El juez del caso Popular advierte a PwC de que registrará su sede si no entrega las pólizas

El juez José Luis Calama, instructor del caso Popular, avisa a PwC: o entrega ya las pólizas de responsabilidad civil durante su etapa como auditor del Banco Popular u ordenará el registro de la sede, según consta en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

El juez concluyó en marzo la investigación de la ampliación de capital aprobada por Banco Popular en 2016 y propuso juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros 12 directivos y a la auditora PwC por presuntos delitos de estafa a inversores y falsedad contable. El juez argumenta que los inversores acudieron "engañados", dado que los estados financieros de ese año y de 2015 "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio".

Ante la posibilidad de que tanto PwC como Santander, que compró Popular por un euro, tengan que afrontar responsabilidades civiles, el juez requirió hace dos meses a ambas compañías que aportasen las pólizas de seguro contratadas en 2015 y el primer trimestre de 2016.

Esta decisión del juez fue recurrida por los bonistas, entre los que se encuentran fondos de Anchorage, PIMCO y Algebris, que reclamaron que PwC aportase la póliza del ejercicio 2016 completo, y no solo del primer trimestre, tanto para cubrir su responsabilidad como la de los socios auditores, José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio. Calama les dio la razón y reformuló su requerimiento a la firma de servicios profesionales para incluir el año 2016 completo.

"En ningún caso la póliza presentada comprende la totalidad de los dos años a los que se circunscriben los requerimientos efectuados"

Santander ya presentó sus pólizas y PwC indicó al juez "que la póliza que ya obra en autos también garantiza la responsabilidad civil derivada de la actividad de PwC y de la de sus socios y directivos durante el ejercicio 2016". Posteriormente, PwC presentó una póliza con periodo de vigencia "July 1, 2016 - June 30, 2017" [1 de julio de 2016 a 30 de junio de 2017] con una traducción jurada que dice que la vigencia del seguro es del 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2016.

Más allá del posible error de traducción, Calama apunta que "es obvio que en ninguno de los dos casos la póliza presentada comprende la totalidad de los dos años a los que se circunscriben los requerimientos efectuados, 2015 y 2016", y recuerda a PwC que, aunque está obligada a entregar la póliza completa de 2016, puede recurrir la decisión.

En la resolución, Calama da dos días a PwC para que aclare el error de la traducción sobre la vigencia de la póliza y presente las pólizas completas de los ejercicios 2015 y 2016 que aseguren la responsabilidad civil tanto de PwC como de Barrio y Sanz Olmeda. De no hacerlo, el juez advierte que la firma no solo afronta un posible delito de desobediencia, sino que ordenará de “inmediato” la entrada y registro de la sede de PwC.