Hacienda aprieta a Endesa y reclama 350 millones a su dueño italiano

La Agencia Tributaria y Enel, la matriz italiana de Endesa, han decidido verse en la Audiencia Nacional para resolver dos conflictos legales por los que Hacienda reclama 350 millones de euros a la sociedad holding dueña de la eléctrica española. Según han confirmado fuentes oficiales, el ministerio dirigido por María Jesús Montero no está de acuerdo en el tratamiento fiscal de la minusvalía por la venta de acciones y de la financiación intragrupo.

Según la documentación oficial, Enel Iberia ha recurrido ante la Audiencia Nacional los acuerdos de liquidación del impuesto sobre sociedades (IS) y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los grupos de consolidación fiscal relativos al proceso de Inspección de los ejercicios 2011 a 2014, los cuales fueron recurridos en fecha 27 de julio de 2018 ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

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Aunque el pasado año dicho tribunal le concedió una resolución estimatoria parcial por el IVA, Enel, compañía que tiene al Estado italiano como accionista destacado, decidió acudir a la Audiencia Nacional por la parte del IS. Especialmente, por la diferencia de criterio sobre la deducibilidad de minusvalías por venta de acciones y de determinados gastos financieros del periodo inspeccionado. Pero, sobre todo, porque Hacienda le exige un pago de 130 millones, cantidad por la que ha tenido que presentar un aval para suspender el abono del importe.

Situación similar sucede con el proceso de Inspección de los ejercicios 2015 a 2018 sobre la liquidación definitiva del impuesto sobre sociedades (IS) y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los grupos de consolidación fiscal, así como a las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la propia ENEL Iberia SLU. Los acuerdos han sido recurridos ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

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Según la versión de Enel, los conceptos objeto de discusión tienen su origen, principalmente, en la no aceptación de la deducibilidad de gastos financieros derivados de financiación intragrupo. La contingencia asociada al proceso es de 226 millones, importe por el que el dueño de Endesa, propietario del 70% del capital, también ha presentado un aval para no pagar la deuda hasta que la instancia judicial dicte sentencia. En 2018, Hacienda ya le impuso una sanción de 88 millones por operaciones entre sus filiales locales.

Otras fuentes cercanas a Endesa sostienen que la financiación obtenida de Enel Finance International (EFI) se obtuvo a precios de mercado y su gestión durante la década en que estuvo en vigor igualmente fue adecuada conforme a los estándares de mercado, posición que está defendiendo en los tribunales. Además, agregan que, desde 2020, la empresa y la Administración Tributaria han alcanzado un acuerdo de valoración para la nueva financiación intragrupo que aporta seguridad jurídica a la posición adoptada.

La empresa y la Administración Tributaria han alcanzado un acuerdo de valoración para la nueva financiación intragrupo

Un acuerdo fundamental, porque el dinero de Enel es vital para Endesa. El pasado mes de noviembre, la española celebró una junta extraordinaria de accionistas para aprobar varias operaciones de calado para el grupo, que aseguran sus líneas de financiación y el suministro de energía, clave en estos momentos de alta volatilidad en los mercados de gas. La italiana se ha comprometido a conceder 5.000 millones a la filial española, además de la renovación del acuerdo de gestión conjunta de buques metaneros y de los contratos de suministro de gas natural licuado (GNL) con origen en Estados Unidos.