Las minas de sal del Bages, una industria crítica catalana, apuntalada por la política

La Cataluña Central ha tenido más peso en lo político y en lo económico de la que podría parecer. La desgracia del accidente que le ha costado la vida a tres geólogos esta semana en ICL Ibérica ha hecho que toda Cataluña vuelva a mirar a esa empresa, clave para la política industrial de Cataluña, pero también de la política a secas.

Los políticos han acompañado siempre a ICL Ibérica, la antigua Iberpotash, que cambió de nombre pero no de intereses. La compañía se ha entendido con todos los gobiernos, españoles y catalanes. Y la política catalana muchas veces ha tenido que bajar, de manera metafórica, a la mina, para descubrir que no había alternativa económica para ese triángulo de la Cataluña profunda, configurado por Cardona, Manresa y Sallent, en la comarca del Bages.

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En ese triángulo se han forjado carreras políticas, como las de Anna Gabriel (CUP) o la actual número dos de la Generalitat, Laura Vilagrà. La consellera de Presidència republicana ocupó antes el estratégico cargo de delegada del Govern en la Cataluña Central. Fue un ministro de industria catalán, Josep Piqué, quien decidió privatizar las minas y que la SEPI las vendiese a la multinacional israelí ICL. No importa el color político: en Cataluña de una u otra manera tu carrera siempre pasa por el apoyo o la oposición a las minas.

El pasado 2 de febrero se publicaba en el DOGC el último espaldarazo público de los numerosos que ha recibido ICL. La Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central modificaba el plan urbanístico para que se pudiese seguir usando la escombrera del Fusteret, donde deposita la sal de rechazo que extrae de la mina y que no tiene salida comercial. Por cada tonelada que se extrae de potasa quedan tres de sal y no toda se puede comercializar. En cambio, la potasa tiene una gran salida en la industria de los fertilizantes y en la de los explosivos. La modificación permite ampliar el vertedero y también que se puedan instalar placas solares en las instalaciones mineras. No es la primera ni será la última.

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Eso explica por qué ICL recibió 5,8 millones de ayudas públicas de la Generalitat consideradas ilegales por la UE. La multinacional israelí ha pagado la sanción, pero ha intentado recuperar los fondos por la vía de los tribunales europeos, por ahora sin suerte. El trato medioambiental ha sido aún más favorable, aunque se considera probado que los residuos de sal contaminan de forma notable el Llobregat. En la memoria de Sostenibilidad de ICL Ibérica de 2021 se recoge un acuerdo con la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de la Generalitat, para invertir 110 millones en un nuevo colector que servirá para abocar toneladas de sal al mar. Súria está a 50 kilómetros del Mediterráneo. Se espera que este nuevo colector esté listo en 2025 y que en un 95% lo pague la empresa. Hace una década que tenía que haberse resuelto. Pero la Generalitat, cuando no le ha dado a ICL dinero, le ha dado tiempo. Por ejemplo, los 50 años otorgados para que eliminen la montaña de sal del Cogulló. Hay una sentencia del TSJC obligándoles a ello. Pero ahí sigue.

Sin alternativa

Hace mucho que Cataluña decidió que no había alternativa industrial para la Cataluña Central que no fuese la minería. Fue a partir de 1990 cuando Cardona tuvo que asumir que se cerraba la mina y la crisis que eso provocó. No se consiguió una alternativa equivalente. Así que para Sallent y Súria se intentó apurar el vaso al máximo conscientes de que no habría otro. En 2020 cerró la mina de Sallent, después de otro accidente que le costó la vida a otros dos mineros, pero los israelíes seguían invirtiendo.

Aun así, ICL Ibérica todavía factura más de 377 millones y da trabajo a 899 personas. Pero además está toda la industria auxiliar que depende de la mina de Súria y esos trenes de potasa que exportan toneladas y toneladas por el puerto de Barcelona. En 2013 se creó incluso una Plataforma Social de Apoyo a la minería con más de 50 empresas. Entre ellas, empresarios tan destacados como Esteve Pitó (Catalana de Perforaciones) Joan Ramon Perdigó (Montajes Rus) o Ferran Davant (Grup Tauleus). Todos ellos saben lo que se juega el Bages si los israelíes se van de España.

De la universidad hasta el baloncesto, buena parte del Bages ha dependido de la mina

En Manresa, buena parte de la UPC vive de su conexión con la minería. Hasta el equipo de baloncesto de Manresa, el orgullo deportivo local, se ha beneficiado. En 2015, los políticos lograron que ILC entendiese que había que patrocinar el Bàsquet Manresa, ellos, que tenían sede en Tel Aviv y que nunca habían puesto un duro en el Maccabi. Porque la minería también son votos. El alcalde de Sallent es de ERC, igual que el de Manresa y de Cardona. El de Súria, Albert Coberó es del PSC. La Cataluña Central es donde se acaba la provincia de Barcelona y a más lejos se está del área metropolitana, más peso tienen los de Oriol Junqueras.

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Momento crítico

Uno de los momentos críticos fue cuando Anna Gabriel le puso proa a la mina. En 2015, la CUP exigió a la Generalitat la retirada de la calificación de Iberpotash como empresa de interés público. Era un torpedo de flotación al eje público privado que siempre ha sido el pilar de esa actividad industrial. No era ajeno el hecho de que al padre de Anna Gabriel lo habían despedido de la mina. El presidente de la Generalitat era Artur Mas, que se negó en redondo, consciente de la partida industrial que se jugaba en la Cataluña. En 2016 la CUP se cobró esa y otras deudas y defenestró a Mas.

Es la mina, la comarca del Bages y la política catalana, un triángulo que explica muchas cosas en Cataluña. En lo económico, en lo político y lo social. Como en la actividad minera cada vez hay que bajar más a buscar la mejores vetas de potasa. Y a más se desciende, más riesgo. Para los mineros, para el medio ambiente y para los políticos.