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Cinco años del caso Iberdrola: de los audios de Villarejo al archivo para Galán
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Cinco años del caso Iberdrola: de los audios de Villarejo al archivo para Galán

La investigación que arrancó complicando el futuro penal y reputacional del presidente y de la compañía acabó archivada para los principales protagonistas por prescripción

Foto: Presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (EFE / José Coelho)
Presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (EFE / José Coelho)

Era octubre de 2019. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional daba un paso decisivo en el caso Villarejo. Tras la publicación por parte de El Confidencial de distintas grabaciones que probaban la existencia de trabajos encargados al comisario Villarejo, el juez Manuel García-Castellón abría una pieza secreta dentro de la macrocausa para investigar las contrataciones de la eléctrica al expolicía. La investigación prosiguió durante dos años. En 2021, el instructor decidió atribuir la responsabilidad penal de esos encargos al presidente, Ignacio Sánchez Galán, y a tres de sus directivos. Cinco años más tarde, la prescripción provocó el archivo del procedimiento para los pesos pesados de la compañía y el sobreseimiento posterior para Iberdrola Renovables, también investigada durante meses. A lo largo de ese periodo, este diario fue dando cuenta de cada paso del procedimiento, los que complicaban el horizonte a Iberdrola y su presidente, pero también los que les favorecían.

Fue el calendario y no los hechos que la Audiencia Nacional considera probados lo que favoreció la salida de Galán y la compañía del procedimiento. El cohecho activo, el delito contra la intimidad de las personas y la falsedad en documento mercantil que se les atribuía se basaban en proyectos de Villarejo llevados a cabo hace más de 10 años. En concreto, los proyectos Arrow (de 2004 a 2006), BlackBoard o B-B (años 2004 y 2005) y los proyectos Gipsy y Posy (año 2009), desarrollados cuando Galán ejercía primero como vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola y después, desde 2006, como presidente de la compañía. No hay duda ni del desarrollo de los trabajos ni de que los encargos se confiaron a Villarejo a través del Grupo Cenyt mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, pero, al haber finalizado todos en 2009, "los delitos (...) estarían prescritos".

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/J.J. Guillén)

Pese a la prescripción, el magistrado dejó escrito en su auto la fiabilidad de los indicios que, sin ese salvavidas temporal, habrían derivado sin duda en un juicio. Destacaba, por ejemplo, que los encargos se concretaron "en numerosos informes y gestiones que fueron documentados entre los años 2004 y 2006" y que tenían el carácter de confidenciales para Iberdrola SA, "como parece inferirse del hecho de que las facturas correspondientes a los servicios prestados no fueron emitidas por esta [prestadora del servicio a Iberdrola] sino por otra compañía diferente". También incidió en que "estos informes incluyeron, en ocasiones, el acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación".

Arrow, BlackBoard y Gipsy

La primera de las operaciones que se investiga en la Audiencia Nacional se remonta a 2004 cuando, como reveló este diario, Iberdrola pidió a Villarejo que se infiltrara en el movimiento de oposición política y vecinal a su central térmica de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz). La eléctrica dio los primeros pasos para ponerla en marcha en 2000, pero, cuatro años después, se topó con el rechazo al proyecto de numerosas organizaciones ecologistas, del Gobierno local y del Ejecutivo andaluz. El proyecto, valorado en más de 1.000 millones de euros, empezaba a tambalearse y Villarejo entró en escena. Él mismo la bautizó con el nombre en clave de Arrow. Los investigadores sostienen que esta operación se alargó dos años y dio sus frutos: el juez se negó a paralizar las obras, el PSOE de Arcos adoptó una posición menos beligerante e Izquierda Unida abandonó el Gobierno municipal tras darse luz verde a la central.

Foto: Ignacio Sánchez Galán, CEO de Iberdrola. (Getty Images)

La segunda operación detectada por los investigadores y adelantada nuevamente por El Confidencial también arrancó en 2004. Esta vez, se bautizó como BlackBoard (BB) y tenía un claro objetivo: el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro. Los informes reflejan que Villarejo rastreó su vida privada, amistades y trayectoria profesional en busca de "puntos oscuros". Incluso habría diseccionado la identidad y fecha de nacimiento de los familiares del presidente de Endesa.

La tercera operación que salpicaba a Sánchez Galán se bautizó como Gipsy y, según Anticorrupción, persiguió dos objetivos: por un lado, "investigar a José María A. V., quien fue director de servicios generales de Iberdrola SA, y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de Iberdrola, al sospechar la compañía que en la contratación de los servicios pudiera mediar el pago de comisiones ilegales". Por otro, rastrear "las vinculaciones" que el propio A. V. "hubiera podido tener con Florentino Pérez", y uno de los informes señalaba de Villarejo que este podía estar recabando "datos sensibles sobre el presidente de IB". Por aquel entonces, el presidente de Iberdrola ya era Sánchez Galán.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (Reuters/Vicent West)

Los investigadores sostienen que el temor a Florentino Pérez desencadenó en 2009 otra operación bautizada como Posy. Esta vez, el supuesto objetivo ya era el propio presidente de ACS y querían encontrar datos comprometedores sobre él para frenar su entrada en el consejo de administración de Iberdrola.

Villarejo dejó audios y documentos de todas estas operaciones encubiertas financiadas por la eléctrica. "El señorito" acabó desfilando por la Audiencia Nacional en una declaración cuya grabación también difundió este diario. Los informes de la causa concluyen que la multinacional pagó a Villarejo más de un millón de euros y otros 407.000 euros a través de una tercera compañía para ocultar su relación con el comisario. Durante más de una década, Villarejo estuvo a las órdenes de "don Ignacio".

Foto: Logo de Iberdrola. (Reuters/Sergio Pérez)

La propia compañía tampoco pudo librarse de la imputación por otro proyecto, en este caso más reciente. Iberdrola Renovables Energía resultó investigada por contratar en 2011 y en 2016 al comisario para investigar a una sociedad suiza con la que estaban enfrentados. La instrucción derivó en un archivo ordenado después del acordado respecto a Galán y por motivos similares. El cohecho ya había prescrito en el momento en que se acordó la imputación de la empresa, en julio de 2021.

Se desactivaba de este modo el último de los proyectos, bautizado como Wind. Esta operación se alargó al menos cinco años y consistió en investigar los activos de Eólica Dobrogea, una compañía suiza con la que Iberdrola había tenido un litigio de 11,8 millones de euros por un proyecto de energía renovable en Rumanía. El laudo dio la razón a la eléctrica española, tras lo que esta quiso que el comisario rastreara los activos de la empresa y de su máximo accionista, Christoph Beat Kapp, para cobrar la deuda.

Era octubre de 2019. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional daba un paso decisivo en el caso Villarejo. Tras la publicación por parte de El Confidencial de distintas grabaciones que probaban la existencia de trabajos encargados al comisario Villarejo, el juez Manuel García-Castellón abría una pieza secreta dentro de la macrocausa para investigar las contrataciones de la eléctrica al expolicía. La investigación prosiguió durante dos años. En 2021, el instructor decidió atribuir la responsabilidad penal de esos encargos al presidente, Ignacio Sánchez Galán, y a tres de sus directivos. Cinco años más tarde, la prescripción provocó el archivo del procedimiento para los pesos pesados de la compañía y el sobreseimiento posterior para Iberdrola Renovables, también investigada durante meses. A lo largo de ese periodo, este diario fue dando cuenta de cada paso del procedimiento, los que complicaban el horizonte a Iberdrola y su presidente, pero también los que les favorecían.

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