Telefónica pleitea el polémico contrato que la UE adjudicó a una teleco británica

Telefónica pugna desde hace un año en los tribunales europeos para anular un contrato que la Comisión Europea adjudicó a British Telecom. Se trata de una licitación que el organismo comunitario abrió para la gestión de los Servicios Transeuropeos de Telemática entre Administraciones (Testa), un sistema de comunicación segura y confidencial que conecta a más de 750 entidades públicas de la Unión Europea, como Europol, la Agencia Europea de Defensa o las numerosas agencias repartidas por toda la Unión. La teleco española se presentó a este concurso de la mano de Indra y, después de que Bruselas se decantara por su competidor británico, decidió acudir a la Justicia para dejar sin efecto esta decisión.

Tras agotar el procedimiento administrativo, el consorcio liderado por Telefónica interpuso ante el Tribunal General de la UE un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión Europea por considerar que se habían producido violaciones de principios fundamentales del derecho comunitario, según confirman fuentes de la compañía. Para intentar ganar este proceso, los servicios jurídicos basan su argumentación en que, a su juicio, la institución comunitaria utilizó diferentes criterios de ponderación a la hora de analizar las propuestas. Es decir, pretenden demostrar en los tribunales que se infravaloró el proyecto de Telefónica y se sobreponderó el de British Telecom.

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Este recurso de anulación se presentó en abril de 2022 y todavía se desconoce en qué plazos se resolverá. En previsión de que el dictamen no fuera a ser inminente, paralelamente decidió solicitar medidas cautelares para evitar que la Comisión Europea y British Telecom pudieran firmar el contrato antes de que la Justicia europea resolviera el recurso. Hasta el momento, estas medidas cautelares siguen vigentes, por lo que la teleco británica todavía no ha empezado a prestar los servicios de Testa. Es la alemana Deutsche Telekom, que ganó el anterior contrato y también tiene recurrido el actual, quien está suministrando estas funciones.

Antes de acudir a la Justicia, el conflicto ya tenía recorrido administrativo. En enero de 2022, la Comisión Europea anunció la ganadora según el criterio del comité de evaluación: la compañía BT Global Services Belgium BV, la filial belga de la empresa británica British Telecom acababa de hacerse con un contrato de unos 460 millones de euros, según el Ejecutivo comunitario. La Comisión daba un tiempo para que los otros participantes en la licitación presentaran posibles quejas e informaba por carta a Telefónica de que no había ganado el concurso "por no haber sido considerada la más ventajosa económicamente".

Así, el 31 de enero de 2022, Telefónica "presentó observaciones, en las que identificó una serie de errores supuestamente cometidos por la Comisión en la evaluación de las ofertas", señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la documentación del caso. El 1 de febrero de ese mismo año, la Comisión frenó la firma del contrato para comprobar las puntuaciones. Un mes después, el 21 de marzo, el Ejecutivo comunitario envió otra carta en la que se informaba de que, efectivamente, "había identificado dos errores en la evaluación técnica de la oferta del consorcio", pero, aunque la puntuación había variado, British Telecom seguía siendo la ganadora. En vista de este dictamen, Telefónica decidió dar el siguiente paso y acudir a laJusticia.

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Javier Melguizo Agencias

Más allá del enredo judicial, la adjudicación del concurso a British Telecom esconde también una polémica geopolítica que levanta ampollas en Bruselas: el hecho de que un operador británico —externo a la Unión Europea— vaya a gestionar Testa después del Brexit. Principalmente, porque este servicio se utiliza para el "intercambio de información clasificada y no clasificada". "La red de Testa está controlada y respaldada por un servicio central de soporte y operación y es responsable de todos los aspectos operativos, incluida la gestión de seguridad de los dispositivos de cifrado", señala la propia Comisión Europea, que lo considera un sistema "troncal" para los intercambios entre las administraciones públicas y las instituciones europeas y sus numerosas agencias.

Decisión controvertida

La decisión de la Comisión Europea generó mucho debate en Bruselas cuando se conoció en abril de 2022. Algunas fuentes consideraban extraño que el Ejecutivo comunitario, que se había comprometido a ser "la Comisión geopolítica", hubiera decidido poner toda la red de seguridad de las comunicaciones entre las instituciones en manos de una empresa británica poco después de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea.

La Comisión ha evitado en todo momento hacer comentarios sobre este caso y se ajusta a explicar que los procesos de licitación siguen una serie de normas que son iguales para todos y que, a efectos prácticos, la ganadora es una empresa belga que obtuvo la máxima puntuación siguiendo unos criterios técnicos de un comité evaluador. En todo caso, la decisión generó muchas dudas entre políticos y diplomáticos de Bruselas.

"El contratista solo puede actuar siguiendo las instrucciones y bajo la supervisión de la autoridad contratante"

De hecho, Sophie in 't Veld, eurodiputada de los liberales de Renew Europe, planteó la cuestión en una pregunta escrita a la Comisión Europea. La respuesta que recibió fue de Johannes Hahn, comisario de Recursos Humanos, en la que se subrayaba que "el contratista solo puede actuar siguiendo las instrucciones y bajo la supervisión de la autoridad contratante", es decir, la propia Comisión Europea. "A menos que la autoridad contratante lo indique explícitamente, el contratista solo puede procesar los datos en el territorio de la UE/Espacio Económico Europeo", añadió Hahn, intentando despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que los datos se procesaran en el Reino Unido.

In 't Veld siguió presionando a la Comisión Europea con una carta enviada al comisario Hahn en la que se preguntaba si la compañía BT Global Services Belgium, de un modesto tamaño, podría llevar a cabo una tarea tan compleja y exigente como es la gestión de Testa y si la Comisión había sopesado suficientemente la posibilidad de que la empresa matriz, British Telecom, pudiera acabar encargándose de tareas críticas que supuestamente iban a ser realizadas por su filial en territorio comunitario. La respuesta del comisario Hahn a la eurodiputada, a la que ha tenido acceso El Confidencial, intenta despejar esa duda. "Todos los subcontratistas previstos en la oferta de BT Global Services Belgium están establecidos en la UE. De acuerdo con las cláusulas del proyecto de contrato, cualquier subcontratista adicional que no figure en la oferta solo podrá ser contratado con la autorización previa y por escrito del órgano de contratación", señala el comisario.