El Supremo obliga a ISDEFE a igualar las coberturas de seguro de 300 empleados
Con esta decisión, el Tribunal Supremo consolida su posición de que el principio de igualdad debe prevalecer en los procesos de reestructuración y fusión de entidades públicas
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha ordenado a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) que iguale las coberturas del seguro de vida y accidentes a 300 trabajadores, con las de los demás empleados. Esta resolución pone fin así a un conflicto colectivo que se arrastra desde 2012, cuando la empresa estatal absorbió a la antigua Sociedad Estatal Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA).
Según señala la sentencia, esta decisión del juez afecta a la totalidad de la plantilla de trabajadores distribuidos en sus centros de trabajo, lo que suponen 1.843 personas. De este total, los asalariados procedentes de INSA, que actualmente representan aproximadamente un 16,28% del personal, es decir, unos 300 empleados, verán directamente equiparadas sus coberturas de seguro de vida y accidentes al nivel de sus compañeros contratados inicialmente por ISDEFE.
La empresa pública de consultoría e ingeniería, que suele recibir mayoritariamente encargos del Ministerio de Defensa, defendía que no podía ampliar las coberturas a estos trabajadores por limitaciones presupuestarias. Según los documentos del caso, la empresa estatal destinaba 4.179,80 euros en concepto de seguros de vida y accidentes para la masa salarial del colectivo proveniente de INSA, mientras que para el colectivo original de ISDEFE se destinaban 66.171,06 euros.
12 años de conflicto colectivo
Todo comienza en 2012, cuando el Consejo de Ministros aprueba la fusión por absorción de INSA en ISDEFE. Tras la integración, ambas plantillas quedan unificadas bajo la misma empresa estatal ISDEFE, pero con importantes diferencias en sus condiciones laborales. Los trabajadores de INSA, a diferencia de sus nuevos compañeros, contaban con coberturas de seguro de vida más limitadas.
Concretamente, los empleados provenientes de ISDEFE tenían coberturas superiores, que incluían compensaciones por fallecimiento en cualquier circunstancia, accidentes laborales y de tráfico, así como mayores indemnizaciones en casos de invalidez, comparados con los empleados que provenían de INSA, quienes solo contaban con coberturas básicas.
Además, ISDEFE reconoce ante el órgano judicial que dividía en dos grupos de riesgo sus pólizas de seguros, estableciendo que los 300 trabajadores de INSA pertenecían al grupo con coberturas y compensaciones inferiores, mientras que a los empleados de ISDEFE les asignaban el de mayores beneficios.
Estas pólizas se renovaron en 2015 y 2020, manteniendo estas disparidades, lo que motivó a que los trabajadores y sindicatos agotaran las vías internas antes de optar por la demanda judicial en 2022.
ISDEFE defendía que ampliar las coberturas de los seguros a los 300 empleados de INSA sobrepasaría los límites de gasto permitidos
La denuncia la presentaron ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en España la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, representada por el abogado Gonzalo Velasco Recio y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, asistida por el letrado Antonio Murillo Cobeña.
La Audiencia Nacional les dio la razón en un primer fallo en 2022, ordenando a ISDEFE que ampliara las coberturas de sus seguros. Sin embargo, la empresa pública recurrió la sentencia alegando que existían dos masas salariales distintas para los empleados de ISDEFE y los de INSA y que ampliara las coberturas de los seguros para los empleados de INSA se sobrepasarían los límites de gasto permitidos.
La sentencia también hace referencia a una posible infracción de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a que ISDEFE contrató estos seguros sin hacer concurso público, pero el juez no entra a pronunciarse, ya que considera que esto no tiene relación con el fondo que se está juzgando.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo consolida su posición de que el principio de igualdad debe prevalecer en los procesos de reestructuración y fusión de entidades públicas, protegiendo a los empleados frente a tratos desiguales y garantizando la aplicación uniforme de derechos adquiridos en el ámbito laboral.
En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha ordenado a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE) que iguale las coberturas del seguro de vida y accidentes a 300 trabajadores, con las de los demás empleados. Esta resolución pone fin así a un conflicto colectivo que se arrastra desde 2012, cuando la empresa estatal absorbió a la antigua Sociedad Estatal Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA).
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