La comunicación directa con la Policía resquebraja la defensa de BBVA en el caso Villarejo

BBVA se encuentra un nuevo bache en su travesía judicial del caso Villarejo. La estrategia legal de la segunda entidad financiera española y de algunos de los investigados de la causa está en entredicho, tras los documentos que publica este miércoles El Confidencial. Así, en ellos se aprecia que un comisario en activo, Enrique García Castaño, envió de forma presuntamente irregular información al banco con los registros de llamadas de este medio en 2012.

Este hecho choca con la línea de defensa de muchos imputados, entre ellos el banco. Estos han mantenido que no son responsables de los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos por los que se los investiga porque nunca supieron que detrás de Cenyt, empresa de Villarejo, había un comisario en activo; y porque la documentación que les llegó de esta compañía era irrelevante y no recogía indicios de ninguna ilegalidad.

En el caso de este correo, la información llega directamente al equipo directivo del banco por parte de otro comisario en activo (García Castaño) con información secreta de El Confidencial (tráfico de llamadas) a la que no tendrían que haber podido acceder la Policía y BBVA, según las fuentes consultadas.

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Uno de los interrogantes de este correo se deriva de que fue el propio BBVA el que lo descubrió en su investigación interna, pero posteriormente nunca ha dado cuenta de él. Lo encontró gracias al informe forensic realizado por PwC a las órdenes de los asesores legales del banco, Garrigues y Uría Menéndez. La entidad lo envió al juzgado en julio de 2019 a través de la Policía Nacional en un pendrive en el que había otros 2.000 correos electrónicos.

Negación

Sin embargo, en un escrito remitido a la Audiencia el 27 de junio de 2022, en el que pedía el archivo del caso, la entidad presidida por Carlos Torres parecía olvidar su existencia. "Si algo confirmaron los investigados es que nunca tuvieron el más mínimo indicio de la comisión de ningún delito de revelación de secretos ni de ningún otro delito en relación con Cenyt. Sus declaraciones fueron rotundas en este sentido, aunque realmente no suponían una novedad, pues ningún indicio delictivo se ha encontrado en BBVA", afirmaba el texto.

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Lo mismo respecto al presunto cohecho por el que también está imputado el banco: "De la instrucción no resultan evidencias de que los ficheros que contienen las injerencias en los derechos de terceros y en cuya elaboración pudiera haber sospechas de utilización de recursos policiales hayan sido encargados por empleados de BBVA (tipo de apoderamiento) o hayan sido utilizados por los mismos en perjuicio de tercero (tipo de utilización)". Por ello, la defensa del banco añadía que "no puede sostenerse la existencia de un ilícito penal cometido por los empleados de BBVA". Argumentaciones que el correo de García Castaño deja en el aire.

Este e-mail fue enviado al entonces director de Seguridad, Julio Corrochano, que reportó siempre a los sucesivos directores de Recursos Humanos, primera línea directiva de la entidad. Una de las posibles estrategias legales del banco y de otros investigados podría ser señalar a este exejecutivo como responsable de toda la trama (rememorando la figura del cordón sanitario). Esto está ocurriendo en otras piezas del caso Villarejo. De hecho, varios exdirectivos de BBVA, como el expresidente, Francisco González (FG), ya lo han hecho.

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Corrochano, por su parte, ha cargado en más de una ocasión contra FG y el ex consejero delegado, Ángel Cano. También criticó la investigación interna realizada por PwC y defendió que, cuando contrató a Cenyt, pensaba que Villarejo estaba "en excedencia". El correo recibido de manos de García Castaño también le complica esta estrategia.

El finiquito de Corrochano

De cara al banco, el posible cordón sanitario con Corrochano podría no ser suficiente. Como persona jurídica, BBVA debe acreditar que investigó a fondo el correo recibido por Corrochano (motivos del encargo, posibles facturas y qué se hizo con la información). También deberá certificar que, posteriormente, tomó las medidas legales correspondientes.

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La figura de este exdirectivo también es controvertida por el acuerdo de salida que alcanzó con BBVA. La entidad pactó con él en abril de 2018 un despido disciplinario a pesar del cual cobró tres veces su sueldo (70 días por año trabajado), pese al reciente encarcelamiento de Villarejo. Contando complementos, se llevó casi un millón de euros. De esta cantidad, la entidad tiene bloqueados 30.000 euros de un variable. Esta retención se mantendrá "hasta la finalización del presente procedimiento y supeditado su pago a que don Julio resultase absuelto de los delitos sobre los que está siendo investigado", según la documentación aportada a la Audiencia.