SOS a Garzón por el creciente poder de las eléctricas a causa de las medidas del Gobierno
La primera comercializadora independiente de España alerta al ministro de Consumo de que las "prácticas del oligopolio eléctrico" tienen consecuencias "devastadoras" sobre la libre competencia, el mercado y los consumidores
Las comercializadoras buscan soluciones al creciente poder de las eléctricas derivado de las medidas del Gobierno para contener la crisis energética. La última en alzar la voz ha sido Feníe Energía, una de las firmas de luz y gas independientes más grandes de España. Ante la situación actual, la directora general de esta empresa, Paula Román, ha enviado una carta al ministro de Consumo para tratar de frenar un problema que, según expone, "genera un trato desigual entre consumidores".
La misiva enviada a Alberto Garzón, a la que ha tenido acceso El Confidencial, alerta de que "prácticas por parte de las grandes compañías del oligopolio eléctrico tienen consecuencias devastadoras sobre la libre competencia en el mercado, del que las comercializadoras independientes nos podemos ver pronto expulsadas, quedando todo el mercado en manos de unas pocas empresas, lo que a la larga tendrá, como puede imaginar, las previsibles y negativas consecuencias sobre la capacidad de elección de los consumidores y sobre la formación de precios".
Según explica la carta, "los grupos dominantes del mercado, vinculados a las grandes generadoras, han reaccionado protegiendo sus interesas mediante la venta de toda la energía posible a plazo y precio fijo, de forma que la detraen así de la obligación de minorar los ingresos extraordinarios por el precio del gas y pueden ofrecerla libre de tal carga a través de sus propias comercializadoras, y solo de ellas, a precios por debajo de los del mismo mercado mayorista".
Esta maniobra, relata Feníe Energía, "se centra sobre todo en la energía más barata de producir (nuclear y renovable) pero, contra lo que pudiera parecer, no significa un abaratamiento general de la factura, sino la creación de clientes de primera (los más potentes o avisados, que firman previamente tales contratos de compra) y de segunda, para los que únicamente queda disponible la energía más cara de producir. Obviamente, estos últimos resultan ser los consumidores menos poderosos y sin capacidad de negociación".
Como ya habían hecho otras compañías y asociaciones del sector, las comercializadoras independientes se quejan de que las grandes eléctricas utilicen su energía barata para la captación y retención de clientes, mientras el resto de empresas tiene que ofrecer precios de mercado más altos, lo que está provocando que desde que se inició la crisis energética las grandes firmas como Endesa, Iberdrola o Naturgy están aumentando su base de clientes, lo que supone dar la vuelta al proceso de liberalización iniciado hace más de una década. De casi 30 millones de clientes, entre las tres grandes suman alrededor de 25 millones de usuarios, a los que se suma alrededor de otro millón de TotalEnergies que compró a EDP y Repsol, que también disponen de generación.
Las comercializadoras consultadas sobre esta problemática aseguran que, pese a que los precios de mercado están más contenidos, el trasvase de clientes hacia las grandes, que además están redoblando sus esfuerzos comerciales, no cesa. Así lo atestiguaban los datos ofrecidos a las empresas por la CNMC hasta 2022, año en que decidió dejar de compartir esta información con las empresas, por lo que a día de hoy el regulador mantiene oculta la situación de mercado actual.
De casi 30 millones de clientes, entre Endesa, Iberdrola y Naturgy suman alrededor de 25 millones de usuarios
Las quejas no se quedan en la desigualdad entre clientes, que siempre juega en detrimento de los peor informados, sino que hay otras empresas que denuncian que las grandes eléctricas están aprovechando la información que tienen de sus actividades reguladas para aumentar su dominio sobre el mercado de clientes.
La situación es, si cabe, más lacerante en el mercado del gas, donde el Gobierno decidió subvencionar la tarifa regulada TUR, que solo pueden dar las grandes empresas, lo que supone un trasvase masivo de usuarios hacia estas compañías. Expertos señalan que el Gobierno ha priorizado la posibilidad de ofrecer precios más competitivos pese al efecto secundario que ello está generando sobre un mercado cada vez en manos de menos compañías, lo que supone desandar parte de la liberalización a la que obliga Bruselas.
La cuestión ya ha sido trasladada a nivel parlamentario. Varios partidos políticos han apoyado también controlar el poder de las eléctricas. Entre los mismos, destaca la actividad de los grupos catalanes (ERC y Junts). Muchas de las comercializadoras independientes son originarias de Cataluña. Pero otros como PP y PNV también se sumaron a la presión al Gobierno en 2022 para que atajara este problema.
Prueba de lo anterior y de las dificultades que están teniendo las pequeñas comercializadoras está en el aumento de las quiebras, dada la difícil coyuntura de precios, lo que ha provocado que se triplique el agujero que tienen que asumir el resto de empresas por la energía no comprada por estas empresas. Fuentes empresariales estiman que este agujero derivado de la crisis del mercado ha pasado de unos 20 millones de euros a cerca de 60 millones de euros.
Ante este panorama, que no termina de solucionarse, las empresas recurren al ministro de Consumo, cuya actividad y peso dentro del Ejecutivo se están revelando como muy limitados. La carta enviada por Fenía Energía tiene fecha del 30 de enero y por ahora no ha recibido respuesta, señalan fuentes al tanto de la situación. Las competencias en materia energética recaen sobre el Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Dentro del mercado energético, no es el único segmento que acusa el golpe de la crisis. También la distribución de carburantes se queja del creciente dominio que han logrado las grandes petroleras tras esta crisis.
Las comercializadoras buscan soluciones al creciente poder de las eléctricas derivado de las medidas del Gobierno para contener la crisis energética. La última en alzar la voz ha sido Feníe Energía, una de las firmas de luz y gas independientes más grandes de España. Ante la situación actual, la directora general de esta empresa, Paula Román, ha enviado una carta al ministro de Consumo para tratar de frenar un problema que, según expone, "genera un trato desigual entre consumidores".
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