Más de 400 empresas con problemas reestructuran su deuda a costa de bancos y fondos

El mercado de reestructuraciones de deuda de empresas en problemas, pero sostenibles a medio y largo plazo, coge fuerza. Cada vez hay más operaciones. Según fuentes financieras y jurídicas, en estos dos años del nuevo marco concursal ha habido más de 400, y se espera que se aceleren tras el verano. Aún quedan dudas técnicas y de procedimiento.

La nueva Ley Concursal se aprobó en septiembre de 2022, transponiendo una directiva europea que busca dinamizar las reestructuraciones para evitar concursos innecesarios y salvar negocio y empleo. Para ello, se da más poder de negociación a los acreedores y se impide que accionistas o tenedores de deuda se puedan enrocar en posiciones que impidan una reestructuración que facilite la viabilidad de la empresa. A cambio, se producen recalendarización de plazos o quitas de deuda a los acreedores, que suelen ser bancos y fondos.

El caso más sonado ha sido el de Celsa, en el que los accionistas, la familia Rubiralta, se negó a negociar con los fondos acreedores y estos impusieron un plan de reestructuración para reducir la deuda y capitalizar sus posiciones en acciones, haciéndose con la empresa metalúrgica catalana. Pero ha habido muchas más operaciones relevantes, como Codere, Naviera Armas, Telepizza o Ezentis. Otros procesos aprobados o fallidos de menor tamaño, como Single Home, Hoteles Beatriz, Olive Line, W Resources​ o Das Photonics, también han sido muy seguidos por los asesores.

En mayo, el responsable de reestructuraciones de uno de los principales bancos españoles estimó que ha habido en torno a 350 reestructuraciones. Antes del verano ha habido un acelerón de operaciones para asegurar la viabilidad de muchas empresas antes del cierre de los juzgados en agosto. Los asesores consultados calculan que ya van más de 400.

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Además, las expectativas es que haya otro incremento de reestructuraciones tras el verano. Cada vez hay más, especialmente en empresas medianas (mid market), aunque la última relevante ha sido Codere, con una quita de 1.200 millones de euros. Y está pendiente que se valide en la Audiencia Provincial de Las Palmas la de Naviera Armas, con una quita de más de 200 millones, y un agujero al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 40 millones.

Sectores como los pescados congelados, el aceite o el consumo y la distribución han acaparado muchas reestructuraciones en empresas medianas. Pero el denominador común, más que un sector concreto, suele ser un apalancamiento elevado desde el covid y un aumento de costes que no han podido trasladar a los clientes. Así, se reducen los márgenes mientras aumentan los gastos financieros por la subida de tipos entre 2022 y 2023.

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En un contexto económico de crecimiento y mejora de las expectativas, cada vez hay más operaciones de reestructuración porque hay empresas en las que hay riesgo de insolvencia, pero las previsiones de ventas son positivas a medio y largo plazo. Pero aunque se reduzcan otra vez los tipos, seguirán más altos que en 2020, con lo que sin una recalendarización de deuda o quita, muchas empresas no son viables porque los ingresos apenas cubren la suma de costes ordinarios y gastos financieros.

"Se ha visto un claro incremento de planes de reestructuración en este primer semestre del año; sobre todo en la mediana empresa, con perímetros de afectación inferiores a los 30 o 35 millones de euros. Es cierto que el número de grandes restructuraciones en España se mantiene moderado, pero sí que vemos un importante incremento en el número de operaciones en lo que va de año, y el pipeline es muy positivo", apunta Javier Castresana, socio de A&O Shearman.

Un estudio de Kroll previo al verano detectó que había 163 expedientes en curso en diferentes etapas: en apertura de negociaciones había 59, otros 20 en los que ya se había nombrado experto en reestructuración, 57 en prórroga de negociaciones con los acreedores, y otros 27 admitidos a trámite en el Juzgado.

