107 millones de euros para tomar el control de Tess Defense, el consorcio encargado del desarrollo del polémico blindado Dragón 8x8. Una operación —pendiente de luz verde regulatoria— con derivadas empresariales, militares y políticas de calado.
"Con esto se está modificando el statu quo del sector terrestre de la industria de defensa", resume una fuente de la industria sobre la operación, anunciada ayer por la cotizada a la CNMV, pero que se venía rumoreando en el ecosistema de la defensa desde hacía meses.
Con su intención de adquirir un 26% adicional en Tess, Indra llegará al 51%, dejando al resto de los socios —Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano M&E— con un 16,33% cada uno. El precio valora a la compañía en unos 400 millones de euros. Además, el acuerdo contempla una opción de pago a futuro de 30 millones de euros —asociada a las perspectivas de negocio— que elevaría esta tasación inicial hasta 520 millones. Esto por una firma que apenas cuenta con una docena de empleados fijos y una página web, que carece de activos industriales y facturó 2,9 millones de euros en 2023.
¿Qué está comprando Indra en realidad? "Pues está comprando una oportunidad, pero también un problema", responde un empresario del sector que no está vinculado a la operación.
Tess Defense es un consorcio que se configuró en 2020 para intentar desatascar definitivamente el vehículo de combate a ruedas (VCR) 8x8 Dragón, un programa para sustituir a los veteranos BMR (blindados medios sobre ruedas) y VEC (vehículos de exploración de caballería). Para entonces, ya llevaba más de una década de retraso. El nuevo contrato firmado con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, contemplaba la entrega de 348 vehículos por 2.100 millones de euros a partir de 2022. Tan solo se recibieron siete ejemplares de zapadores que se están utilizando para pruebas y desarrollos de sistemas.
Pese a no cumplirse los plazos, se amplió el presupuesto del programa hasta 2.500 millones de euros, llevando el precio medio de la unidad a 7 millones de euros (un 64% más de lo previsto originalmente). Pero este año tampoco se va a entregar ningún ejemplar.
Indra —con un 28% en manos del Estado a través de la Sepi— necesita materializar el VCR Dragón para desbloquear otros grandes proyectos como el VAC (vehículo de apoyo a cadenas), que podría superar los 2.000 millones de euros por 400 unidades. A futuro, la Tess de Indra estaría llamada a ser "el suministrador nacional de referencia" del Ejército de Tierra, con una cartera potencial superior a los 10.000 millones de euros en 15 años, según los cálculos de la compañía.
"Vamos hacia el nuevo paradigma que persigue el Ministerio de Defensa, en sintonía con su estrategia industrial. Al igual que el Estado tiene una empresa líder en el sector naval (Navantia) y una semipública en el aéreo (Airbus), quería una en el sector terrestre. El Gobierno ha movido las fichas para que eso encaje, haciendo una pinza con Escribano y Sapa, que también son accionistas de Indra (cada una con un 8% aproximadamente)", explica la fuente industrial. "Lo que no sabemos es si será suficiente para reconducir un programa cuyo problema no es financiero, sino técnico. El problema es que algunas empresas del consorcio no están respondiendo a los tiempos", agrega.
Y tiempo es lo que no le sobra al Dragón.
Un Dragón en tribunales
El movimiento de Indra llega en un momento en el que a la ministra Robles se le ha acabado la paciencia. "Tolerancia cero", había advertido la alta funcionaria, cuyo despacho ha sancionado y peleado en tribunales los retrasos del proyecto.
A principios de año, la Audiencia Nacional dio de nuevo la razón al Ministerio de Defensa y refrendó las sanciones millonarias impuestas a las empresas responsables de la fase del desarrollo del 8x8 Dragón (Indra, GDELS-Santa Bárbara y Sapa) por la tercera ampliación de plazos (octubre-diciembre de 2021). Las multas por la cuarta ampliación de plazos también está recurrida, pero todavía no hay pronunciamiento judicial, tal y como señala la sentencia consultada por este medio.
