La banca y Cofides pleitean por los préstamos públicos a empresas durante la pandemia

Cofides, la sociedad público-privada a través de la que el Estado canalizó el rescate de empresas estratégicas durante la pandemia de covid--19, pone a prueba la nueva ley concursal. Los bancos y la entidad pública se verán las caras próximamente en varios juicios que serán clave en futuras reestructuraciones de empresas en problemas que recibieron financiación del ente público y de las entidades de crédito. El fondo de Cofides inyectó casi 800 millones durante la crisis del covid en pequeñas y medianas compañías que sobrevivieron gracias a esta financiación pública.

El fondo de recapitalización de empresas afectadas por el coronavirus (Fonrec) desplegó 779 millones en 89 empresas con una facturación de entre 10 y 400 millones anuales entre 2021 y 2022, con el asesoramiento de firmas como BDO, PKF, Grant Thornton, Lesayra o PwC. Varias empresas del listado tienen problemas financieros y están negociando con los acreedores una reestructuración. Y hay controversia con la clasificación del crédito de Cofides.

El fondo público inyectó financiación como préstamos participativos, según fuentes jurídicas y financieras, siendo financiador de última instancia en empresas que atravesaron momentos complicados. Ahora, Cofides quiere que sea tratado como crédito privilegiado u ordinario, según el proceso. La banca defiende que es crédito subordinado. La clasificación es clave, porque implica mayor o menor protección en las reestructuraciones de deuda por la regla de la prioridad absoluta, que marca qué acreedores cobran primero.

El primer pleito al respecto ha llegado con Terratest, ingeniería del fondo Nazca, que llevó a cabo una reestructuración antes del verano con la oposición de los bancos (Santander, CaixaBank, BBVA y Deutsche Bank), a los que se les impuso una quita del 30%, mientras que para Cofides, que apoyó el plan, hay un préstamo convertible por una cuantía equivalente. Cofides financió a la compañía con 30 millones en 2022.

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El grupo que compró Nazca Capital en 2018 por 200 millones acordó con Tikehau y Cofides una reestructuración que reduce la deuda en 145 millones, hasta los 39 millones, gracias a la quita a la banca y a que Tikehau ha cancelado 118 millones de deuda, más de dos terceras partes del pasivo, a cambio de quedarse con la filial estadounidense. Aberdeen, Racer y Oquendo han entrado en el capital, donde Nazca mantiene un 51%.

Los bancos, que van en esta operación de la mano, han impugnado la reestructuración argumentando contra la formación de clases, al dar un rango superior a Cofides; trato discriminatorio dentro de una misma clase a distintos acreedores; que se vulnera la regla de prioridad absoluta, al repartir los esfuerzos; y un trato desproporcionado por las quitas exigidas.

El plan de reestructuración fue homologado por el Juzgado de lo Mercantil número 19 de Madrid, que en la resolución dictada apuntaba que la situación de insolvencia actual estaba "indiciariamente" acreditada y que no había datos "de los que se pueda inferir que los créditos incluidos dentro de la misma clase no han sido tratados de forma paritaria".

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Ahora, será la Audiencia Provincial de Madrid la que tendrá que posicionarse sobre la disputa entre los bancos y Cofides. Su veredicto será clave para el futuro de Terratest y, también, para muchas otras operaciones.

Las resoluciones dictadas con la nueva ley concursal no crean jurisprudencia, dado que ningún asunto puede llegar al Tribunal Supremo y, por tanto, no hay casación. Serán las audiencias provinciales las que vayan consolidando criterios y en el mercado se da por hecho que habrá cierto consenso entre los jueces sobre qué camino seguir. La apelación de Terratest será la primera sentencia que evalúe el rango concursal de los préstamos de Cofides y el grado de protección respecto a otros acreedores como el crédito bancario ordinario.

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Terratest ha trabajado en esta operación con Baker McKenzie como asesor, mientras que Nazca cuenta con Uría Menéndez y Tikehau con Gómez Acebo. FTI ha sido el asesor financiero. Por parte de los bancos están Squire Patton Boggs y Dentons, y con Cofides estuvo durante la reestructuración Andersen.

Según fuentes financieras y jurídicas, hay más reestructuraciones en marcha en la lista de rescates de Cofides que enfrentarán al organismo público con la banca. Otro proceso en marcha es el de García Faura, donde Cofides dio financiación por 6,5 millones. En este caso, Cofides es quien ha impugnado un plan de reestructuración apoyado por la banca y que dejó a la institución con un crédito peor tratado, por considerarse subordinado.