Terremoto fiscal (y penal) para el capital riesgo español tras un 'boom' de 60.000 millones

La sanción millonaria impuesta por la Agencia Tributaria a CVC Capital Partners y a Javier de Jaime puede dinamitar el sector del capital riesgo, que ha protagonizado las mayores operaciones de compraventa de empresas en España.

Solo en la última década, el dinero destinado a adquisiciones de private equity ha superado los 60.000 millones de euros. Compañías como Burger King, Telepizza, MásMóvil, Cortefiel, Pronovias, Cirsa, Naturgy, Tous, Pastos Gallo, Hotelbeds, Mediapro, LaLiga, Dorna (Campeonato del Mundo de Motociclismo) y un gran número de empresas de renovables están controladas o participadas por este tipo de fondos

Tras publicar ayer El Confidencial la información de los expedientes de Hacienda, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a los juzgados de lo contencioso-administrativo donde el fondo británico había recurrido de que los casos deben remitirse a la vía penal para ser investigados como posible delito contra la Hacienda Pública.

Se trata de siete recursos presentados ante sendos procedimientos abiertos por posibles delitos tributarios como resultado de las operaciones de compraventa de IDCSalud (fusionada con Quirón hace años) y ahora propiedad del gigante sanitario alemán Fresenius. Según la inspección tributaria, los importes defraudados en todas esas operaciones ascendería a 356 millones de euros, con una deuda resultante de 370 millones.

El 'carried interest'

Los directores de estos vehículos de inversión, que captan dinero de fondos de pensiones, aseguradoras o grandes fortunas, cobran una comisión fija —cerca del 2% del volumen captado— por la compra y la venta de las empresas (portfolio) durante la vida del vehículo, que oscila entre los cinco y los siete años. Pero cuando el fondo obtiene ya una rentabilidad determinada (sobre un 8%) por la desinversión de algunas de las compañías adquiridas, perciben la comisión de éxito o carried interest, que suele ser una cantidad millonaria, sobre el 20% del beneficio.

De Jaime y CVC, que en los últimos 10 años han comprado empresas en España por más de 10.000 millones (Abertis, Cortefiel, Deoleo, Naturgy, Universidad Alfonso X El Sabio o QuirónSalud, entre otras), consideraban que todas las plusvalías obtenidas por estas operaciones las tenían que contabilizar como rentas del ahorro, al 25%, en lugar de como rentas del trabajo, al 49%. Es decir, para el directivo, uno de los españoles que más alto han llegado en este sector en el mundo, se trataba de una inversión y no de un empleo cualificado.

Una estructura similar a la de muchos colegas del sector, especialmente la de los directivos de los fondos internacionales, que, como Cinven, KKR, EQT, Carlyle, Apax, Permira, Ardian, Providence y Blackstone, han protagonizado operaciones como Idealista, Tinsa, Ufinet o antes Panrico, Bodybell y El Ganso. Unos private equities que han entrado también hasta en el capital de los clubes de fútbol, como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid.

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Si CVC y De Jaime no consiguen doblarle la mano a Hacienda (y a la Fiscalía) en los tribunales, muchos de estos ejecutivos, que se encuentran entre los mejor pagados del sector financiero, sufrirán la misma interpretación de la Agencia Tributaria, que hasta el pasado 1 de enero no había regulado los denominados carried interest.

Antes de esta normativa, no había una regulación concreta, por lo que cada directivo y fondo han aplicado un criterio entre lo razonable y lo laxo, muy típico en una industria que aprovecha las estructuras en Luxemburgo, Países Bajos y paraísos fiscales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Algunos ejecutivos reconocen que desde hace años se han utilizado todo tipo de fórmulas para reducir la factura con Hacienda. Pero otros agregan que el expediente sancionador contra CVC y De Jaime pondría en grave riesgo el principio de seguridad jurídica.

Fuentes del sector lo explican con claridad, pero bajo anonimato por el temor a las consecuencias: “Aplicar el criterio que pretende la Inspección de los Tributos llevaría consigo la posibilidad de imputar penalmente a contribuyentes que han intervenido en el pasado en numerosísimas operaciones corporativas del sector del private equity. Contribuyentes que, con base en las normas aplicables en su momento, tributaron por determinados rendimientos del capital mobiliario que ahora se pasan a calificar como rentas del trabajo”.

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Lo que parece claro es que, como antes hizo la Agencia Tributaria con los futbolistas y los artistas, los afectados deberán decidir si contratan abogados fiscales de prestigio para dar guerra en los tribunales u optan por pasar por la ventanilla. Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Casillas, Alves, Marcelo, Diego Costa, Falcao o José Mourinho se decantaron por pactar sanciones y evitar la posibilidad de ir a prisión. Solo Xabi Alonso defendió su inocencia en un juicio. Piqué pagó primero y después ganó en el Supremo a Hacienda. Shakira, para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel por un fraude fiscal de 14,5 millones, también se ha decantado por pelear.

La diferencia con los grandes ejecutivos del private equity es que estos directivos gestionan dinero de terceros, de grandes aseguradoras como AXA, Allianz, de los fondos de pensiones de los profesores o funcionarios de Estados Unidos, Canadá o Australia, o de apellidos como los Abelló, Ortega, Del Pino, Lao, Riberas y hasta Louis Vuitton.