La 'diplomacia militar' de Sánchez con EEUU tiene una arruga de 1.000 millones de euros

El presidente Pedro Sánchez se prepara para pisar moqueta en la Casa Blanca este viernes. Es un encuentro muy esperado por el mandatario español, que lleva meses buscando activamente este vis a vis con Joe Biden para cimentar su imagen internacional. Va preparado, con los deberes hechos en diplomacia de defensa, núcleo de cualquier relación política con Estados Unidos. Cumbre de la OTAN en Madrid (check), visitas personales a Kiev (check), entrevista con Xi Jinping, compra de helicópteros Romeo, dos nuevos destructores a la base de Rota (check, check, check). Quién sabe, quizás incluso se hable estos días de los espinosos F-35 que quiere la Armada. Pero entre tantos eventos geopolíticos y pactos militares, una pequeña arruga en la agenda bilateral ha pasado prácticamente inadvertida.

Las empresas de la construcción de Cádiz denuncian que sus competidoras estadounidenses se están sirviendo un agujero en la normativa de licitación que está dejándolas dejarlas fuera de juego en los contratos de obras y servicios para las bases navales de Rota y Morón. Una situación que afecta tanto a grandes constructoras nacionales como a pequeñas empresas de la región, para las que las bases de explotación conjunta suponen una fuente de ingresos vital.

Estas licitaciones, que según fuentes de la industria pueden llegar a rondar los 1.000 millones de euros en un determinado año, son responsabilidad de las autoridades estadounidenses y, durante años, han ido a parar a compañías españolas que operaban en la zona. Esto no solo estaba protegido por el convenio de cooperación para la defensa entre España y EEUU (1988) —que exigía a las empresas de fuera de la UE cumplir las mismas exigencias legales que las nacionales para participar a los concursos—, sino que además era uno de los espíritus del texto: que las bases de utilización conjunta se convirtiesen en un foco de desarrollo en sus zonas de influencia. Todo eso está en riesgo.

Otras reglas del juego

La ley española de contratación del sector público, que es la que regula los contratos de las bases pese a que los liciten autoridades de Estados Unidos, exige a las compañías la llamada clasificación empresarial, una acreditación de solvencia técnica y económica que garantiza que se van a afrontar los contratos de forma fiable en caso de ganar una licitación. Para obtener esa clasificación, la firma debe iniciar un expediente administrativo para demostrar, con documentos, facturas y certificados, el número de obras realizadas, la maquinaria en propiedad, el personal cualificado y otros requisitos considerados indispensables.

"¿Qué ha ocurrido? Que en una interpretación incorrecta de la ley, algunas empresas estadounidenses han acreditado su solvencia financiera y técnica a través de los consulados españoles en EEUU sin pasar por los filtros que exige la normativa. Han utilizado un atajo, a nuestro criterio, irregular. Algunas incluso sacan la clasificación una vez han ganado un contrato, lo cual está explícitamente prohibido en la ley", explica Jorge Fernández Portillo, secretario general de la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), en una entrevista con El Confidencial. "Los consulados españoles están emitiendo certificados con ligereza inaceptable y se exceden en el ámbito de la competencia que les atribuye la ley. Esto es manifiestamente irregular", agrega.

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Tanto la FAEC, como la patronal regional Fadeco Contratistas, mantiene desde el año pasado reuniones con el Ayuntamiento de Rota y con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), patronal del sector de la construcción en el ámbito nacional. Se han dirigido cartas a los titulares de los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores, así como al Comité Permanente Hispano-Norteamericano, que supervisa el cumplimiento del convenio bilateral, para pedir que se enmiende el error. Por el momento, sin éxito. Algunas empresas afectadas han iniciado acciones legales individuales tras sentirse perjudicadas en algunas licitaciones, pero esta vía es lenta y costosa.

"Cuando se firmó el tratado bilateral, quedó claro que la servidumbre quedaba en manos de las empresas españolas. Todo lo que no fuera clasificado [secreto] o necesitara de un know how [técnica] específico, era para España. Pero ellos [las empresas estadounidenses] juegan ahora con reglas del juego diferentes y, como no le pongamos coto, van a acabar expulsando la empresas españolas. De hecho, nuestro mayor temor es que esa cláusula [que permite la acreditación consular de capacidad de obrar] acabe metida en el convenio", cuenta un empresario de la zona bajo condición de anonimato a El Confidencial.

'America First, Rota Later'

En el sector relatan como el desembarco estadounidense comenzó primero con los contratos de suministro combustible y siguieron con los contratos de servicios, para los que la ley eliminó hace unos años la necesidad de tener la clasificación empresarial. Empresas norteamericanas se hicieron con el contrato de mantenimiento general de la base que tenía una empresa local durante casi dos décadas, y el de mantenimiento del aeropuerto. Ahora, los pliegos para los contratos de obras (que son los más grandes) incluyen esta cláusula de certificado consular que permite saltarse todo el trámite y presentarse al concurso de forma directa.

"Cronológicamente, esto empieza a notarse con Donald Trump y el America First. Se ve una voluntad deliberada de los americanos de arrimar el ascua a su sardina", explica otra fuente de la industria. "Más que un trato de favor es una forma de retorcer la normativa española que acaba derivando en una competencia desleal. Los estadounidenses tienen un acceso más fácil a los contratos de las bases de explotación conjunta. No todos jugamos con las mismas reglas", apunta.

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Los afectados directos también critican que los estadounidenses a veces incluyan requisitos que los descalifican directamente y que solo sus empresas pueden cumplir, como trabajar en otras bases. Ya hay al menos tres casos de contratos de obras adjudicados a empresas de EEUU y los empresarios temen lo peor. El Confidencial ha podido confirmar que el pliego de una licitación de obra en marcha por 49 millones de dólares especifica que a las empresas extranjeras les bastará con tener el certificado consular para concursar, mientras que a las españolas se les exige clasificaciones específicas.

"En España, conseguir la clasificación es un proceso complicado en el que tengo que demostrar muchas cosas. Cómo van a saber en los consulados si las empresas están realmente preparadas para hacer una obra. Los cónsules les da a estas empresas un cheque en blanco sin distinguir tipología y yo tengo paso por varias cribas según la obra", continúa. "Los americanos prefieren adjudicar a compañías americanas porque saben que no les van a meter presión. Tienen más influencia, más posicionamiento y más contactos", se lamenta.

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Los contratos típicos para obras en Rota tiene una horquilla de entre 20 y 100 millones de euros (el volumen de contratos en Morón es muy inferior). Con la llegada confirmada de dos nuevos destructores estadounidenses a la base naval gaditana, las constructoras españolas esperan una nueva ronda de contratos para adaptar las infraestructuras civiles a las nuevas llegadas (ya que los muelles y la base ya fueron remodelados hace unos años) en las que tendrán complicado ganar. El perjuicio no es solo para las compañías, insisten, sino para toda la región y la comunidad.

"La paradoja es que al final me será más fácil irme a EEUU y pagar 3.000 euros para constituir una empresa, ir al consulado y pedir el certificado. Eso sí, también tendré que tributar allí, como hacen ellas", explica el empresario.