Junts bloquea el impuestazo energético del Gobierno tras la presión de Repsol

Junts per Cataluña dice ‘no’ al impuestazo a las energéticas. La formación que lidera Carles Puigdemont ha decidido no respaldar el plan del Gobierno del PSOE y Sumar de convertir en permanente el gravamen temporal a las grandes compañías del sector. Una campaña contra esta iniciativa que ha liderado, principalmente, Repsol.

La energética que lidera Josu Jon Imaz ha encontrado en Cataluña más aliados que en su región histórica, el País Vasco. El PNV trasladó la semana pasada la intención de respaldar esta medida del Gobierno si se incluía dentro del Concierto Vasco. Una postura que le ha llevado a Cataluña en busca de aliados a Repsol, que es la empresa que más ha pagado por este impuesto durante sus dos años de vigencia.

Junts se ha convertido en este socio. La formación que lidera Carles Puigdemont bloqueará este impuesto porque lo considera un riesgo para la industria catalana. En su formulación actual, el gravamen es temporal y, tras gravar el 1,2% de los ingresos de las grandes compañías en 2022 y 2023, finalizaría su vigencia el próximo 31 de diciembre.

El impuestazo energético se pretende incluir en la trasposición de la directiva europea sobre la tributación mínima internacional acordada en el marco de la OCDE, un proceso donde España acumula cerca de un año de retraso. Sumar pretende incluir en esa trasposición el conocido como 'impuestazo' a las grandes energéticas y entidades financieras. El período de enmiendas finalizaba este miércoles pero, al no existir consenso, se ha ampliado el plazo de enmiendas hasta el 30 de octubre.

​Oposición en Cataluña

Cataluña se ha movilizado para salvar la inversión de 1.100 millones en el polígono petroquímico de Tarragona, donde Repsol tiene previsto construir una ecoplanta, que costaría 800 millones, y de un electrolizador de hidrógeno verde, con 300 millones. Ambos proyecto son claves para el futuro del polo petroquímico de Tarragona, el mayor complejo industrial de Cataluña.

Un argumento que ha convencido a la formación. Este lunes, la patronal Foment de Treball ya avisaba que este impuesto era podría poner en entredicho “el futuro de polo químico de Tarragona, hecho que aumentaría la dependencia energética española del extranjero, así como enquistaría los planes de transformación energética del país”.

La Generalitat se ha alineado con Repsol, la patronal Fomento del Trabajo, Junts, y otras patronales. La portavoz del Ejecutivo catalán Sílvia Paneque ha fijado su posición del Govern respecto al proyecto petroquímico de Tarragona: “estamos absolutamente comprometidos con la generación de marcos estables para atraer nuevas inversiones y para eso son necesarias diferentes reformas”.

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Pero Paneque no ha hablado claro ya que en su opinión, “Es interés prioritario de este Govern no sólo mantener las inversiones industriales, trabajar por descarbonización, la electrificación... Hay muchas formas de acompañar las inversiones en Cataluña y no todas pasan por rebajas fiscales".

“Este fue un tema que salió en el Noche del Empresario de CECOT, en la que participó Salvador Illa” ha reconocido Paneque para añadir que “nosotros acompañaremos y crearemos los nuevos marcos para los factores estructurales para agua y energía. Y ha de haber también una fiscalidad responsable. El Govern aboga por la fiscalidad responsable. Acompañaremos y escucharemos a estas inversiones que se nos plantean”.

Repsol, la mayor oposición en el sector

Unos argumentos que coinciden con lo expuesto por el consejero delegado de Repsol en una columna publicada este mismo martes en El Correo y en La Vanguardia. Repsol ha pagado 800 millones por este impuesto en sus dos años de vigencia, el doble que Naturgy, Endesa o Iberdrola.

Por su parte, Cepsa es otro de los grandes afectados, ya que este impuesto le llevó a números rojos en 2023 con un pago total de 560 millones. Unas cifras que surgen de pagar el 1,2% de sus ingresos en España a las arcas del Estado, sea como sea el resto de la cuenta de resultados.

Pero, el más ruidoso en este aspecto es Repsol. La petrolera que lidera Josu Jon Imaz movió ficha hace un año cuando el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno con este impuestazo.

La empresa señaló que su plan de incorporar tecnologías verdes en sus refinerías de Tarragona, Cartagena y Bilbao quedaba comprometido por ese plan. Ahora, con el secretario de Estado anunciando que remitirá este martes a Bruselas el mantenimiento "de manera permanente" del impuestazo, ese plan, valorado en 1.500 millones de euros, pasa a situación de “congelado” hasta nuevo aviso.