Correos necesita que el Gobierno cambie la ley para que su banco pague pensiones o IMV

El futuro banco de Correos necesita cambios legislativos para poder conectarse con la Seguridad Social y tramitar cuestiones como el pago de la pensión o del ingreso mínimo vital (IMV). Algo fundamental si, como pretende, quiere enfocarse en personas en riesgo de exclusión financiera y con vulnerabilidad económica. Hay modificaciones pendientes en el Congreso sin las que Correos difícilmente podrá cumplir con las expectativas de su nuevo proyecto financiero.

Los bancos ya ofrecen cuentas básicas para personas cuyos niveles de ingresos y patrimonio las sitúan en situación de vulnerabilidad económica. Aun así, fuentes financieras señalan que algunas de estas personas evitan a la banca tradicional por la dificultad de acudir a una oficina física (por lejanía o por horarios), por la burocracia que exige acreditar dicha vulnerabilidad o por no querer exponerse a mostrar su situación financiera.

Esta es la razón por la que hay espacio para que surjan proyectos como Nickel, de BNP Paribas, o para que Correos haya visto un hueco para lanzar un banco, según desveló su presidente, Pedro Saura. Aunque en realidad se tratará de una entidad de dinero electrónico (EDE).

Este formato limita la operativa respecto a la banca tradicional, con la que quiere competir Correos y, en especial, con el público en riesgo de exclusión financiera por edad ante la brecha digital o por vivir en zonas rurales. También, para personas con bajos ingresos. Saura cuestionó en una entrevista con Expansión que la banca cumpla la normativa con las cuentas básicas.

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Además, Saura apuntó a la exclusión financiera de la población que quiere acceder a los servicios financieros de forma presencial, algo cada vez más difícil por la digitalización de la banca y el cierre masivo de oficinas desde 2008. Aunque hay un protocolo para los mayores y un compromiso de no cerrar oficinas en municipios en los que queda una sucursal, Correos cree que cubrirá necesidades insatisfechas.

Pero la regulación financiera limita la actividad del futuro banco de Correos. Las entidades de dinero electrónico no pueden captar fondos del público ni ofrecer depósitos a plazo, pese a que Saura habló de remunerar depósitos. Tampoco pueden prestar crédito o permitir descubiertos en la cuenta. Funcionan como una cuenta de prepago con un IBAN español para domiciliar ingresos o gastos, realizar transferencias, tener una tarjeta de débito y pagar en comercios físicos y online.

La normativa aún impide que se conecten con la Seguridad Social y que puedan tramitar cuestiones básicas como el cobro de la pensión

Además, la normativa aún impide que se conecten con la Seguridad Social y que puedan tramitar cuestiones básicas como el cobro de la pensión o el pago del ingreso mínimo vital. Funciones básicas para el público al que quiere dirigirse Correos, como personas mayores que sufren la brecha digital y están en riesgo de exclusión financiera, o población vulnerable en términos económicos.

El Ejecutivo quiere abrir la mano para que entidades de pago y de dinero electrónico, supervisadas por el Banco de España, puedan operar con la Seguridad Social como entidades colaboradoras. Para ello, ha propuesto la modificación de la Ley General de la Seguridad Social con el cambio en el artículo 79 para incluir a toda entidad financiera registrada en el Banco de España.

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Este trámite técnico, que ya se produjo con Hacienda (las entidades de pago y de dinero electrónico sí pueden tramitar el pago de impuestos), se ha incluido en el proyecto de Ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que sigue encallado en el Congreso. Aunque el ministro Carlos Cuerpo dijo en julio que quiere relanzar el proyecto, las últimas relaciones entre el Gobierno y el PP en Economía no han sido favorables, con el nombramiento unilateral de Moncloa del gobernador y subgobernadora del Banco de España.

Así, no está claro si el PP apoyaría su lanzamiento, tras abstenerse en mayo del año pasado, cuando lo sacó adelante en el Congreso, antes de ir al Senado y quedarse en el limbo, sin tiempo para aprobarse definitivamente por el adelanto electoral. En aquel momento, PSOE, Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, Compromís, PDeCat, PRC y Coalición Canaria lo aprobaron. Si las formaciones mantuvieran su posición, saldría adelante aunque el PP se niegue.

Sin embargo, está en el aire el calendario para reflotar este proyecto de Ley que, de forma desapercibida, incluye el cambio en la normativa de la Seguridad Social para aceptar como colaboradores a entidades financieras fuera de la banca tradicional. El plazo de enmiendas empezó el 15 de abril, y ya ha habido 14 prórrogas en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.