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Una directiva europea para frenar el acoso contra la prensa por la vía judicial
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MEDIDAS EN LA UE

Una directiva europea para frenar el acoso contra la prensa por la vía judicial

La Comisión Europea ha propuesto una directiva europea sobre el acoso judicial a medios de comunicación. Numerosas organizaciones internacionales apoyaron a El Confidencial en su caso

Foto: Banderas europeas, frente a la Comisión Europea. (Reuters/Yves Herman)
Banderas europeas, frente a la Comisión Europea. (Reuters/Yves Herman)

El 27 de abril de 2022, la Comisión Europea hizo una propuesta legislativa esperada desde hacía mucho tiempo por algunos medios de comunicación, ONG y activistas, la llamada directiva anti-Slapp, que en inglés son las siglas de las demandas estratégicas contra la participación pública. Era una respuesta ante el creciente uso de los tribunales por parte de empresas y otros actores a la hora de silenciar a medios de comunicación, periodistas y voces críticas que venía observando Bruselas. El caso del juicio de Iberdrola contra El Confidencial llegó a conocimiento de la Comisión Europea a través de una carta enviada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa con la firma de otros eurodiputados. Poco después, el Ejecutivo comunitario hizo su propuesta para una norma europea.

La directiva, que está en proceso de negociación entre los legisladores y todavía no ha sido adoptada formalmente, permite, por ejemplo, el sobreseimiento anticipado de un procedimiento judicial que sea “manifiestamente infundado”. “En tal situación, la carga de la prueba recaerá en el demandante para demostrar que el caso no es manifiestamente infundado”, señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado sobre la directiva que cubrirá los casos transfronterizos.

Foto: Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Valores y Democracia. (EFE)

“En una democracia, la riqueza y el poder no pueden dar a nadie una ventaja sobre la verdad. Con estas medidas, estamos ayudando a proteger a quienes asumen riesgos y hablan cuando el interés público está en juego, cuando informan, por ejemplo, sobre denuncias de lavado de dinero y corrupción, asuntos ambientales y climáticos u otros asuntos que son importantes para todos nosotros”, señaló durante la presentación de la medida la vicepresidenta Vera Jourová, que se ha encargado del trabajo sobre la directiva anti-Slapp.

La directiva europea se dirige a casos transfronterizos, que es donde la Comisión Europea tiene competencia para entrar a valorar, pero en todo caso Bruselas recomendó ya en abril a los Estados miembros que reforzaran sus marcos nacionales ante escenarios así. La propuesta del Ejecutivo comunitario incluye que, si se desestima el caso por ser abusivo, corresponda al demandante asumir todos los costes, incluidos los honorarios de los abogados del demandado, así como una compensación por daños materiales e inmateriales y sanciones disuasorias para evitar que los demandantes utilicen los tribunales de forma abusiva.

Apoyo internacional a El Confidencial

El caso del juicio llegó a la Comisión Europea a través de la misiva de Pagazaurtundúa, a la que Jourová contestó admitiendo que “los litigios abusivos contra aquellos cuyo trabajo es informar a los ciudadanos en asuntos de interés público parecen estar ganando terreno en la Unión Europea”. Pero para muchos eurodiputados que llevan años implicados en la denuncia del uso abusivo de los tribunales la propuesta de Bruselas no es suficiente.

placeholder Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea. (Reuters/Yves Herman)
Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea. (Reuters/Yves Herman)

En febrero de 2022, un grupo de asociaciones internacionales de periodistas denunció en el extranjero el caso de Iberdrola contra El Confidencial. Las asociaciones Artículo 19, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios (ECPMF), la Federación Europea de Periodistas (EFJ), la Prensa Gratuita Ilimitada (FPU), el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y OBC Transeuropa (OBCT) firmaron un comunicado conjunto a los pocos días de conocerse la demanda.

En él, denunciaban que el objetivo era “intimidar y silenciar a un medio de comunicación independiente en España”. “Los socios también condenan la exorbitante demanda por daños y perjuicios, que podría llevar al periódico a la bancarrota si pierde el caso y mientras tanto genera una presión financiera y psicológica exorbitante para el personal”, subrayaba el comunicado.

El 27 de abril de 2022, la Comisión Europea hizo una propuesta legislativa esperada desde hacía mucho tiempo por algunos medios de comunicación, ONG y activistas, la llamada directiva anti-Slapp, que en inglés son las siglas de las demandas estratégicas contra la participación pública. Era una respuesta ante el creciente uso de los tribunales por parte de empresas y otros actores a la hora de silenciar a medios de comunicación, periodistas y voces críticas que venía observando Bruselas. El caso del juicio de Iberdrola contra El Confidencial llegó a conocimiento de la Comisión Europea a través de una carta enviada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa con la firma de otros eurodiputados. Poco después, el Ejecutivo comunitario hizo su propuesta para una norma europea.

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