Hacienda inspecciona a los bancos por el impuesto extraordinario y reclama más dinero

Hacienda se dispone a asestar un nuevo golpe fiscal a los grandes bancos españoles. El ministerio que dirige María Jesús Montero reclama a las entidades nacionales una contribución adicional tras comprobar que habrían estado pagando menos de lo que les correspondería por el impuesto a las ganancias adicionales que se instauró en 2022, según los cálculos de la Agencia Tributaria.

El sector financiero español ha abonado alrededor de 3.000 millones de euros en los dos últimos años, en virtud de la norma que se aprobó para gravar lo que se entendía que eran beneficios extraordinarios, derivados de la fuerte subida de los tipos de interés, ante la crisis inflacionaria desatada entonces en Europa.

Pero una inspección por parte de las autoridades del Gobierno habría concluido que el sector había abonado menos de lo que le correspondería, según ha adelantado Bloomberg y ha podido confirmar El Confidencial de fuentes conocedoras de la situación. Al parecer, en sus cálculos para definir cuánto les corresponde pagar, las entidades estarían excluyendo parte de sus ingresos, como los provenientes de negocios como seguros o fondos de inversión, así como deducciones que reducen la base imponible.

La Agencia Tributaria ha inspeccionado la tributación extraordinaria de la banca y han surgido discrepancias. En un análisis individualizado de cada entidad, Hacienda entiende que la banca doméstica ha pagado de menos, por lo que ha iniciado reclamaciones. Según algunos bancos, son cantidades no significativas y que no tendrán impacto en resultados. Fuentes fiscales avisan de que estas campañas de la Agencia Tributaria suponen cuantías importantes ante el volumen de trabajo y la litigiosidad que llevan aparejadas, por lo que podrían llegar a ser cientos de millones en total. En cualquier caso, es algo que no se verá aún en los resultados del tercer trimestre, aunque sí podría haber advertencias al respecto.

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Hay que tener en cuenta que la normativa del impuesto a la banca, justificada por los beneficios extraordinarios caídos del cielo ante las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) entre 2022 y 2023, es muy escueta. Así, surgieron dudas sobre si la base imponible para gravar ingresos por márgenes y comisiones debería incluir únicamente la banca comercial o, también, otras líneas de negocio como seguros, fondos o banca de inversión.

Los bancos optaron por la opción más gravosa, limitando la tributación a los ingresos por la banca comercial (negocio tradicional de mediar entre pasivo y créditos) y deduciendo otras actividades cuando había partidas que se solapaban, según fuentes del mercado. Ahora, llegan las discrepancias y Hacienda reclama una tributación mayor. Los bancos han recibido reclamaciones y las recurrirán, por lo que el proceso puede ser largo.

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Esta situación abre un nuevo frente de confrontación entre el sector bancario y el Gobierno, cuyas relaciones se han visto fuertemente afectadas, precisamente, por la imposición de este impuesto que desde el sector ha sido muy criticado, tanto por su diseño (por afectar a los ingresos y no a las ganancias), por sus distorsiones competitivas (al excluir a las entidades internacionales) y por suponer un agravio respecto a otros sectores. De hecho, entidades y patronales de la industria han recurrido un impuesto que consideran no se atiene a la legalidad.

Aunque el impuesto fue concebido inicialmente como temporal, ya que respondía a una situación extraordinaria, el Gobierno se ha mostrado partidario de mantenerlo de forma permanente, incluso en un momento en que el inicio de los recortes de tipos de interés amenaza con mermar la rentabilidad del sector. Con todo, la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo ha generado algunas dudas sobre si podrá llevar adelante este plan, pero las últimas informaciones apuntan a que el Gobierno estaría pensando en aprobarlo mediante un real decreto ley, sin esperar a la aprobación de los presupuestos. Por ahora, a falta de menos de tres meses para finalizar el año, los bancos no tienen noticias de Hacienda o de Moncloa al respecto.

Este mismo lunes, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha referido a esta posibilidad, durante su intervención en un encuentro financiero organizado por KPMG y Expansión, señalando su rechazo a la prórroga del impuesto, ya que se está gravando una "supuesta rentabilidad extraordinaria caída del cielo", cuando en realidad la rentabilidad de la banca española "sigue siendo menor que la media de las empresas del Ibex 35". Además, en caso de mantenerse, ha reclamado "un debate sereno" sobre lo que se está gravando, a qué entidades se dirige y sobre la posibilidad de deducirlo.