Los auditores de la UE afean la laxitud de Bruselas en ayudas como la que recibió Air Europa

Hubo una barra libre de ayudas de estado. Con el impacto del coronavirus, la Comisión Europea, que hace cumplir un régimen bastante estricto de ayudas de estado para evitar que los países más grandes dopen a sus empresas y destripen así el Mercado Interior, dio manga ancha. Un sálvese quien pueda que llevó a que Francia y, fundamentalmente, Alemania, inyectaran miles de millones de euros en sus empresas. Que quizás se fue demasiado laxo es algo que en Bruselas se asume desde hace tiempo. Ahora el Tribunal de Cuentas de la UE, un órgano cuyas opiniones no son vinculantes, hace hincapié en ello.

Los auditores europeos señalan que “al adoptar los dos primeros marcos de crisis - como se denominó al esquema por el que se flexibilizaron las normas de ayudas de estado -, la Comisión reaccionó con prontitud a la necesidad de los Estados miembros de recurrir a este tipo de ayudas para remediar las perturbaciones económicas causadas por la pandemia y por la invasión rusa de Ucrania”. El fondo de apoyo a empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que acabó rescatando a Air Europa se basaba precisamente en estos marcos de crisis establecidos por la Comisión Europea. Los auditores europeos en ningún caso hacen referencia a un ejemplo concreto, tampoco al caso español, sino que se centran en las tendencias europeas. Explican que Bruselas “simplificó sus procedimientos de control de las notificaciones de casos de ayuda estatal realizadas por los Estados miembros, lo cual dio lugar a evaluaciones más rápidas”.

El rescate de Air Europa está ahora bajo la lupa después de que el juez que investiga el conocido como ‘caso Koldo’ haya incluido la operación, de 615 millones de euros, como un posible indicio de tráfico de influencias. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha defendido este miércoles el rescate de la aerolínea, y ha explicado que es una decisión que “volvería a tomar hoy”. "Lo que estamos haciendo ahora mismo es cobrar esos préstamos que fundamentaron el rescate de Air Europa”, ha señalado el presidente del Gobierno, de visita en Portugal, donde el anterior Gobierno, el del socialista António Costa, también rescató a la aerolínea TAP, una operación que le costó a Lisboa 3.200 millones de euros.

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Air Europa y TAP no fueron las únicas aerolíneas rescatadas. Alemania también inyectó 6.000 millones de euros en Lufthansa y el Gobierno finlandés hizo lo propio con Finnair. La aerolínea irlandesa Ryanair ha llevado estos rescates al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El alto tribunal de Luxemburgo avaló en junio de este año el rescate de Air Europa ante el recurso de Ryanair, que consideraba que la decisión había sido discriminatoria hacia la aerolínea irlandesa. Sin embargo, según el TJUE, “el régimen de ayudas en cuestión no violaba el principio de no discriminación por razón de nacionalidad y era proporcionado”.

Demasiada laxitud

George Hyzler, miembro del Tribunal que ha realizado el informe, explica que incluso “en tiempos de crisis, la UE debe mantener la ayuda estatal bajo control para proteger nuestro mercado interior y garantizar la competencia libre y leal”. “Es necesario ofrecer garantías a los ciudadanos de que la ayuda estatal es realmente esencial, y de que las soluciones a corto plazo no perjudican, en última instancia, a nuestro mercado interior”, señala Hyzler en un comunicado.

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El Tribunal explica que se han “triplicado” las ayudas de Estado: si antes de la crisis del coronavirus representaban unos 120.000 millones de euros, durante los dos años duros de la pandemia representaron unos 320.000 millones, y en 2022 unos 230.000 millones. A medida que la crisis provocada por el coronavirus fue diluyéndose, los Estados miembros, especialmente los más grandes, aprovecharon la manga ancha para hacer política industrial. La institución europea critica que “las condiciones para la asignación de las ayudas estatales no siempre se definieron bien ni se centraron suficientemente en las empresas más gravemente afectadas”.

Además, el Tribunal se muestra muy crítico respecto a la falta de transparencia de los Estados miembros. “Los auditores observan que actualmente no existe suficiente transparencia sobre la identidad de los perceptores de ayuda estatal. En particular, los Estados miembros no facilitan datos completos y fiables sobre la ayuda real que conceden. Esto dificulta el control de estas ayudas por la Comisión”, señala la institución.