Empieza el juicio por tráfico de influencias y falsedad documental en la macroplanta extremeña de Iberdrola
La Audiencia Provincial de Badajoz inicia el juicio penal donde se acusa al exalcalde, la ex teniente alcalde y el administrador de la sociedad que recibieron por la concesión de las licencias urbanísticas
La planta solar de Iberdrola en Nuñez de Balboa, Extremadura, afronta un nuevo capítulo judicial tras su puesta en marcha. Desde este martes hasta el próximo jueves, la Audiencia Provincial de Badajoz afrontará el juicio penal por la concesión de las licencias urbanísticas de este proyecto valorado en 300 millones de euros y que pretendía iluminar a 250.000 familias en la provincia de Badajoz.
Un juicio contra los responsables en 2018 del Ayuntamiento de Usagre, localidad que da cobijo a uno de los mayores macroproyectos renovables desplegados en España. La Audiencia Provincial aborda la denuncia de la abogada Dorinda Aventín contra el exalcalde Antonio Luna, y la ex teniente de alcalde María Dolores Esteban Santana.
Ambos están acusados de tráfico de influencias, prevaricación, falsificación de documento público para un particular y corrupción en la concesión de permisos de obra en este proyecto renovable. La Fiscalía pide para los dos representantes públicos 12 años de inhabilitación para ocupar cualquier puesto en la Administración.
Esta semana también será juzgado Andreas Hinkelmann, el administrador de Ecoenergías del Guadiana. Esta sociedad fue la encargada de pedir los permisos para desarrollar este megaproyecto y, posteriormente, traspasar todos los permisos a Iberdrola. No obstante, la acusación que lidera Aventín señala que Iberdrola estaba presente en este contrato desde 2016. La abogada solicita a la compañía que afronte una responsabilidad civil subsidiaria debido a los daños y perjuicios. Iberdrola no ha querido entrar a valorar este asunto ante la consulta de El Confidencial.
Por su parte, la Fiscalía reclama a Andreas Hinkelmann un total de 21 meses de cárcel por presunta falsedad documental. El administrador de Ecoenergías del Guadiana solicitó en agosto de 2017 al Ayuntamiento de Usagre la licencia de urbanística con una declaración responsable. La Fiscalía asegura que Hinkelmann era conocedor de que lo manifestado "no se ajustaba a la realidad", pues no contaba en ese momento con todas las autorizaciones y concesiones necesarias para su construcción.
Además de los tres acusados, también declarará como testigos este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz la actual alcaldesa de Usagre, Nuria Caldalija, y la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Usagre, que fue quien se percató de que no se habían presentado todos los documentos y reclamó la revisión de oficio del expediente. La Fiscalía apunta que, pese a esta reclamación, el exalcalde decidió dar la licencia urbanística para construir la fotovoltaica que ahora pertenece a Iberdrola.
La punta de lanza de Extremadura
Nuñez de Balboa es el proyecto que elevó a Extremadura en "la punta de lanza" de la expansión de las renovables de Iberdrola en España. La construcción de este proyecto se convertía en un "elemento dinamizador del tejido industrial y del empleo local", explicaba la empresa en su presentación. "Será una de las más grandes de Europa y generará 1.200 empleos; un 70 % de ellos, trabajadores extremeños", destacaba en su comunicado oficial.
No obstante, este proyecto lleva una década salpicado por múltiples controversias. La más sonada es la sentencia en 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la que obliga a Iberdrola a desmantelar la planta y devolver gran parte del total de 1.000 hectáreas ocupadas para el proyecto a su dueño, que en este caso también representa Dorinda Aventín. Mientras se aclaran estos asuntos, la planta sigue a pleno rendimiento.
La planta solar de Iberdrola en Nuñez de Balboa, Extremadura, afronta un nuevo capítulo judicial tras su puesta en marcha. Desde este martes hasta el próximo jueves, la Audiencia Provincial de Badajoz afrontará el juicio penal por la concesión de las licencias urbanísticas de este proyecto valorado en 300 millones de euros y que pretendía iluminar a 250.000 familias en la provincia de Badajoz.