Ola de consultas legales para reclamar facturas de gas hasta un 500% más caras este invierno

Las quejas por los altos recibos de gas sufridos por millones de familias este invierno han desatado una ola de consultas de corte legal para explorar la posibilidad de reclamar ante facturas hasta un 500% superiores a las habituales, tal y como vienen advirtiendo autoridades, empresas y expertos sectoriales recurrentemente durante el otoño de 2022 y el invierno de 2023.

Legalitas, bufete de abogados experto en consumo, revela que el mayor repunte de consultas en 2022, año de la peor crisis energética en décadas, procede de los suministros básicos. Las preguntas de usuarios a sus abogados por los recibos de suministros de primera necesidad aumentaron el pasado ejercicio casi un 20% respecto a 2021, según su observatorio jurídico.

Entre octubre del año pasado y febrero de este año, las consultas más frecuentes tienen que ver con los recibos de gas

Y la cuestión no se frena en los primeros compases de 2023. Tal y como explica Gerardo Ruiz, abogado del Departamento de Consumo de Legalitas, entre octubre del año pasado y febrero de este año las consultas más frecuentes tienen que ver con los recibos de gas, cuyo coste en muchos casos se ha multiplicado por cuatro, fruto de las brutales subidas que se han producido en el mercado mayorista a nivel mundial: de los habituales 20 euros por MWh de gas se ha pasado a precios superiores a los 200 euros por MWh durante semanas —más de 10 veces el precio habitual—, alcanzando picos por encima de los 300 euros el MWh durante el pasado verano.

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"Hemos encontrado recibos de viviendas unifamiliares por encima de los 700 euros por MWh", señala Ruiz, que, sin embargo, advierte de que no siempre esto supone una irregularidad por parte de la empresa. La fuerte subida de precios que afrontan las empresas hace que trasladen precios que pueden haber alcanzado esos rangos inimaginables hasta 2022 sin cometer abuso alguno.

El malestar ha conllevado un incremento de la devolución de facturas por parte de los consumidores, que no se explicaban un aumento tan exagerado de sus recibos, lo que ha pasado a golpear la economía familiar, al detraer buena parte de los ingresos mensuales.

Pese al repunte de la devolución de recibos que confirman algunas comercializadoras del sector, desde Legalitas desaconsejan optar por esta vía en un primer momento, ya que esto puede generar mayores problemas a posteriori, como la inclusión en listas de morosos que puede complicar posteriores contratos a los hogares.

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Ruiz, de Legalitas, explica que es mejor pagar y posteriormente consultar para reclamar. "Si el cliente tiene la razón, no tiene que haber demoras en la devolución", señala… De primeras, la subida del gasto, pese a lo exagerado, puede entrar dentro de la legalidad, dados los elevadísimos precios en el mercado mayorista que tienen que enfrentar las comercializadoras energéticas.

No obstante, el abogado del área de Consumo de Legalitas advierte de que este incremento de las tarifas debe ser avisado por parte de las comercializadoras con un mes de antelación. Si no se hubiera recibido esta advertencia, el usuario sí estaría en disposición de reclamar. El problema es que esta advertencia se adjunta a la factura mensual o llega en un mail que muchos consumidores no atienden, al creer que se trata de publicidad o es parte del recibo ordinario.

El hecho de que sea legal no hace, sin embargo, disminuir el nivel de malestar de los hogares, que han recibido sorpresas nunca antes vistas este invierno. El Gobierno, sabedor del problema que iba a producirse este invierno, decidió subvencionar la tarifa regulada, conocida como tarifa de último recurso (TUR). Se trata de una tarifa entre tres y cuatro veces más barata que las de mercado libre, ya que el Gobierno carga con buena parte del coste del gas que las empresas se ven obligadas a comprar en los mercados internacionales.

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Sin embargo, esta medida no ha sido capaz de contener la escabechina. El desconocimiento generalizado de la población, tal y como reconoce el panel de consumo de la CNMC, hace que la mayoría de familias no se hayan movido a esta tarifa subvencionada, lo que a la postre ha hecho que entre los más de cinco millones de usuarios en mercado libre (en torno al 60% del total en España) muchos hayan sufrido recibos récord este 2023.

El mercado de gas se compone, según los últimos datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, de más de 2,5 millones de usuarios acogidos a la TUR. Desde que se inició la crisis energética, se ha producido un trasvase de más de un millón de clientes desde el mercado libre al regulado, imbatible en precio por la subvención del Gobierno. El Ejecutivo incluso activó la posibilidad de que las comunidades de vecinos con caldera comunitaria tuvieran la opción de optar por esta vía, que ha sido utilizada por 5.000 bloques de viviendas de un mercado de 1,7 millones de usuarios. Una parte residual de las mismas.

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A nivel individual, más de 5,5 millones de usuarios siguen expuestos a los precios récord registrados durante el año pasado, de ahí el malestar generado entre millones de usuarios. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos dispuso 3.000 millones de euros para paliar este problema extraídos de los presupuestos generales del Estado de este 2023. No obstante, el propio Gobierno reconoce que solo se han utilizado unos 500 millones de euros de dicha partida, lo que supone que se ha dejado sin utilizar alrededor del 80% del presupuesto destinado a este fin.

Las empresas del sector pidieron abrir la TUR a más empresas de las actuales comercializadoras de referencia (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Totalenergies) o incluso subvencionar directamente el precio del gas, tal y como se hizo con los hidrocarburos o han hecho otros países como Alemania, cuyas facturas han terminado siendo más bajas, tal y como acaba de revelar Eurostat.

Sin embargo, el Gobierno, después de escuchar estas propuestas, prefirió mantener la normativa invariable. La subida de la energía en Europa ha provocado una subida de tipos de interés por parte del BCE para tratar de contener la inflación. Además de los mayores costes financieros, dichas subidas de la energía han permeado el resto de productos, lo que ha provocado una subida generalizada de bienes de primera necesidad como los alimentos. En este periodo, las familias han sufrido un fuerte recorte de su poder adquisitivo, según los datos oficiales. Los ahorros familiares han retrocedido con fuerza.