"Se ha visto un claro incremento de planes de reestructuración en este primer semestre del año; sobre todo en la mediana empresa"

Además, muchas reestructuraciones no se conocen. "El nuevo régimen en materia de planes también facilita la consecución de reestructuraciones unánimemente consensuales, para las que no es necesaria ninguna homologación judicial", recuerda Adrián Thery, socio de Garrigues. Estas operaciones "no aparecen en las estadísticas judiciales pese a tratarse de un efecto virtuoso del nuevo régimen".

Por ahora, no hay una base fiable de estadísticas, pese a que así lo refleja el texto europeo que se transpuso: "No existen aún estadísticas oficiales del Registro Mercantil ni del Consejo General del Poder Judicial sobre la materia preconcursal, a diferencia de la información sobre procedimientos concursales, que es bastante profunda. Esto no solo es aconsejable para la valoración de la política legislativa y la toma de decisiones, sino que es una obligación impuesta por la Directiva sobre reestructuración e insolvencia (artículo 29) que exige o recomienda a los Estados miembros que se doten de determinadas estadísticas en materia de insolvencia. También se recoge en la disposición final decimosexta de la Ley 16/2022, de reforma de la Ley Concursal, que prevé la aprobación de un Reglamento sobre estadística concursal para analizar la eficacia y eficiencia de los instrumentos preconcursales", exponen José Antonio García-Argudo y Pablo Martínez Valera, socios de Auren.

Pese al aumento de reestructuraciones de los últimos meses y la previsión de que continúe así, las cifras son "moderadas" si se compara con la experiencia concursal, advierte Nacho Fernández Aguado, socio de CMS, que recuerda que cuando no ha habido crisis, "el número aproximado de concurso anuales en España era de entre 6.000 a 8.000".

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Los concursos siguen produciéndose, aunque muchos se están evitando por reestructuraciones. Para los próximos meses se espera más actividad porque "en 2025, las pérdidas de 2020 y 2021 volverán a computar para el test de disolución obligatoria", comenta Javier Rubio, counsel de Andersen. "Todavía hay negocios que reestructurar a medida que la deuda ICO se tenga que ir devolviendo durante los próximos años y haya compañías con dificultades para renovar la financiación circulante o sufran impagos de clientes", apostilla. A esto hay que sumar "los numerosos vencimientos de deuda en 2025 y 2026", que podrían incrementar los grandes procesos, opina Pedro de Rojas, socio de Latham & Watkins.

Dudas de procedimiento

Todavía quedan algunas dudas técnicas que son relevantes para el desarrollo y éxito de reestructuraciones de deuda de empresas viables pero con problemas coyunturales. No obstante, recuerda De Rojas, "estamos viendo resoluciones que sí están mostrando una clara voluntad de jueces y magistrados por analizar en profundidad cada situación y dictar resoluciones muy extensas y didácticas".

El ejemplo más evidente fue el de Celsa, con una sentencia por parte del juez Lobato, del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, con 155 páginas. En ellas, afirmó que si el valor de la deuda es mayor que el de la empresa, no se puede decir que los accionistas sigan siendo dueños.

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Aun así, no hay jurisprudencia como tal, porque los casos no pueden llegar al Supremo, y distintos jueces pueden fallar en sentido opuesto en casos similares. Se puede optar por contradicción previa para que las partes expongan sus argumentos y la decisión del juez de lo Mercantil es firme y definitiva, o ir directamente a este y, entonces, se puede impugnar ante la Audiencia Provincial, y será la última instancia.

"Dos de las cuestiones que para mí son más interesantes es ver cómo se van resolviendo los planes competidores, que no están regulados en nuestra norma, así como algunas cuestiones relativas a planes no consensuales en los que un acreedor muy minoritario arrastra a la gran mayoría. Obviamente, en estos primeros años, estamos poniendo a prueba la flexibilidad y límites de la norma, pero hasta ahora hemos contado con muchísima colaboración de los Juzgados de lo Mercantil que están reaccionando con mucho nivel a las exigencias de esta nueva regulación", señala Javier Castresana, de A&O Shearman.

