No sólo es Aldama: el Gobierno inhabilita cuatro empresas en una semana por el fraude en los carburantes

El fraude a los carburantes ha saltado a la primera línea informativa por la implicación del empresario Víctor de Aldama, uno de los protagonistas del 'caso Koldo'. Pero esta trama es más compleja y la pasada semana tuvo una fase clave. El equipo de Teresa Ribera inhabilitó de forma definitiva a cuatro empresas relevantes del sector: Biomar Oil, Everton Magnific, Gaslow Abastecimientos y Martankship.

Según las estimaciones del sector, estas cuatro empresas acumulan un fraude estimado en la vía de los biocarburantes de 390 millones de euros, lo que representa el 67% de los denominados pagos compensatorios, que ascienden a un total de 581 millones. Estos pagos compensatorios son la 'multa verde' que deben pagar las empresas si no alcanzan el 10,5% de biocarburantes en sus productos, que es el nivel obligatorio.

En concreto, según las mismas cifras, Biomar registra un pago compensatorio de 218,3 millones, la cifra de Martankship se eleva a 135,4 millones, para Gaslow este dato asciende a 10,1 millones y Everton cuenta con 27,1 millones. Estas cuatro empresas, que esta semana han aparecido inhabilitadas en el BOE, han gestionado grandes cantidades de negocio.

Esta es la 'pata' de la investigación que realiza el Ministerio de Transición Ecológica, que se encarga de que todos los operadores de hidrocarburos cumplan con los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

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Pero también interviene el Ministerio de Hacienda, que desde hace tiempo revisa en paralelo que estas mismas empresas no realicen tramas societarias para eludir el pago del IVA. Hacienda investiga a Villafuel, la empresa central de la trama de hidrocarburos vinculada con Víctor de Aldama y el 'caso Koldo'. Esta empresa fue dada de baja en el Redef en febrero de 2024 por fraude de IVA, una estrategia que le permitió pasar, en apenas un año, de facturar 36 millones a 815 millones, según apunta el Registro Mercantil.

Otro ejemplo de ello es Biomar. La compañía llegó a facturar 1.069 millones en 2022 con su negocio de carburantes, pero ya no podrá operar en el sector por incumplir la normativa de biocarburantes.

¿Cómo es la infracción 'verde'?

Las empresas que no compran los certificados 'bio', o se quedan cortas, deben cumplir con un pago compensatorio. Los operadores pueden cumplir con sus obligaciones de biocarburantes bien aportando los certificados o bien realizando un pago compensatorio de 1.623 euros por certificado. Si no se materializa el pago compensatorio, las empresas se enfrentan a sanciones.

La inhabilitación por incumplir la cuota de biocarburantes se introdujo en diciembre pasado en el real decreto de medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que es lo que se está aplicando ahora. En dicho texto, se establece que en 2022 el incumplimiento de las obligaciones fue de 95 millones, una cantidad muy inferior a la registrada en 2023, de 581 millones de euros.

En años anteriores, los incumplimientos fueron aún menores que en 2022. El pasado julio, se aumentaron las exigencias. El Gobierno incrementó el pago compensatorio en función del grado de incumplimiento. Si los operadores incumplen, pero aportan más del 75% de los certificados, el pago es normal. Por otro lado, si el incumplimiento se sitúa entre el 60% y el 75% de los certificados, el pago compensatorio se incrementa un 10%.

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Si no se alcanza el 60% de los certificados presentados —antes de julio era el 50%—, el pago aumenta un 25% y, además, se considera incumplimiento grave, lo que puede conllevar la inhabilitación. Estos requisitos no han sido cumplidos por Biomar Oil, Everton Magnific, Gaslow Abastecimientos y Martankship.

Su incumplimiento de las obligaciones establecidas para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables ha provocado que tanto el Gobierno como la CNMC les hayan retirado definitivamente del sector.