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Un pacto de Estado es posible: empresarios y políticos respaldan una nueva ley de industria
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Un pacto de Estado es posible: empresarios y políticos respaldan una nueva ley de industria

El propio ministro de Industria, Jordi Hereu, fue el encargado de inaugurar las jornadas y señaló que "necesitamos una ley de Industria que sea de todo el país"

Foto: El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', por Ametic. (EP/Juanma Serrano)
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', por Ametic. (EP/Juanma Serrano)

En una España tan dividida como la actual, hablar de pacto de Estado parece una utopía. Pero hay ciertos recovecos por donde pueden colarse los acuerdos. Esta misma semana, los cientos de empresarios y políticos que se han dado cita durante tres días en el Paraninfo de La Magdalena, en Santander, con motivo de la 38.ª edición del congreso de la patronal tecnológica Ametic, han coincidido en la necesidad de acordar lo antes posible una nueva ley de industria.

El propio ministro de Industria, Jordi Hereu, fue el encargado de inaugurar las jornadas y desde ese primer momento ya señaló que "necesitamos una ley de Industria que sea de todo el país". Lo hizo en presencia de la popular Gema Igual, alcaldesa de Santander, sobre quien personificó a todos los ediles de España para pedirles que se sumen a ese pacto de Estado.

En más detalles entró el director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, Jordi García Brustenga, que espera aprobar esa nueva ley de industria a finales de este 2024 o principios de 2025. Serán cerca de cuatro años de negociaciones y conversaciones para elaborar un texto que ya se ha sometido a una segunda audiencia pública, recibiendo 1.900 alegaciones por parte de los agentes sociales, incluyendo finalmente unas 400. "Hemos hecho un esfuerzo para que sea la ley de todos", señaló García Brustenga.

La ley de industria actual data de 1992, durante la presidencia de Felipe González. Se elaboró después de entrar España en la Unión Europea, centrándose en temas de calidad y seguridad industrial acordes a los del grupo comunitario. Ahora, también atendiendo a las bases que marcan desde Bruselas, la intención es conseguir una autonomía estratégica para evitar, por ejemplo, los problemas de suministros que se destaparon con la pandemia.

De hecho, mucho de lo aprendido con la crisis del coronavirus y la posterior recuperación económica quedará plasmado en la normativa. Por ejemplo, los fondos next generation y los pertes, aunque no tal y como se plantearon en la postpandemia. "Los pertes van a estar de manera estructural, con una sistemática que no tendrá nada que ver con la que se hizo con prisa", deslizó García Brustenga.

Por el momento, las bases de la futura normativa estipulan que el plan industrial se revisará cada seis años para identificar cuáles son los sectores estratégicos en cada momento. "Habrá que ordenar el sistema para identificar, clasificar y apoyar a muerte ese proyecto", explicaba el director general. Además, apuntaba también que se considerarán empresas estratégicas a aquella que decidan contribuir a la autonomía. "Van a tener sus beneficios o compensaciones", añadía.

Las bases de la futura normativa estipulan que el plan industrial se revisará cada seis años para identificar los sectores estratégicos

Aunque la normativa está muy avanzada, el Ministerio de Industria sigue recibiendo peticiones por parte de los agentes sociales. Sin ir más lejos, desde el grupo de reflexión de Ametic, Guillermo Dorronsoro ha instado a "cambiar la forma en la que la banca financia a las empresas, porque la industria necesita proyectos a largo plazo con carencia durante los primeros años".

Donrrosoro puso el foco en la necesidad de dejar a un lado los fondos de inversión, que son los que ahora mismo tienen el dinero para financiar las compañías "y luego acaban vendiendo a capital extranjero". Por este motivo, instó a la banca y al Estado a facilitar esa financiación a las pequeñas y medianas empresas, "pero con las condiciones que necesitan".

Los presentes coincidieron en que esa es una buena manera de conseguir engordar el tamaño de las empresas españolas, ya que una de las dificultadas que enfrenta el tejido empresarial nacional es que el 99% de las compañías son pymes. "Tenemos que ver cómo ayudarles porque sin la escala no hay innovación, no hay talento ni productividad", remarcaba la directora general de la Asociación Industria Navarra, insistiendo en que "la poca productividad en España está vinculada al tamaño".

En una España tan dividida como la actual, hablar de pacto de Estado parece una utopía. Pero hay ciertos recovecos por donde pueden colarse los acuerdos. Esta misma semana, los cientos de empresarios y políticos que se han dado cita durante tres días en el Paraninfo de La Magdalena, en Santander, con motivo de la 38.ª edición del congreso de la patronal tecnológica Ametic, han coincidido en la necesidad de acordar lo antes posible una nueva ley de industria.

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