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En cuanto a los planes competidores, hubo un caso llamativo que fue el de Single Home, en el que la empresa, junto con acreedores vinculados, presentó un plan para arrastrar al resto. Los acreedores afectados presentaron otro plan, pero el juez analizó y homologó el primero por orden de llegada. Hubo impugnación ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero un acuerdo entre las partes (un fondo estadounidense y Sareb) impidió que hubiera sentencia.

Sigue habiendo dudas sobre qué pasa si se presentan dos o más planes que cumplen con la Ley. Otro punto relevante es el de planes en el que una minoría arrastra al resto del pasivo, algo que ha encendido las alarmas en la banca. Se han realizado varias reestructuraciones de este tipo.

Uno de los asesores de empresas reestructuradas con planes aprobados por una minoría ha sido el abogado y economista Carlos Perelló, ex jefe de Natixis en España y ahora volcado en reestructuraciones: "Se dan porque los acreedores, normalmente financieros, no pueden ofrecer (por tiempo, recursos, ganas, complejidad, por no ponerse de acuerdo entre ellos u otras causas) un plan que sea lógico y natural para el deudor altamente endeudado pero viable económicamente. Creo que estos planes no consensuales serán la vía de entrada a la viabilidad para las pymes con deuda de entre 500.000 euros y 80 millones", arguye.

"Los acreedores no pueden ofrecer un plan que sea lógico y natural para el deudor altamente endeudado pero viable económicamente"

Algunas de las dudas pendientes, afirma José Carlos González Vázquez, socio de Ceca Magán, "ya las están resolviendo los tribunales, aunque son pocas las resoluciones dictadas hasta ahora (apenas nueve donde haya habido contradicción) y las soluciones adoptadas no han sido siempre acertadas, quizá porque son demasiado pro homologación, con algunas interpretaciones demasiado laxas, a mi juicio, de algunas cuestiones cruciales".

Por otro lado, aunque la Agencia Tributaria está mostrando más flexibilidad con los créditos ICO (vota en su nombre), sigue habiendo incertidumbre cuando hay dinero público de por medio. Tanto del ICO como de SEPI y otros organismos. De hecho, una duda pendiente es la "calificación de los créditos CDTI (préstamos públicos para la innovación) y organismos públicos similares como crédito público o privado a los efectos de la correcta formación de las clases, con posiciones contradictorias entre juzgados y tribunales", dice Javier Rubio, de Andersen.

Nombres propios

Entre las sentencias pendientes, hay nombres propios de los que están pendientes los asesores porque pueden marcar una pauta de cara al futuro. Porque aunque no hay jurisprudencia, se asume que se tenderá al consenso entre los jueces.

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El juicio por la impugnación por parte de la banca y Acciona a la reestructuración de Naviera Armas está fijado para los días 8, 9 y 10 de octubre. Una cuestión que se analizará y que es novedosa es la que se conoce en la jerga como gifting, en referencia a que una clase júnior, con menor prioridad, o los accionistas, reciban o conserven valor cuando clases más sénior (con más derechos) han sufrido una quita.

Los acreedores que apoyaron el plan y la empresa sostienen que, técnicamente, primero se produjo la reestructuración y, después, la cesión de acciones a la familia Armas para que se mantuviera en el capital. En cualquier caso, es un tema relevante.

Por otro lado, la reestructuración en la maderera gallega Losán se presentó in extremis y no para todas las sociedades a principios de agosto, y se esperan impugnaciones en septiembre. Asimismo, todavía está pendiente de sentencia la impugnación por parte de dos acreedores y un accionista a la reestructuración de Ezentis. También Beatriz Hoteles, Ecolumber, que cotiza en la Bolsa de Barcelona, o la atunera Frime, son otros casos en los que los asesores están pendientes.