Repsol y el Gobierno vasco, al rescate de la gran red de carga de eléctricos tras las pérdidas

Ibil, una de las grandes impulsoras de la movilidad eléctrica en nuestro país, sigue dando quebraderos de cabeza a Repsol y al Gobierno vasco. La empresa, participada al 50% por el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la compañía presidida por Antonio Brufau, no logra encauzar su evolución financiera y sus números rojos han hecho que ambas tengan que aportar nuevos fondos o, como sucedió hace semanas, reducir su capital social.

Una operación financiera que fue acordada por la junta general de accionistas de Ibil, que dio su visto bueno a reducir el capital social en 2,26 millones de euros. El objetivo, con esta medida, era restablecer su equilibrio financiero entre el capital y el patrimonio neto. Así, decidieron disminuir en 37,68 euros el valor nominal de sus acciones, que pasa a ser de 10 euros.

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Una operación que se produce después de que el Ente Vasco de la Energía y Repsol Customer Centric aportaran, según consta en las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil correspondientes a 2021, 500.000 euros cada una a Ibil. Es decir, el total de un millón de euros, tras arrojar pérdidas por más de 1,05 millones de euros en 2021, cifras menores a los números rojos de 1,85 millones de un año antes. Una reducción que se debe, principalmente, a que la compañía logró disparar su cifra de negocio, que pasó de cuatro a 9,1 millones de euros, y a que el covid supuso un significativo retraso en la ejecución de los planes de despliegue del sector.

La compañía ha señalado a El Confidencial que estas operaciones se deben a que "en Ibil estamos en un proceso de inversión y apuesta de futuro. La reducción de capital y la dotación de recursos que hemos realizado son parte de este escenario, ya que el negocio está fase de desarrollo y actualmente gestionamos más de 5.000 puntos de recarga, siendo líderes en España". De ahí que, como suele ser habitual en muchas empresas incipientes, no haya logrado dar beneficios desde su constitución en 2010.

De hecho, su auditor ya advertía de la situación financiera de la compañía, puesto que su fondo de maniobra era negativo y su patrimonio neto, inferior a la mitad de su capital social. Este hecho provocó que mantuvieran reuniones con la dirección de Ibil y evaluaran los supuestos aplicados por los administradores para la elaboración del plan de negocio y de presupuestos de flujos de efectivo. Esto incluyó la verificación de la disponibilidad de financiación a través de una cuenta de crédito ya formalizada y el análisis de las gestiones de la sociedad con entidades financieras para conseguir financiación adicional. Además, lograron acreditar el apoyo de sus accionistas, como quedó puesto de manifiesto tras las aportaciones realizadas.

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La compañía, además, ha vivido un cambio en su modelo de negocio en los últimos años. Así, pasó de ser una sociedad dedicada a prestar servicios de recarga al cliente final a otra focalizada en soluciones tecnológicas. Es decir, se centran en la elaboración de proyectos de instalaciones de recarga y la operación de redes de recarga de vehículos eléctricos, tanto a Repsol, a través de un acuerdo de prestación de servicios, como a otras compañías que presten el servicio de recarga a clientes finales. Así, entre los clientes de la sociedad están el Ayuntamiento de Madrid y el de Granada, el Grupo Leche Pascual, Alphabet o gigantes de la industria del motor como Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Jaguar o Land Rover, entre otros.

Ibil, a lo largo de sus más de 10 años, ha participado en importantes proyectos de I+D a nivel europeo, como el E-Vía Flex de carga ultrarrápida o el proyecto Cirve, que impulsa el uso de vehículos eléctricos mediante el despliegue de infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida. El primero contempla el despliegue de una red piloto de 14 instalaciones de carga ultrarrápida en corredores europeos de transporte de España, Francia e Italia; mientras que el segundo es un estudio piloto para desplegar 40 puntos de recarga rápida ubicados a lo largo de los corredores de la UE ibérica (Mediterráneo y Atlántico) con especial atención a áreas transfronterizas entre Portugal, España y Francia. Ambos proyectos, cofinanciados por el mecanismo Conectar Europa, de la Unión Europea.