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El Supremo discute rebajar las multas del cártel informático por el papel de la Administración
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Multas de 30 millones de euros en juego

El Supremo discute rebajar las multas del cártel informático por el papel de la Administración

El alto tribunal debate si el papel de la Administración Pública puede servir para reducir la responsabilidad de las empresas sancionadas por prácticas anticompetitivas o bajar las multas

Foto: Vista de la fachada del Tribunal Supremo. (EFE/Fernando Villar)
Vista de la fachada del Tribunal Supremo. (EFE/Fernando Villar)
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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la consultora Gesein contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma una sanción de 320.969 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por participar en un cartel de servicios informáticos para repartirse contratos públicos licitados por la Administración del Estado, según consta en un auto consultado por El Confidencial. En total son 30 millones de euros en multas lo que hay en juego.

Además de Gesein, la CNMC también sancionó a otras diez firmas: Indra, con una multa de 13,5 millones de euros, las filiales españolas de varias multinacionales, como la alemana Software AG (6 millones de euros), la multinacional francesa Atos Spain (5 millones) y a la sucesora de la división tecnológica de Thales, Connectis ICT Services (1,8 millones). Por debajo de un millón de euros, las empresas multadas fueron IBM (940.000 euros); Everis Spain (800.000 euros); Babel Sistemas de Información, (633.917 euros); Cibernos Consulting (616.038 euros); Accentur (300.000 euros), y Next Computer Services (46.760 euros).

En concreto, la Sala de lo Contencioso del tribunal va a estudiar si la intervención de una Administración Pública en un modelo de prestación de servicios informáticos calificado como anticompetitivo puede exonerar de culpabilidad o, en su caso ser considerado como una circunstancia atenuante de la misma, en relación con cada una de las empresas responsables. A este respecto, cabe recordar que en el expediente sancionador del cártel, la CNMC apuntaba que la Administración pudo tener "cierta incidencia" en el caso, pero ni lo investigó ni actuó contra ella.

El Supremo ha admitido a trámite este recurso meses después de hacer lo propio con otro presentado por Indra, en el que se busca aclarar si la intervención de una Administración Pública en la negociación y gestión de licitaciones públicas puede ser un elemento agravante o atenuante para las empresas participantes en un cártel. Solo las empresas que hayan recurrido la sanción, que presumiblemente son todas, se podrían beneficiar de una eventual estimación de los recursos de casación

Estrechar el cerco sobre el rol de la Administración

La decisión del tribunal de admitir estos dos recursos es relevante porque servirá para estrechar el cerco sobre la actuación de la Administración Pública en los cárteles, que rara vez termina siendo sancionada por las autoridades de competencia. En resumen, lo que el Supremo va a discutir es si el papel de la Administración puede servir para reducir la responsabilidad de las empresas o bajar las multas.

Cabe recordar que en este expediente se incluyó un voto particular de la ya exconsejera del regulador, Pilar Canedo, en el que pedía investigar a la Administración tras apreciar una potencial participación como facilitadora de las conductas. "De los hechos expuestos se deduce con claridad que la administración contratante podría ser conocedora de la existencia del reparto de mercado y que podría haber jugado un papel activo en el mismo", señaló. "Existen indicios (...) para considerar que las diferentes personificaciones de la administración habrían podido realizar conductas de facilitación del cartel entre las empresas, por lo que debería habérseles incluido en la incoación, dándoseles oportunidad de defensa para determinar si cualquiera de ellas desempeñó un papel relevante en la distorsión del mercado y la perturbación de la competencia", señaló.

El alto tribunal podría declarar la nulidad del expediente

En ese mismo voto, Canedo también apuntaba que “la conducta de la administración no puede generar confianza legítima [a las compañías] dado que se ha acreditado que las empresas eran conocedoras de la ilicitud de su conducta y aprovecharon la posible connivencia de las administraciones para repartir los contratos de modo más favorable a sus propios intereses y en detrimento de los competidores”.

Lo que diga el Supremo será muy relevante. El alto tribunal podría rebajar las sanciones, declarar la nulidad del expediente al entender que la Administración tendría que haber sido investigada o confirmar que la Administración no tuvo nada que ver en la responsabilidad de las empresas. Igualmente, podría concluir que, aunque la Administración pudo haber jugado un papel que debería haberse investigado, eso no afecta a la responsabilidad de las empresas y mantenga intactas las sanciones.

Multas de 30 millones de euros en juego

En su recurso, Gesein defiende que si se hubiese hecho una "correcta interpretación y aplicación" del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, "hubiera conducido a concluir que la CNMC debería haber investigado el papel negociador de las Administraciones Públicas en el diseño, implementación y ejecución del modelo de prestación de servicios informáticos que consideraba anticompetitivo".

Foto: Sede de Indra en Alcobendas.

Por lo tanto, recalcan que, a la hora de enjuiciar la conducta sancionada por la CNMC, se "debería haber incluido" la responsabilidad del Estado y añaden que, al no haberlo hecho, se debiera haber llevado a la exoneración de Gesein y del resto de las sancionadas, apunta el recurso.

Indra apunta a la Administración como posible facilitadora

En el caso del recurso de Indra, adelantado a principios de este año por Expansión, se señala que el debate jurídico de este recurso se centra en el hecho de que la CNMC no había investigado "el papel negociador de las Administraciones Públicas" a la hora de diseñar, implementar y ejecutar el modelo de prestación de servicios informáticos "que la CNMC considera anticompetitivo".

Indra indica que debía formar parte del enjuiciamiento la responsabilidad de la Administración en su posición de licitador, como "posible facilitador del cártel sancionado". También recalcaba que "la ausencia de incoación/investigación a las Administraciones públicas", serviría también para abrir el debate de la legalidad de la sanción impuesta, al haber lesionado el principio de legalidad y el derecho de defensa, señalaba en el recurso.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la consultora Gesein contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma una sanción de 320.969 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por participar en un cartel de servicios informáticos para repartirse contratos públicos licitados por la Administración del Estado, según consta en un auto consultado por El Confidencial. En total son 30 millones de euros en multas lo que hay en juego.

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