El año pasado, las empresas fueron de nuevo sancionadas por Defensa. En esa ocasión, ni siquiera recurrieron ante los tribunales, que han fallado consistentemente a favor de la administración. Las empresas desembolsaron 9,1 millones de euros, multa que fue asumida de forma solidaria por los socios. Tan solo Santa Bárbara, filial del grupo estadounidense General Dynamics, quiso recurrir. Pero no salió adelante porque no hubo unanimidad entre los accionistas de la UTE.
Esto cambiará con la toma de control de Indra, que tendrá la última palabra y responsabilidad sobre las decisiones empresariales (con cuatro de los siete asientos del consejo). Y puede que también las judiciales. Cada incumplimiento de plazo contempla una penalización diaria que, según estimaciones, podría alcanzar más de 30 millones de euros. Defensa estableció las sanciones en 14.715 euros diarios desde julio de 2019 y 18.393 euros diarios a partir de noviembre de 2019.
El problema ya no es solo el lastre judicial o financiero del pasado. Es que todavía no está claro cuándo, cuántos y en qué estado se van a recibir los futuros 8x8 en un momento en el que el desfase entre el diseño original y la necesidad operativa actual crece con el tiempo.
"El 8x8 es la cronica de un desastre anunciado. La llegada de Indra no arreglara nada, excepto quizás sus cuentas, y dentro de cinco años tendremos que recurrir al Piranha que pedimos en el Ejército de Tierra hace 15. Esto solo beneficia a las empresas y perjudica a las FAS y a alguna persona (militar) que se ha dejado la salud en todo esto", comenta una fuente militar que conoce de cerca el proyecto.
¿Reducir, cancelar, reprogramar?
Defensa e industria ya han asumido que el casi centenar de Dragones comprometidos no se van a entregar este año. "No se va a cumplir, no hay ninguna posibilidad", reconocen desde el sector. El escenario más optimista es, si acaso, una veintena de unidades versión de zapadores y quizás no todos plenamente operativos. ¿Cuál es el problema? Que no están todos los elementos desarrollados para su integración. Están las barcazas, basadas en el modelo Piranha V de Mowag (propiedad de GDELS), pero faltan sistemas esenciales que todavía no responden a las especificaciones.
Defensa y Tess están negociando un nuevo calendario "realista" (se habla de 100 en 2025 y otros 100 en 2026), pero no está claro si esto acarrearía nuevas sanciones o cómo afecta a otros encargos. Observadores de la industria recuerdan que Defensa tiene bastante margen de maniobra (cuando quiere) y hay precedentes.
"Se pueden dar prórrogas. Además, las penalizaciones se pueden interpretar de muchas maneras. Incluso hay casos de contratos de defensa con penalizaciones no impuestas o no cobradas. También se pueden admitir ejemplares con sistemas que no estén completos respecto a requisitos, como pasó con los S-80, que se aceptó el primero —y también el segundo— sin el sistema de propulsión de aire independiente (AIP), que es lo que los diferencia tecnológicamente".
Lo que parece descartado es la cancelación del programa, como se había llegado a sugerir desde algunos despachos y cuarteles. Quizás se asumirá un número menor al programado y se buscarán opciones para la variante de caballería, que definitivamente no podrá utilizar el 8x8, cuyo tamaño y peso se ha disparado por las constantes modificaciones.
"¿Cancelarlo? Lo dudo mucho. Supondría tirar el dinero ya invertido (unos 150 millones, aproximadamente) y supondría reconocer la incapacidad de la industria y del Ministerio de poder hacerlo", agrega la fuente.
Además, el caso también ya es arma arrojadiza en la Comisión de Defensa del Congreso. PP y Vox señalan a la ministra como responsable de las demoras y la presionan, exigiendo más mano dura con las compañías detrás del proyecto. Esto incluye el cálculo político en la ecuación, lo que hace menos factible que maten al Dragón sin contemplaciones.
