Aena sopesa frenar el embargo de su aeropuerto en Londres alegando el daño a BlackRock o TCI

Aena se ha visto salpicada por la guerra que diversos inversores internacionales han planteado al Reino de España por los recortes a las renovables de hace ya más de una década. Tal y como ha confirmado la propia compañía a la CNMV, NextEra, la mayor eléctrica de EEUU y del mundo (casi 160.000 millones de capitalización bursátil), está tratando de que la justicia británica reconozca su victoria arbitral y poder así ejecutar bienes del Reino de España en esa jurisdicción, un proceso similar al emprendido por otros inversores por esta misma causa. Nextera, asesorada por el despacho norteamericano Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, logró que el tribunal arbitral del Banco Mundial le reconociera en 2019 una indemnización de 290 millones por el recorte de primas del Gobierno a sus renovables en España. Y ahora, quiere cobrarse esa victoria embargando activos de Aena en Reino Unido.

Sin embargo, tanto Aena como el Reino de España —que canaliza estos litigios a través de la Abogacía del Estado— ya han confirmado que tomarán las medidas legales oportunas para defender sus intereses. Esta reacción se produce después de que ambas instituciones confirmaran que el embargo cautelar del 26,01% del aeropuerto de Luton (Londres) y unos terrenos aledaños también propiedad de la empresa española se había decretado sin que hayan sido escuchados por el juez (inaudita parte, según la jerga jurídica). Esto ya sucedió tras declararse el embargo cautelar sobre las cuentas del Instituto Cervantes, también decretado por la justicia británica. El hecho de que se aprobaran cautelares sin siquiera escuchar a los afectados por dichos embargos causó amplio malestar sobre la Abogacía del Estado, que calificó la medida de "radical".

Aunque la cuestión aún es muy incipiente, ya que las partes perjudicadas ni siquiera han visto aún la resolución de la justicia británica, fuentes al tanto del caso señalan que hay razones de peso para pensar que dicho embargo no prosperará, ya que no se puede equiparar al Reino de España con Aena, ya que esta cuenta con inversores privados. En un análisis muy preliminar, las fuentes consultadas señalan que el juez que ha decretado el embargo cautelar sobre el usufructo del 26,01% del capital del aeropuerto londinense, una de las ciudades con más tráfico aéreo del mundo, ha podido perjudicar a inversores que nada tienen que ver con el Reino de España, contra el que se dirige la medida. Fuentes de Aena han declinado hacer comentarios y se remiten al comunicado de la CNMV, firmado por la secretaria del consejo y abogada del Estado, Elena Roldán.

Aena Internacional, dueña de Luton, es al 100% de Aena, quien tiene dentro de su capital al Estado a través de Enaire (51% del capital social), pero también a otros fondos privados que compraron acciones del gestor aeroportuario, que en 2015 decidió salir a bolsa.

Este es el caso del fondo británico The Children Investments Fund (TCI). Este inversor, liderado por Chris Hohn, cuenta con el 6,25% de Aena, lo que le convierte en su segundo máximo accionista. Hohn redujo su participación en 2023 y salió del consejo de administración. También tiene una participación significativa BlackRock. La mayor gestora de fondos del mundo posee el 3,07% del capital social de la firma. El hecho de que se hayan embargado activos que en última instancia no solo pertenecen al actor demandado, en este caso el Reino de España, sino a grandes inversores creen que es un argumento de peso para que un hipotético recurso sobre este embargo cautelar sirviera para evitar que la pretensión de la multinacional demandante llegara a buen puerto.

Lluvia de peticiones de embargo contra España

La decisión de la justicia británica se produce solo unas semanas después de que otros inversores lograran que la justicia belga le reconociera el pago de los derechos de cobro que Enaire, primer accionista de Aena, tiene sobre Eurocontrol por los permisos de vuelo sobre el espacio aéreo español (hasta 80 millones de euros). Sin embargo, esta es la primera vez que a España se le quiere embargar algo que no es 100% de España.

Hasta ahora, los fondos que litigan por esta causa y pretenden que otros países les reconozcan el derecho de cobro de sus laudos ganadores con activos de España en otros países del mundo habían apuntado siempre hacia bienes propiedad al 100% del Estado español (a excepción de aquellos que gozan de inmunidad diplomática como las embajadas).

"Los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España. Así, la magistratura de las islas ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco. La Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda", señala un portavoz de algunos de estos fondos que están tratando de que España les pague por el recorte a las renovables.

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"Los afectados piden al gobierno español que ponga fin a esta embarazosa situación y reclaman a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta controversia. Las empresas que están sufriendo estos millonarios impagos recuerdan que la titular del ministerio tiene encima de la mesa una propuesta de resolución que permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más", añaden los inversores afectados por los recortes.

Desde el departamento liderado por Teresa Ribera, sin embargo, minimizan el impacto y culpan de esta situación a la herencia que dejó el PP, ya que el mayor recorte a las renovables fue ejecutado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: "España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales por el recorte de las renovables aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales. De hecho, sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden apenas a 1.500 millones".

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Luton logró unos ingresos de 194 millones de euros en el primer semestre de 2024. Su ebitda fue de 75 millones y su resultado de explotación 46 millones de euros. En total, Aena logró unos ingresos de 2.746 millones de euros en el mismo periodo. El ebitda de la compañía presidida por Maurici Lucena fue de 1.555 millones de euros.

Pese a las cantidades, la cuestión está siendo motivo de preocupación también para el Ministerio de Economía, dado el impacto sobre la reputación como destino inversores que podría causar a España. En 2023, la secretaría de Estado del Tesoro, responsabilidad entonces del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pidió informes jurídicos especializados por las cartas que uno de los inversores que más está presionando a España por estos impagos había enviado al Banco Mundial, el FMI y las agencias de rating.