El fiscal de EEUU exige "puertas abiertas" para aprobar la gran compra de Iberdrola

Iberdrola ha acordado con PNM Resources darse una segunda prórroga de tres meses para tratar de cerrar la adquisición de esta compañía estadounidense por cerca de 11.000 millones de dólares, ante la falta del visto bueno de las autoridades locales para rubricar una operación anunciada hace ya dos años y medio. Sin embargo, la aprobación oficial podría extenderse más allá del próximo mes de julio, nueva fecha límite, ya que el fiscal de la Corte Suprema ha solicitado al tribunal que el proceso de autorización se haga con toda transparencia y con el tiempo necesario para asegurar el derecho de todas las partes a su defensa. Algo que, en la práctica, podría llevar a iniciar el proceso casi desde cero.

Según un documento al que ha tenido acceso El Confidencial, James W. Grayson, chief deputy general attorney o fiscal general adjunto de Nuevo México, se ha posicionado en contra de que la autorización de la operación vuelva a ser examinada por la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México (NMPRC), como habían pedido Iberdrola y PNM Resources. Las dos empresas habían recurrido ante la Corte Suprema el rechazo dictado en diciembre de 2021 por autoridades del estado de Santa Fe, que se opuso a la aprobación por los problemas reputacionales de la española. Pero a principios de este año solicitaron al tribunal suspender el recurso y devolver la causa a la Comisión de Regulación para una nueva audiencia, una vez que los miembros de este jurado habían sido sustituidos por otros más afines a la causa de la eléctrica española.

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El fiscal urge al tribunal a establecer las garantías del debido proceso para asegurar "la equidad y la transparencia" del caso. Grayson explica que representa a los consumidores y a las pequeñas empresas de Nuevo México, por lo que se presentará ante la Comisión de Regulación como parte interesada. Al proteger a estos colectivos y al Estado, el fiscal general aboga por "un procedimiento que esté abierto al público y sea justo para todas las partes", en lugar de a puerta cerrada, como había ocurrido en las últimas vistas.

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Pero donde está el principal problema para Iberdrola y PNM es que el fiscal no ve con buenos ojos la petición de las dos empresas de que el caso sea regido por el New Mexico Administration Code (NMAC), la normativa de Nuevo México. El general attorney atisba dos problemas. El primero es que, por estatutos, deberían de solicitar una nueva audiencia porque los plazos no se cumplirían, ya que ninguna autoridad permite una segunda revisión un año después de que la Comisión de Regulación rechazase la fusión en primera instancia, en diciembre de 2021.

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Según el citado documento, el segundo problema que subraya el fiscal es que, si la reconsideración del caso se rige por las leyes de Nuevo México, la NMPRC podría emitir un segundo dictamen "sin argumento oral o audiencia pública". En su opinión, "la fusión en cuestión en esta apelación presenta un problema que es demasiado importante para los contribuyentes y para los ciudadanos de este estado como para permitir siquiera la posibilidad de que se decida a puerta cerrada".

En su argumentación, agrega que este asunto ha sido objeto de largos procedimientos, que implicaron la introducción de pruebas voluminosas contenidas en más de 40.000 páginas del expediente propiamente dicho. "La reconsideración no solo debe ser transparente, sino que también debe permitir que todas las partes tengan la oportunidad de establecer un registro de cualquier evidencia adicional que pueda ser relevante para la decisión de la NMPRC".

"La Comisión de Regulación no debe dictar una nueva orden sin una audiencia pública"

Grayson alega que, "debido a que este procedimiento se refiere a un asunto de gran importancia pública, la Comisión de Regulación no debe dictar una nueva orden sin una audiencia pública". En este sentido, apunta que "este tribunal podría requerir la obtención de nuevas pruebas según lo contemplado en la reconsideración" de la autorización para la fusión. Por tanto, el fiscal general pide a la Corte Superior que "fije los términos necesarios y apropiados para proteger tanto el derecho de todas las partes al debido proceso como el derecho del público a la transparencia en la toma de decisiones sobre este asunto de interés público sustancial".

Peligro por los plazos

En otras palabras, y según fuentes próximas al caso, la Fiscalía solicita que la revisión de la fusión entre Iberdrola y PNM se inicie casi desde el principio, lo que supondría una duración superior a los tres meses adicionales que se han concedido ambas compañías para cerrar su acuerdo. Si así fuera, la operación podría estar en peligro, porque la española y la estadounidense a priori ya no pueden darse una tercera prórroga en los mismos términos de precio, según estas fuentes, por lo que tendrían que renegociar las condiciones. Iberdrola no ha respondido a la petición de información de este periódico para corroborar estos datos.

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Pese a estos retrasos, tanto Iberdrola como PNM han reiterado su compromiso de continuar con la operación y sacarla adelante. La adquisición es vital para Iberdrola, ya que la incluyó como su principal apuesta dentro de su plan estratégico 2022-2025, que abarca una inversión total de 47.000 millones. La toma del control de PNM ascendería a unos 11.000 millones. En la presentación de esta hoja de ruta, Ignacio Sánchez Galán afirmó que "nos sentimos bastante cómodos y estoy convencido de que el acuerdo se va a llevar a término".