Un tribunal británico embarga a Aena sus acciones de Luton por los recortes renovables

Turbulencias en Aena. Un tribunal británico ha embargado cautelarmente el derecho de usufructo del operador aeroportuario sobre el aeropuerto de Luton (Londres), donde ostenta una participación del 51%, en el proceso de reconocimiento y ejecución de un laudo condenatorio a España por el recorte de las primas a las energías renovables.

En concreto, ha sido la energética NextEra la que ha pedido a los tribunales británicos la homologación y ejecución de un laudo de 291 millones de euros dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial.

Aena ha remitido un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que comunica que los abogados de NextEra han trasladado a la Abogacía del Estado, defensora de España en el caso, la adopción de estas medidas cautelares, si bien todavía no se ha notificado nada al gestor aeroportuario. El embargo cautelar se ha adoptado 'inaudita parte'. Es decir, sin escuchar antes a España y a la Abogacía del Estado, que es quien defiende al país en más de medio centenar de arbitrajes iniciados por inversores extranjeros por los recortes renovables.

El embargo cautelar afecta al beneficial interest que los abogados de los demandantes atribuyen al Reino de España sobre el 26,01% en las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales; y en relación con los terrenos en los que una de las filiales aparece como titular registral y que incluyen varias propiedades que forman el citado aeropuerto.

El gestor aeroportuario incide en que no ha formado parte de este arbitraje y que “llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda”.

Es la segunda vez que un tribunal de Reino Unido ordena del embargo cautelar de bienes de España en el extranjero por los impagos de las renovables. La primera vez fue hace un año, cuando la Justicia británica acordó, también inaudita parte, el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes a petición de Infrared, fondo del banco británico HSBC que también ganó un arbitraje contra España.

¿Por qué España no paga?

Aunque España acumula condenas por más de 1.000 millones de euros, lo cierto es que el país todavía no ha desembolsado ni un euro en concepto de indemnizaciones. El Estado, que está defendido por la Abogacía del Estado con el apoyo de algunos despachos, se escuda en las sentencias de los casos Komstroy y Achmea dictadas por el Tribunal de Justicie de la Unión Europea (TJUE) para defender la ilegalidad de este tipo de arbitrajes.

La sentencia Komstroy concluye que no son válidos los arbitrajes bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía centrados en disputas suscitadas entre un Estado miembro y un inversor procedente de otro estado de la Unión Europea, todo ello sobre la base de que los tribunales arbitrales no se consideran órganos jurisdiccionales de la Unión Europea.

En el caso de Achmea, la sentencia del TJUE resolvió una disputa entre Eslovaquia y Achmea, una empresa neerlandesa de seguros, en la que concluyó que la cláusula arbitral de los Tratados Bilaterales de Inversión entre países son contrarias a los Tratados de la Unión Europea y no se pueden usar para procedimientos de arbitraje.

De forma paralela, España sostiene que la Comisión Europea le ha ordenado no abonar ninguna indemnización hasta que concluya la investigación que tiene abierta para determinar si estas primas constituyen ayudas de Estado y vulneran los Tratados de la Unión Europea, donde están establecidos los fondos demandantes. Si pagase ya, España asegura que la Comisión Europea le obligaría a recuperar las ayudas, tal y como establece la ley. España ha reclamado en los diferentes procesos de ejecución que tiene pendientes que se mantengan suspendidos hasta que Bruselas tome una decisión final.