Tensión en bancos y fondos oportunistas por la nueva ley para créditos morosos

El Gobierno debe transponer una directiva para regular la gestión de los créditos morosos que compran fondos oportunistas. El plazo venció en diciembre, por lo que se espera que sea pronto. Ya ha sido aprobado un Anteproyecto de Ley que está disparando la preocupación y las quejas en el sector.

El plazo que dio la Unión Europea para transponer la norma expiró el 29 de diciembre de 2023, aunque todavía no hay riesgo de multa, y varios países también van fuera de plazo. El Anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos es la norma encargada de transponer una directiva que busca regular este mercado en torno a los datos personales, un trato justo al moroso y unos canales de información determinados con los deudores para informarles de quién tiene la deuda y en qué situación está. Y, también, la norma busca que el mercado de compraventas de créditos morosos sea más competitivo.

El anteproyecto ya pasó por audiencia pública, pero aún debe pasar por todas las fases parlamentarias, con lo que, como mínimo, se espera su aprobación para finales de 2024. El borrador ha levantado ampollas en el sector financiero, tanto en bancos como en fondos oportunistas, por varias medidas que no están incluidas en la directiva y que, según critican, puede mermar la competitividad de la compraventa de créditos morosos.

La venta de créditos morosos permite a la banca recuperar parte de lo perdido y evitar provisionar el 100%. Si es una cartera de préstamos impagados con poca capacidad de recuperación, el descuento del precio sobre la deuda pendiente puede llegar al 95%. Mientras que si son créditos con impagos recientes, garantías hipotecarias y mayor esperanza de recuperación, se quedan por debajo del 50%. Los bancos recuperan algo de dinero y, sobre todo, liberan recursos al dejar de gestionarlos, algo que harán gestores especialistas que trabajan para fondos oportunistas (o, para muchos, fondos buitre) que adquieren los préstamos para obtener rentabilidades de más del 10%.

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No todos los fondos trabajan igual. Hay diferencias según los gestores de recobros y, también, según geografías. Por ello, y por la utilidad de que sea un mercado más competitivo, la Unión Europea se adentró a establecer una regulación hasta ahora inexistente. Pero para bancos y fondos, la transposición en España podría afectar al mercado negativamente.

Hay varios puntos en el anteproyecto que generan fricción, pero sobre todo uno, relacionado con la posible situación de vulnerabilidad del cliente moroso del banco. La ley se centrará en los créditos vendidos por bancos a fondos y en proteger al cliente, especialmente si está en una situación complicada.

La entidad debe ofrecer al cliente la posibilidad de reembolsar el crédito por el valor de la venta

Lo que dice el anteproyecto es que cuando los prestatarios están en situación de vulnerabilidad económica con deudas vencidas, y el banco se dispone a vender estos préstamos a un tercero, la entidad debe previamente ofrecer al cliente la posibilidad de reembolsar el crédito por un importe equivalente al que se va a llevar el banco por la venta. Es decir, aplicando una quita igual al descuento en el precio que pagaría el fondo oportunista.

Dicho de otra manera, si el banco va a recibir 2.000 euros por una deuda pendiente de 10.000 euros al vender el préstamo, que sea el propio cliente el que abone los 2.000 euros y cancele la deuda pendiente porque el resultado para la entidad financiera debería ser el mismo. Sin embargo, esta tesis choca contra dos advertencias que está realizando el sector al Ministerio de Economía, por logística y por riesgo moral.

El sector teme que sea un incentivo para que clientes vulnerables no paguen sus deudas

En el primer caso, porque el banco no tiene datos suficientes como para establecer qué cliente está en situación de vulnerabilidad, a no ser que este lo avise a la entidad, y esta tendría que comprobarlo. Por otro lado, los bancos aceptan un descuento mayor cuando venden una cartera masiva que es imposible de analizar al completo por un fondo. Si se vendieran de forma individualizada, el precio de la operación será mayor, pero también los costes del banco para ejecutar la venta de los créditos.

Y luego está el riesgo moral. En el sector se teme que se genere un incentivo para que clientes en situación de vulnerabilidad no paguen sus deudas esperando cancelarlas con descuento. Incluso podrían surgir asesores especializados en ello, como está ocurriendo con la Ley de Segunda Oportunidad, según denuncian jueces y abogados.

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Además, en el sector financiero se cree que se podría generar un desincentivo a la banca a la hora de prestar dinero a personas que están en situación de vulnerabilidad o que podrían estarlo, ya que las entidades podrían percibir un mayor riesgo de morosidad (además del asociado a la situación económica), y un potencial coste más elevado a la hora de gestionar posibles impagos. Tampoco ha gustado que los bancos deban explicitar los precios de venta de estos préstamos, mostrando al mercado políticas internas de gestión de balance.

El ámbito de aplicación de la normativa será para créditos originados por entidades de crédito (bancos) y establecimientos financieros de crédito (EFC) que son vendidos a gestores de recobros. Es decir, quedan fuera las deudas generadas por eléctricas o telecos, que también pueden ser vendidas, o el tratamiento que realizan los bancos de los impagados.

Esta limitación a los fondos oportunistas ha sido criticada por su patronal española, Angeco (Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Crédito). "Nos habría gustado una regulación completa del sector. Esperemos que, una vez que tengamos una ley del sector, podamos ampliarla a toda su actividad", indica Carlos Ruiz Cabrera, presidente de Angeco.

"Lo que el sector gestiona son créditos impagados, deuda vencida, no contratos vivos"

"Nos gustaría que los estamentos públicos nacionales y europeos fueran más y mejor conocedores de la labor del sector de la recuperación de deuda, que en el año 2023 gestionó en España 460.000 millones y recuperó más de 10.000 millones de euros", apostilla el presidente de la asociación. El anteproyecto, prosigue, "no acierta en algo esencial: lo que el sector gestiona son créditos impagados, deuda vencida, no contratos vivos, como erróneamente asume el texto. Los problemas no son los mismos y las soluciones, por tanto, tampoco. Una empresa del sector no puede responder una queja de un deudor sobre el momento en que le concedieron el préstamo que luego dejó de pagar o sobre la oficina de la entidad bancaria que le atendió y que pudo provocar un problema determinado".

La queja viene de que la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sea la encargada de atender las reclamaciones que puedan hacer los deudores morosos respecto a los gestores de recobros. Para estos, el supervisor será el Banco de España.

El nuevo texto regulatorio recogerá, salvo cambios de última hora, que la administración de créditos dudosos estará reservada para administradores autorizados en España, y que los compradores de créditos dudosos domiciliados en otros países de la Unión Europea deberán nombrar a un administrador de créditos en España. Si los fondos compradores no son de la Unión Europea, deberán designar, además, a un representante con domicilio social en España.

Se establecen obligaciones que los bancos tienen por políticas y ya aplican

Por otro lado, se establece la obligación de enviar una comunicación a los deudores con un contenido mínimo y en un lenguaje claro y comprensible sobre su deuda, así como informar periódicamente al Banco de España.

Los prestamistas, además, deberán contar con una política de renegociación de deudas aprobada por el consejo y, en caso de impago, tomar medidas encaminadas a llegar a acuerdos de renegociación antes de tomar acciones como la exigencia del total del préstamo o acudir a los tribunales. En la práctica, los bancos ya tienen estas políticas y ya toman estas medidas.