El juicio de Naviera se retrasa con nuevas valoraciones de la banca y los Entrecanales
La Audiencia Provincial ha retrasado el juicio por las impugnaciones de los bancos, ICO y Acciona a enero. Las valoraciones son clave, y difieren en 250 millones
El juicio por las impugnaciones de la banca, el ICO y Acciona contra la reestructuración de Naviera Armas se ha retrasado desde octubre a enero. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado nueva fecha para una vista ante la que el entramado de asesores, bancos, fondos y empresas que participan en reestructuraciones está muy pendiente.
De hecho, es la reestructuración más grande hasta la fecha que aún no está validada en segunda y última instancia. El marco concursal aprobado en 2022 facilita las reestructuraciones y permite impugnarlas solo ante la Audiencia Provincial, cuyo fallo es definitivo.
La Audiencia Provincial fijó en verano una vista para los días 8, 9 y 10 de octubre. Sin embargo, ha establecido nuevas fechas, según fuentes financieras, que serán el 14, el 15 y el 16 de enero. Lo que sí se ha celebrado este mes es un juicio por el acuerdo de refinanciación de 2021, impugnado por Acciona, que solo tendría efecto si se anularan tanto aquel como el homologado por el Juzgado de lo Mercantil en 2023.
La homologación del plan de reestructuración, aprobada por un juzgado mercantil el pasado diciembre, permitió a los bonistas (JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital o Tresidor, entre otros) quedarse con el 94% del grupo y dejar a la familia fundadora Armas, que apoya el plan, con el 6% restante. En realidad, los bonistas reciben el 100% y ceden un 6% a la familia Armas, porque quieren que siga vinculada al negocio por su experiencia y por sus conexiones empresariales y políticas en Canarias.
El plan prevé que Santander recupere 4,7 millones de un total de 47,2 millones que le adeuda la empresa; Sabadell no recupera nada de los 6,9 millones que le debe y CaixaBank tampoco recupera los 12,8 millones de créditos avalados. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), en conjunto, tendrá un agujero de 40 millones. Acciona también sufre una quita completa de los 29,6 millones que le debe Armas por la compraventa de Trasmediterránea.
La Audiencia Provincial solo ha admitido las pruebas periciales porque se centrará en la valoración de la empresa, rechazando los interrogatorios a la familia Armas que habían pedido los impugnantes. La Audiencia consideró que no son relevantes para el análisis de la valoración y, por lo tanto, no son pertinentes. Durante los tres días de juicio, el tribunal se centrará en analizar la valoración de la compañía y escuchará las declaraciones de los diferentes peritos de las partes (Brattle Group, Ayuso, Laínez & Monterrey, etc.) y de Abencys, experto designado para la reestructuración y que valoró a la empresa en 403 millones de euros. La suma del pasivo ascendía a 517 millones.
Por su parte, los bancos han presentado una valoración de 558 millones, realizada por Ayuso Laínez & Monterrey. Si se da por buena, les correspondería un excedente sobre la valoración para recuperar crédito, y no se justificarían las quitas planteadas. Mientras que Acciona aporta un informe de BDO con una valoración de 308 millones. Dicho informe sostiene que la empresa habría dado más valor en una liquidación concursal a los acreedores, de 575 millones, y que, por lo tanto, no se tendría que haber homologado la reestructuración.
Los bancos aluden que no se respeta la regla de prioridad absoluta, mientras que la empresa y los bonistas recuerdan que estos han decidido dar un 6% “de su bolsillo”, tras recibir el 100% de las acciones por la capitalización de deuda.
Así, hay aspectos técnicos sobre los que tendrá que pronunciarse la Audiencia Provincial de Las Palmas. Aunque no hay jurisprudencia, porque distintos jueces pueden pronunciarse en sentido contrario, se asume que se tenderá al consenso. Por eso, procesos como este son muy vigilados en bancos, fondos, asesores financieros, consultoras y despachos de abogados.
El test de la regla de prioridad absoluta
La valoración será la cuestión central de la vista, ya que los bancos y Acciona centran sus argumentos en que no es correcta. Pero hay otros aspectos en juego, como el test de la regla de prioridad absoluta y si los acreedores que diseñan o apoyan una reestructuración pueden, libremente, ceder parte de las acciones que reciben tras capitalizar deuda a los anteriores dueños, en este caso la familia Armas, que al final del proceso sufre menos sacrificio que algunos acreedores.
En el proceso de reestructuración y en este procedimiento ante la Audiencia Provincial, la banca está asesorada por Dentons y Herbert Smith. Armas se ha puesto en manos de Garrigues, Acciona cuenta con Cortés y los bonistas con Latham & Watkins. La empresa también trabaja con FTI Consulting para la nueva estrategia y, de hecho, Sergio Vélez, responsable del Sur de Europa de la consultora, asumió en mayo la presidencia tras la salida de Kent S. Hagbarth, exejecutivo de Maersk, apenas seis meses después de su nombramiento.
El juicio por las impugnaciones de la banca, el ICO y Acciona contra la reestructuración de Naviera Armas se ha retrasado desde octubre a enero. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado nueva fecha para una vista ante la que el entramado de asesores, bancos, fondos y empresas que participan en reestructuraciones está muy pendiente.