Los jueces avalan las sanciones millonarias contra el cártel de los cables eléctricos
La Audiencia Nacional desestima la mayoría de reclamaciones interpuestas contra las multas impuestas por Competencia, que salpican a grandes empresas como Iberdrola, Abengoa o Amara, que acaba de comprar el fondo internacional Cinven
La Justicia refrenda el golpe que dio Competencia en 2017 a 11 empresas y una asociación por amañar concursos e inflar sus ingresos gracias a pactar precios y repartirse proyectos.
La Audiencia Nacional acaba de desestimar los recursos interpuestos por estas compañías, que fueron condenadas a pagar multas de casi 45 millones de euros por conductas tipificadas como "muy graves", el grado máximo de irregularidad en cuestiones de competencia.
"Entendemos acreditada la existencia del plan común, por cuanto que de aquella puede inferirse que el modus operandi era similar en todos los casos detectados, pactando las empresas una cobertura consistente en presentar ofertas simuladas para asegurarse al ganador previamente pactado y luego repartirse el contrato entre todas", destaca el alto tribunal en una de las sentencias.
"Los acuerdos descritos ponen de manifiesto que en su mayoría responden a una práctica reiterada a lo largo de los años de duración del cártel, consistente en convenir previamente el precio que las empresas habían de presentar en las licitaciones a los proyectos ofertados, acordando un precio mayor con el fin de que se adjudicase a la distribuidora", detalla otro de los fallos judiciales que acaban de dictar los jueces.
El tribunal solo ha estimado algunas reclamaciones relativas a la prescripción de hechos. Las prácticas sancionadas se remontan a 2002, con lo que la práctica irregular se habría prolongado durante más de una década. Eso implica que la CNMC tendrá que recalcular algunas sanciones, pese a confirmarse a nivel judicial la conducta antijurídica de los años prescritos.
La CNMC desarticuló entonces, bajo la presidencia de Marín Quemada, cinco cárteles de empresas que fabrican y distribuyen cables eléctricos de baja y media tensión para viviendas, electrodomésticos y otras infraestructuras como hospitales, ferrocarriles, obras energéticas, navales o de telefonía.
Entre los condenados, se encuentran empresas de diferentes tamaños. Algunas grandes multinacionales como Iberdrola o Abengoa se han visto salpicadas por estas irregularidades y han sido sancionadas en calidad de matriz de alguna de las firmas multadas por cártel, la conducta ilícita más lesiva para el buen funcionamiento de la economía, ya que encarece los precios de los productos y se convierte en una barrera para la competencia.
Además de Iberdrola -cuyo recurso ante la Audiencia Nacional no ha prosperado- tampoco se libra tras recurrir su exfilial Amara, condenada en este caso a pagar 2,25 millones de euros. La multa ha sido confirmada ahora por la justicia. No obstante, esta filial de Iberdrola en el momento de la multa fue vendida posteriormente a ProA Capital, quien acaba de vender la mayor parte de la misma al fondo internacional Cinven, que ha pagado unos 750 millones de euros.
Entre los perjudicados por estas prácticas ilícitas se encuentran otras grandes compañías que compraban los cables como Repsol, Cepsa, Técnicas Reunidas, Enagás, Acciona y una larga lista de grandes compañías. La trama se vino abajo cuando uno de los cabecillas de la misma, la firma General Cable Holdings, decidió acogerse al programa de clemencia y desvelar los hechos ilícitos a cambio de quedar exonerada de la sanción.
Las irregularidades quedaron acreditadas después de que la CNMC pudiera acceder a mails, mensajes de WhatsApp y cuadernos de notas que fue recopilando durante la investigación y que le permitieron comprobar que se mantuvieron 52 reuniones para "pergeñar y vigilar su modus operandi irregular". "Las reuniones y correos que describimos y que solo son algunas de las que refleja el acuerdo sancionador, difícilmente pueden explicarse entre empresas competidoras en un mismo mercado, lo que revela sin demasiada dificultad hermenéutica la infracción que les ha sido imputada", señala ahora la Justicia en las sentencias que avalan las multas de la CNMC.
No obstante, este caso aún tiene recorrido en los tribunales. Contra dichas estimaciones —y también contra las desestimaciones— aún cabe recurso de casación, para lo que tanto la Abogacía del Estado, que defiende en este caso a la CNMC, como los abogados de las empresas sancionadas tienen hasta el próximo 18 de junio. Todo apunta a que el caso llegará a manos del Tribunal Supremo.
La Justicia refrenda el golpe que dio Competencia en 2017 a 11 empresas y una asociación por amañar concursos e inflar sus ingresos gracias a pactar precios y repartirse proyectos.