Los otros socios de Tess han celebrado la operación, que se aseguran un puesto preferente en ese consorcio de referencia para los sistemas de armas terrestres.
"Para Escribano M&E, que somos doblemente accionistas (de Tess y de Indra), esto es una buena noticia. Nos permitirá afrontar con las mejores garantías los retos presentes y futuros. Las expectativas de negocio de TESS se multiplicarán a nivel nacional y también internacional", comentan fuentes de la firma madrileña.
"Los acuerdos firmados reconocen y refuerzan la posición de GDELS-SBS como tecnólogo y autoridad de diseño en el campo de las plataformas terrestres blindadas/acorazadas de cadenas y ruedas asegurando nuestra participación en todos los programas de sistemas terrestres nacionales", explicó la dirección de GDELS en un comunicado interno al que tuvo acceso El Confidencial.
Estrategias alternativas
La estrategia de Indra para ser el abanderado de la industria nacional pasar por un fuerte crecimiento inorgánico y multiplicar sus participaciones industriales. En agosto del año pasado, la firma —ya con José Vicente de los Mozos como CEO y Marc Murtra en la presidencia (ahora ejecutiva)— adquirió el 9,5% del fabricante de turbinas vasco ITP Aero al fondo estadounidense Bain Capital por 175 millones. Aunque IPT tiene la mayoría de su negocio en la aviación civil, es socio estratégico del proyecto para el caza europeo de sexta generación FCAS, donde Indra lidera la parte española.
En el plan estratégico presentado en marzo, la compañía también dejó clara su ambición a liderar el sector espacial. Su spin-off de espacio prevé facturar 1.000 millones de euros para 2030. Por el momento, compró Deimos, la filial tecnológica de Elecnor especializada en misiones espaciales e integración de satélites, en agosto por un importe no revelado.
Pero el movimiento clave se espera con la eventual compa de Hispasat, que estaría negociando con Redeia (antigua Red Eléctrica), que compró la compañía de satélites en 2020 por 1.000 millones de euros. Hispasat tiene, además, una participación mayoritaria en Hisdesat, filial encargada de gestionar los satélites estratégicos y militares donde Indra participa con un 7%. Para financiar esta expansión, Indra está dispuesta a vender una participación "significativa" de su división de pagos e identidad digital Minsait.
Con estos planes tan ambiciosos, algunos analistas creen que el movimiento de toma de control de Tess en estos momentos es una apuesta arriesgada. Los socios mantienen sus responsabilidades (Santa Bárbara, las plataformas y autoridad de diseño; Sapa, las transmisiones; Escribano, las torretas, e Indra, la integración de sistemas). Ahora, la integración final de todos los elementos en la plataforma la hace también Santa Bárbara, pero en el futuro se realizará en un centro industrial propio de Tess que Indra planea construir en Asturias.
"Pareciera que esta operación es una patada adelante del Gobierno para sacar el proyecto y que se negarán a cancelar o incluso a reducir el número de vehículos. Y creo que es un error. Ya hay modelos probados y en el mercado europeo, como el Boxer alemán; o el propio Piranha V suizo", comenta Iván Esteve, experto en defensa y asesor externo de la Comisión. "Indra debería haber buscado algún consorcio europeo o socios con fórmulas de fabricación local y conectarnos con alguna gran estrategia regional. El Dragón es una plataforma que no está en ninguna de las arquitecturas de defensa terrestre. No es un modelo exportable", concluye.
Ocho meses después de la presentación de su plan estratégico 2024-2030, Indra ha movido ficha en su ambición de convertirse en el campeón de la industria de defensa nacional. La compañía tecnológica anunció que pagará 107 millones de euros para tomar el control de Tess Defense, el consorcio encargado del desarrollo del polémico blindado Dragón 8x8. Una operación —pendiente de luz verde regulatoria— con derivadas empresariales, militares y políticas de calado.
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