El Gobierno apura para trasponer la directiva de Sostenibilidad de auditorías de cara a 2025

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) han trasladado al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) su intención de aprobar antes del 2025 la Directiva de Sostenibilidad 2022/2464 de la UE, que obliga a grandes empresas a reportar y verificar información sobre sostenibilidad, similar a una auditoría. Se trata de un tema que preocupa en el sector de la auditoria porque, la directiva tenía que haber entrado en vigor el 6 de julio de este año y tiene que aprobarse antes de Navidad, de cara a los balances del 2024 que se publicarán el año que viene. Sin embargo, el anteproyecto de ley de esta norma todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

Antes de 2024 la información sostenible tenía una regulación insuficiente, dejando a las entidades cierta libertad para presentar esta información en el Estado de Información No Financiera. Es por eso que la Unión Europea, ante esta carencia y el incremento en la demanda de esta información, legisló la directiva.

Según el calendario marcado por la norma europea, las primeras compañías que estarán obligadas a entregar esta información a partir del 1 de enero de 2024, son las grandes empresas que reúnan la condición de entidades de interés público y que superen los 500 empleados.

Los auditores no quieren "sorpresas"

Fuentes del Ministerio de Economía confirman a El Confidencial que su intención es aprobar la directiva antes de fin de año. Pero aclaran que, actualmente, se ha cerrado el trámite de audiencia pública y se están incorporando las recomendaciones. Apuntan que este anteproyecto de ley tiene que pasar en segunda vuelta por Consejo de Ministros, para después pasar a las Cortes Generales.

La patronal de auditores, ICJCE, ha felicitado al Gobierno y al ICAC por transmitir al sector este mensaje. “A las empresas y a las firmas nos interesa que se cumpla esta previsión, no solo porque evitamos la inseguridad jurídica, sino también porque, estando el texto consensuado con el sector, no queremos sorpresas, y cuanto antes finalice la tramitación, menor es el riesgo de que se introduzcan cambios”, según destacó ayer, la presidenta de la Agrupación de Madrid del ICJCE, Ana María Prieto, en un evento organizado por la patronal, y al que acudió el presidente del ICAC, Santiago Durán, y en el que se trasladó este mensaje al patronal.

El Ibex se prepara para la primera ola

"Las cotizadas más grandes, las afectadas por la denominada primera ola, llevan tiempo preparándose, asumiendo que la nueva normativa será de aplicación para 2024", así lo aseguran fuentes de las Big Four, que son las compañías que auditan al Ibex. Estas mismas fuentes aclaran que, por su parte, también están preparándose y planificando los trabajos de verificación, en coordinación con sus clientes.

Otra fuente de las Big Four apunta que ya han ido trabajando con las grandes cotizadas que hay en su cartera de clientes pidiendo datos internos, pero aclara que todavía muchas de estas empresas se están adaptando. Otra compañía auditora grande apunta a este medio, que por mucho que quieran anticiparse con sus clientes, el asunto seguirá estando en el aire hasta que no se transponga la normativa y se pueda conocer en detalle la futura ley española.

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Alejandro Mata

Tras las grandes empresas cotizadas, les llegará el turno a las grandes empresas que cumplan al menos dos de los siguientes tres criterios: tener más de 250 empleados, una cifra de negocio de más de 50 millones y activos valorados en más de 25 millones de euros. Estas tendrán que reflejar esta información en sus cuentas de 2025, que se publicaran en el 2026.

La tercera ola ya alcanzaría a las pymes, que cotizan en mercados regulados de la UE, y que no son microempresas. Estas compañías tendrían la opción de no aplicar estos cambios hasta 2028, según lo que marca la directiva. El resto de empresas seguirán por la norma del EINF.

Borja Bermejo, profesor de auditoría financiera en la Universidad Rey Juan Carlos explica que el legislador europeo ha optado por un enfoque progresivo, de manera que, en una primera etapa, se recogerá información limitada sobre cuatro temas generales, la Gobernanza (Conducta Empresarial), Social (Personal propio, Trabajadores en cadena de valor); Ambiental (Cambio Climático, Contaminación y uso de los recursos) y Transversal (requerimientos y divulgaciones generales).

Bermejo apunta que la directiva busca la homogeneidad tanto en la forma como la información que se presenta en los reportes de información no financiera. Y añade que la directiva Europea contempla una moratoria de tres años, para que las empresas adapten sus procesos internos a este nuevo hito regulatorio, teniendo que reportar avances en su consecución.

Las empresas españolas parten con ventaja

Oscar Herranz, socio de Sostenibilidad de Forvis Mazars en España, explica que las empresas españolas parten con cierta ventaja sobre otros países de la UE debido a la obligatoriedad de verificación desde el año 2018 de los desgloses de información no financiera de la anterior Directiva NFRD.

En este sentido, Herranz apunta que aunque las entidades emisoras, mayoritariamente, ya comenzaron a trabajar desde hace tiempo en la Directiva CSRD y los estándares de reporte (ESRS) para publicar con garantías los Informes de Sostenibilidad en su primer ejercicio de aplicación (2024), el resto de empresas deberían acometer lo antes posible su adaptación a estos nuevos requerimientos.

¿Dónde ponen el foco las firmas?

El EY EMEIA Center for Board Matters Leader encuestó este año a los miembros de Consejos de Administración y de Comités de Auditoría de 70 empresas de Francia, Italia, España, Países Bajos y Reino Unido, para saber en qué áreas estaban focalizando estas compañías sus procesos para implantar la directiva.

En el estudio, la Big Four apuntó a cinco áreas en las que las firmas están poniendo foco para empezar a reportar en 2025 con los datos del ejercicio 2024. Estas áreas serían: gobernanza y supervisión; alineación de estrategias y gestión de riesgos; reporte de sostenibilidad; participación de los grupos de interés (Stakeholders); y formación y competencia.