Caso Negreira: los auditores se salvan de tener que aportar sus mensajes con directivos del FC Barcelona
La Audiencia Provincial de Barcelona estima parcialmente un recurso del Fútbol Club Barcelona, indicando que los dispositivos de las auditoras "pueden llegar a contener información personal de sus empleados"
En septiembre del año pasado, como ya informó El Confidencial, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instruye el caso Negreira reactivó la causa y pidió nuevas diligencias para aclarar si el Fútbol Club Barcelona pagó a Negreira más de siete millones de euros a cambio de favores arbitrales.
Entre estas diligencias ordenó a las firmas KPMG, PwC, Deloitte y Kroll que entregaran "todos los papeles y documentos de trabajo concernientes a las auditorías" realizadas al equipo culé; así como las comunicaciones (correos electrónicos, cartas, mensajes de texto o mensajes) intercambiadas entre los socios y empleados de estas firmas y los directivos y trabajadores del FCB. El equipo azulgrana recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona y estas se lo ha estimado parcialmente, según un auto al que ha tenido acceso este medio.
En su recurso, al que se opusieron el Ministerio Fiscal, La Liga y el Real Madrid, el Barça solicitaba la nulidad del auto y las mismas diligencias, basándose en "la vulneración de los derechos fundamentales relativos al secreto de las comunicaciones, al derecho a la intimidad y a la tutela judicial efectiva", señala el escrito judicial.
También sostenían "la falta de necesidad y pertinencia de las diligencias de investigación acordadas", pues planteaban que no se cuestionaba en las actuaciones "que los pagos efectuados a las mercantiles vinculadas con la familia Negreira no se hayan contabilizado" y por último, señalaban "el carácter prospectivo de la diligencia de investigación acordada", según reza el auto.
La Fiscalía se mostró en contra de lo planteado por el Barça, matizando que no se acordaba la práctica de todas las conversaciones intercambiadas entre los socios y los empleados de las firmas profesionales que se mencionan en el auto, "sino tan solo de aquellas que tengan relación con el desarrollo de las auditorías encomendadas". Y justificaban lo mismo en cuanto a "la entrega de papeles y documentos de trabajo" de las empresas auditoras.
Los dispositivos "pueden tener información personal"
Por su parte, la Audiencia Provincial de Barcelona no vio motivos para anular el auto del juez instructor y sus diligencias, pero sí reconoció que el acceso a los dispositivos de las propias auditoras, que contienen la documentación y las comunicaciones, "pueden llegar a contener información personal de sus empleados que efectivamente comporte una afectación de derechos fundamentales, intimidad, protección de datos personales".
Es por ello que señalan que no parece que la motivación de conocer "si las compañías auditoras hicieron alguna mención a la posible falta de soporte contable de las facturas relativas a la familia Negreira", cumpla con "los requisitos de motivación reforzada" que exige la adopción de esta medida.
La audiencia provincial decidió así estimar parcialmente el recurso, dejando sin efecto que KPMG, PwC, Deloitte y Kroll tengan que aportar al juez "todos los papeles y documentos de trabajo concernientes a las auditorías realizadas por las mismas respecto del FCB"; así como las comunicaciones entre los socios y empleados de las firmas y los directivos y trabajadores del FCB "que hubieran tenido participación en la solicitud y desarrollo de los informes encomendados".
*Este periódico ha contactado con el Fútbol Club Barcelona y las empresas auditoras, pero no ha obtenido una respuesta oficial, dado que se trata de una causa judicial que todavía está en curso.
En septiembre del año pasado, como ya informó El Confidencial, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instruye el caso Negreira reactivó la causa y pidió nuevas diligencias para aclarar si el Fútbol Club Barcelona pagó a Negreira más de siete millones de euros a cambio de favores arbitrales.
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