El grupo húngaro vetado para comprar Talgo denuncia "la más absoluta indefensión"

El grupo húngaro Ganz MaVag (liderado por la empresa privada Magyar Vagon y el fondo público Corvinus) ha retirado la opa que había lanzado, por 620 millones de euros, para controlar el 100 % del constructor de ferrocarriles Talgo, después de que el martes el Gobierno vetara su oferta alegando cuestiones de seguridad nacional. La decisión se ha adoptado en la reunión mantenida este jueves en Budapest por el consejo de administración del consorcio y ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

En su comunicación remitida al supervisor español, Ganz MaVag sostiene que la decisión del Consejo de Ministros "carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión", puesto que considera que su opa "cumple todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España".

El grupo húngaro considera que la decisión el Gobierno de España "no se ajusta a Derecho" y sigue pensando que la oferta "era atractiva para los accionistas de Talgo (a los que se está privando ilegítimamente de dicha posibilidad)".

Ganz Mavag ha acordado retirar su opa, pero mantener una estrategia judicial contra la decisión del Gobierno español. Aunque desde el consorcio se traslada que no desisten de presentar otra oferta a futuro para hacerse con Talgo, las opciones son remotas. Los procesos judiciales se pueden extender durante años, especialmente si se aboga por la vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, para entonces, es probable que los actuales accionistas hayan encontrado otra solución corporativa.

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La acción de Talgo, que cotizaba a 4,26 euros antes de conocerse el veto del Ejecutivo, cerró ayer a 3,94 euros, una caída del 7,5%. Este precio supone una valoración de 444 millones de euros, casi un 30% por debajo de lo que ofrecían los húngaros.

La negativa del Gobierno a que los húngaros adquieran Talgo esgrimía "riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público" y fue precedida de un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que alertaba sobre el riesgo de que la compañía cayera en la esfera de influencia rusa. El informe es secreto.

Aunque el consorcio húngaro y su cabeza visible, el empresario András Tombor, se han esforzado en enmarcar la operación en el ámbito estrictamente empresarial, para el gobierno han acabado pesando más los vínculos de Víctor Orbán, primer ministro húngaro, con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el temor a que los activos de Talgo caigan bajo la influencia de Moscú. La sociedad rusa Transmaholding ha sido accionista de Magyar Vagon en el pasado, pero la alianza se deshizo tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

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El grupo húngaro envió una carta al Ministerio de Economía el pasado 24 de julio en la que trataba de rebatir dos de los pilares en los que se pasan las reticencias del Ejecutivo: que no hay fondos ni vínculos rusos en la operación y que el fabricante de trenes español no es un activo estratégico.

Para lo primero, utilizaban el visto bueno que dieron los bancos acreedores al cambio de control de la compañía, que requería un análisis exhaustivo sobre el origen legítimo de los fondos con los que se iba a financiar la operación. Para lo segundo, se amparaban en la no presencia de Talgo en el "Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior" y en que la empresa “no dispone de Habilitación de Seguridad otorgada por ninguna Autoridad Española (incluyendo de la Oficina Nacional de Seguridad) para acceder a información restringida”.

Pero la oposición del Gobierno fue frontal desde que la operación tomó cuerpo en febrero del año pasado. El ministro de Transporte, Óscar Puente, llegó a decir que haría todo lo posible para impedirla y ha buscado activamente alternativas, como la del fabricante de automóviles checo, Skoda. Los principales accionistas y el consejo de Talgo estaban a favor de la oferta húngara. Y así se lo comunicaron al Gobierno.